El cambio de estrategia de Petro para superar el incómodo freno de su agenda de Gobierno

El presidente Gustavo Petro ya lo hizo siendo alcalde de Bogotá. Ahora, en una señal de pragmatismo político salpicado con algo de impotencia, vuelve a apelar a la aprobación de sus reformas por la vía de los decretos. Un cambio de estrategia arriesgado para sortear los obstáculos legislativos, cuando el Ejecutivo carece de mayorías en el Congreso y las cuentas no le cuadran por lo pronto. También una fórmula para imponer su línea, sin concertación ni debate, frente a una serie de actores privados que prestan servicios públicos básicos en sectores con serias urgencias financieras como el energético o la salud.

Se trata, en últimas, de una muestra más de la cacofonía entre el mandatario y una parte del poder político y económico con el que no ha alcanzado una tregua o un punto medio para negociar la hoja de ruta. Petro, explica el analista político León Valencia, insiste en privilegiar el componente público en la prestación de los servicios básicos. Y su propuesta descarta más reformas de acupuntura a un modelo que durante las últimas tres décadas delegó esa tarea en empresas privadas que han canalizado cuantiosos recursos públicos, como las Empresas Prestadoras de Servicios en Salud (EPS) o las compañías energéticas.

Ese es el nudo central de un contexto marcado, en especial, por el miedo y la aprehensión del sector privado, desde donde llegan mensajes apocalípticos de un posible “apagón energético” o “caos total en la transición al nuevo modelo de salud”: “El debate no ha salido de una espiral argumental que simplifica todo en que lo público es corrupto e ineficiente o que la vía privatizada está agotada y es inviable porque se guía únicamente en la búsqueda de la rentabilidad”, señala León Valencia. En la misma línea, el politólogo Andrés Dávila añade que los prejuicios han excedido las posibilidades de encontrar un análisis sosegado y que ninguno de los escenarios más catastróficos se han cumplido por lo pronto.

Mientras la discusión de los 143 artículos de la reforma a la salud avanza en cámara lenta por el Congreso, el Gobierno explora otras alternativas para adelantar sus planes de reforzar el papel de la esfera pública en el sistema. Por lo pronto ha intervenido EPS como Famisanar, AsmetSalud o Saviasalud, tres entidades asfixiadas por las deudas y que suman unos 6,7 millones de afiliados. A juicio de diversos expertos se trata de un recurso para administrar los circuitos de unas entidades que desaparecerían con la aprobación de la reforma y que son objeto de evidente descrédito en el oficialismo.

Las empresas y los gremios se sienten ninguneados. Un sentimiento acentuado por cierto bloqueo en los canales de comunicación entre los ministerios y los gremios. Otro asunto que en Administraciones pasadas contó con mayor fluidez. Lo confirman desde el gremio energético, por ejemplo, donde uno de los abordajes del presidente Petro se ha centrado en tratar de regular los topes de los recibos de la luz a través de un fallido decreto. El Consejo de Estado suspendió en marzo esa facultad, que desde 1994 corresponde a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y no al Ejecutivo.

El núcleo de aquel decreto buscaba amortiguar el peso de las deudas contraídas por los usuarios con las energéticas durante la pandemia. En ese entonces, el Gobierno de Iván Duque (2018-2022) instauró una medida de emergencia para que los colombianos pudieran diferir el pago de la energía. Sin embargo, lo hizo bajo riesgo de dejar expuestas a un puñado de frágiles comercializadoras que nada más salir de la crisis sanitaria se vieron enfrentadas al incremento del costo de la energía por la llegada de las sequías de ‘El Niño’.

El eje de Petro, una vez más, se inclinó hacia la opción de la intervención estatal. Y aunque ya ha abierto un canal de crédito con beneficios para inyectarle liquidez a una treintena de energéticas en aprietos, en su cuenta de X no ha dejado pasar la oportunidad para criticar a las empresas generadoras de energía que participan en la Bolsa de Valores de Colombia a través de una “actividad especulativa”. Francisco Gutiérrez Sanín, doctor en Ciencias Políticas, considera que el presidente está haciendo “lo que cualquier otro político práctico haría, y es estudiar todas las opciones que tiene a la mano y no poner todos los huevos en la misma cesta”.

Las facultades presidenciales en Colombia, añade León Valencia, son muchas y le dan recursos a Gustavo Petro: “El problema es que hoy no tiene un equipo de abogados veteranos y perspicaces para que le organicen los decretos y las facultades”. Para el fundador de la Fundación Paz y Reconciliación, el presidente podría gobernar los próximos tres años con un grupo de juristas que le señalen “dónde están las grietas para prescindir del trámite en el Congreso”.

No obstante, para Gutiérrez Sanín las fricciones entre el Gobierno de izquierdas y los privados en realidad no giran en torno al modelo del sistema, sino a la posibilidad de que el Estado finalmente “pueda cumplir una función regulatoria que había abandonado completamente en áreas fundamentales del país donde se manejan montos de financiación gigantescos”. Caben pocas dudas de que lo anterior tendrá altos costos políticos. Pero para Valencia es el escenario más plausible en los tres años que restan de Gobierno.

Primero, porque Petro no suma las mayorías en el Congreso. Y tampoco parece muy dispuesto a ceder en el eje de sus propuestas que ponen el acento en lo público: “Entonces irá haciendo ajustes vía decretos, al tiempo que mantiene el discurso de que las élites no lo dejaron”, concluye León Valencia. Ninguno de los analistas desecha la posibilidad de que el ‘petrismo’ reconquiste en algún momento las bancadas Liberal y Verde para reconstruir una coalición más sólida en el Parlamento.

Mientras eso sucede, el politólogo Andrés Dávila recuerda que la vía de los decretos y otras figuras tiene sus límites. “Para eso existen el Congreso, las Cortes. Acá lo que ha vuelto borroso todo es la ansiedad por comprender qué es lo que está haciendo Petro”. Y recuerda que en el mundo de lo concreto el único gran ajuste que ha materializado es la reforma tributaria. La novedad radica, en su opinión, en las discrepancias de un mandatario de izquierdas con unas empresas acostumbradas durante décadas a ejercer presión para imponer sus exigencias.

Francisco Gutiérrez Sanín, sin embargo, alerta sobre los riesgos de una ruptura en la comunicación del Gobierno con los empresarios. ¿La solución? “Yo creo que el acuerdo nacional que Petro ha propuesto podría desactivar todos esos miedos acumulados y tender puentes. El Estado regulador y el sector privado pueden y deben convivir. El sector privado se hace realmente fuerte en los Estados donde hay regulación estatal”.

Y concluye con un ejemplo: la gestión del entonces ministro de Salud de Juan Manuel Santos (2010-2018), Alejandro Gaviria, a favor de la regulación en los precios de los medicamentos: “Ese fue un logro positivo que evidencia que no son como el agua y el aceite. Esa es una falsedad histórica. Pero antes debe consolidarse la confianza y bajarle a los bufidos”.

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