El Gobierno de Petro acelera un plan alternativo de salud

“El SOAT se ha convertido en un instrumento de captura delictiva de dineros de la salud”, trinó en la mañana de este jueves el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Se refería al seguro obligatorio de accidentes de tránsito que deben pagar los dueños de los vehículos para alimentar un fondo, que a su vez asume el costo de la atención de las víctimas de los choques. El presidente hacía eco de una propuesta de su ministro de Salud de eliminar esa reserva para que el sistema general de salud sea el que pague en esos casos. Es uno de los ajustes que viene adelantando un Gobierno que ha hecho del tema sanitario una bandera. Ante la dificultad para sacar adelante en el Congreso su reforma al sistema completo, avanza en un plan alternativo para darle un papel cada vez mayor al Estado, que es el norte de la propuesta.

Desde inicios de año, Petro centró su Gobierno en tres reformas legales. La del sistema de salud fue la prioritaria: la radicó en el Congreso antes que la laboral y la pensional; convocó a manifestaciones en apoyo de ese acto, que usualmente pasa de agache; rompió su coalición de Gobierno e hizo su primer remezón ministerial cuando encontró resistencias en algunos miembros de su Gabinete y en partidos hasta entonces aliados en el Legislativo. A pesar del capital político invertido, la propuesta no ha avanzado: sigue en la Cámara de Representantes, más afín al Gobierno que el Senado, y solo ha sido aprobada en la Comisión Séptima.

La plenaria de la Cámara tiene el proyecto hace tres meses y no ha avanzado. Parece insalvable la discusión sobre quién afiliará a los ciudadanos, administrará el riesgo de asegurarlos y contratará con las clínicas y los laboratorios, si un solo ente estatal como propone Petro o unas entidades públicas y privadas que compitan entre sí, como ocurre hoy con las llamadas EPS. Hace pocas semanas aprobó crear una subcomisión que buscaba acercar a defensores y críticos del proyecto, y este martes estaba citada para votar sobre el texto. A menos de cuatro meses de las elecciones locales, no hubo quórum. Es probable que no lo haya hasta que los ciudadanos pasen por las urnas, e incluso entonces no está claro que tenga los votos suficientes. Mientras tanto, el Gobierno hace otras movidas.

Sobre el uso del SOAT hay denuncias, desde hace años, de cobros de servicios inventados, conocidos como “accidentes fantasmas”. Ante la alta tasa de evasión del seguro entre los dueños de motocicletas, el Gobierno decidió en diciembre de 2022 reducir el costo del seguro, que se paga a aseguradoras privadas, para esos vehículos. La idea era lograr que muchos más lo pagaran, pero no ocurrió. “Lo que se había planteado al hacer una rebaja en las motocicletas era que eso pudiera redundar en que se inscribieran más y en que tuviéramos más legalidad en el transporte. Pero no lo estamos viendo como quisiéramos”, explico el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo este miércoles. Fue entonces cuando propuso eliminarlo de tajo.

Para hacerlo, sin embargo, habría que pasar por el Congreso, y es jurídicamente inviable incluirlo en la reforma que ya fue aprobada en un debate. Para el exministro de Salud Augusto Galán, cabeza de la oenegé ‘Así vamos en salud’, tiene sentido eliminar el SOAT. También propone hacerlo con otro seguro paralelo que paga algunas atenciones médicas: el de riesgos laborales. Sin embargo, argumenta que para que la unificación funcione, hay que atender al cómo. “Esto debe estar debidamente financiado. Uno no puede trasladar esas responsabilidades si no mejora la financiación del sistema general”, argumenta.

Por su parte, la exdirectora del gremio de las EPS, Paula Acosta, encuentra que la propuesta del SOAT es una cortina de humo “para distraer del problema de fondo, que es la crisis financiera que atraviesa el sector.” Recuerda que hay demoras en algunos giros de recursos del Estado a las EPS, lo que debilita sus finanzas, y que en los últimos meses el Gobierno ha intervenido a tres de ellas: en mayo fue Asmet Salud, que tiene 2 millones de afiliados, especialmente en el sur del país; en junio Savia Salud, con 1,7 millones de afiliados en Antioquia, y que tiene como mayores accionistas a la Gobernación de ese departamento y a la Alcaldía de Medellín; y en septiembre a Famisanar, que tiene como accionista mayoritario a la caja de compensación familiar Cafam y cuenta con 3 millones de afiliados.

En solo 4 meses, casi 7 millones de personas pasaron a estar asegurados por EPS que temporalmente maneja el Gobierno. Se suman a otros casi 11 millones que están en Nueva EPS, de la que el Gobierno es accionista junto con varias cajas de compensación, incluyendo a Cafam. “Este es un sistema excepcional en materia de salud, porque ha intentado todas las medidas de excepción para tratar de cambiar el sistema”, dice Galán con sarcasmo.

“Las intervenciones a Famisanar y Savia Salud generan presión a las otras EPS”, afirma Acosta, quien también fue viceministra de protección social a inicios del Gobierno de Juan Manuel Santos. Se refiere a que los argumentos de la Superintendencia de Salud para remover a los gerentes y designar otros administradores, que tienen que ver tanto con problemas de atención como con debilidades financieras. Como se trata de un problema estructural, que se repite en otras EPS —y que éstas indican que se debe en buena medida a problemas del Gobierno, como hacer un giro muy bajo por cada afiliado o demorarse en transferir el dinero— son alertas que tensionan al sector entero.

Galán va un paso más allá y muestra su extrañeza por la más reciente de esas medidas. “Hay demasiados rumores que no son claros, particularmente con la intervención de Famisanar. ¿Qué significa que haya sido en julio la primera EPS a la cual le prorrogan la habilitación por 5 años, y un mes después la intervienen?”, cuestiona el exministro. En efecto, en agosto la misma Superintendencia renovó el permiso de Famisanar para funcionar, lo que significa que cumplía con los estándares. Apenas un mes después, encontró que enfrenta graves problemas, que incluyen graves debilidades financieras, pues debe 2,2 billones de pesos y solo tiene activos por 1 billón.

Como fuere, con las intervenciones el Gobierno aumenta su control sobre el sistema de salud, ya no eliminando las EPS como propone en la reforma, sino administrándolas. En un campo diferente, la histórica decisión de declarar de interés público un medicamento para el VIH apunta en el mismo sentido. Y la eliminación del SOAT, que saca del juego a aseguradoras privadas, también.

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