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Guillermo Alfonso Jaramillo: “En Colombia hay casi 700 municipios que no tienen hospital. Eso es lo que quiere cambiar la reforma a la salud”

El ministro de salud de Gustavo Petro recuerda, en entrevista con EL PAÍS, que estar afiliado a una EPS no significa acceder a la salud: “En los barrios pobres de las ciudades la gente tiene un carnet de la aseguradora, pero no se le garantiza su derecho fundamental”

Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, en su oficina en Bogotá, el 26 de Mayo del 2023.
Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, en su oficina en Bogotá, el 26 de Mayo del 2023.NATHALIA ANGARITA
Juan Miguel Hernández Bonilla

El ministro de salud de Colombia, Guillermo Alfonso Jaramillo, sabe que tendrá unas semanas difíciles. La reforma a la salud del Gobierno del presidente Gustavo Petro, que propone cambiar de forma radical el sistema, debe superar con éxito tres debates en el Congreso para convertirse en ley. La semana pasada, Jaramillo y su equipo lograron que los congresistas de la comisión séptima de la Cámara aprobaran con amplias mayorías el proyecto, pero saben que viene lo más complejo. Afirma que está dispuesto a escuchar, a dialogar y a ceder, pero con puntos innegociables. “Una línea roja es que las EPS se deben transformar en gestoras de salud y tienen que dejar de ser las intermediarias de los recursos entre el Estado y los hospitales”, explica el ministro en entrevista con EL PAÍS.

Jaramillo (Líbano, Tolima, 72 años) recuerda muy bien el día en que iba llegando a su finca y se le acercó un campesino a pedirle ayuda para construir una escuela. “Conseguimos un maestro y pusimos luz eléctrica. Yo ya estaba graduado de medicina, pero me di cuenta de que la política también servía para mejorar la vida de las personas. Ahí comenzó mi carrera en lo público”. Tiene una trayectoria extensa. Hijo de una congresista liberal, empezó siendo concejal de Armero en 1976. Fue dos veces diputado departamental, llegó a la Cámara y estuvo en el Senado por cuatro periodos. Ha sido dos veces gobernador del Tolima y una vez alcalde de Ibagué. Fue secretario de salud y de gobierno de Bogotá en la alcaldía de Gustavo Petro. Desde hace un mes es el ministro de salud.

“Las EPS no se acaban, solo se transforman. Lo único es que no van a hacer la intermediación financiera. Eso es todo”, afirma Jaramillo mientras acaricia a Pink, su perrita pastor collie de 11 años que lo acompaña a todas partes. Pink juega con una pelota de goma, ladra entre los escritorios de los funcionarios y pasea por los corredores del piso 23 del edificio del Ministerio, en el centro de Bogotá, mientras Jaramillo está en juntas y reuniones. El ministro reconoce que en los últimos años se ha avanzado en atención, pero es enfático en sus críticas al sistema actual: “Muchos niños de la Guajira están afiliados a una EPS, tienen carnet, pero igual se mueren de parásitos porque no los atienden”.

Pregunta. ¿Por qué el Gobierno del presidente Gustavo Petro insiste tanto en la reforma a la salud?

Respuesta. En casi 700 de los 1.123 municipios de Colombia no hay centros de salud ni hospitales. Eso es lo que queremos cambiar. En algunas zonas nunca ha habido y en otras se han quebrado porque el modelo neoliberal, en el que la salud es un negocio, no funciona en las regiones pobres y alejadas, solo lo hace en los barrios de clase alta y media de las grandes ciudades. Además, el sistema se convirtió en uno curativo y no preventivo. En las clínicas de Bogotá hay robots que lo operan a uno, pero los niños de la Guajira se están muriendo de hambre, de gastroenteritis, de parásitos. Nuestro sistema de salud es muy desigual. Por eso hay que cambiarlo.

P. ¿Cómo?

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R. Con la reforma. Lo que hemos venido haciendo con el presidente desde hace tiempo es buscar una alternativa. No queremos que el sistema siga basándose en que los médicos y las enfermeras esperen a los pacientes en los hospitales para curarlos, sino que ayuden a prevenir la enfermedad. Y, lo más importante: que logremos atender a las comunidades más abandonadas. En la actualidad, mujeres del Pacífico mueren por mala atención después del parto. Eso no puede seguir pasando. Yo recorrí los barrios pobres de Bogotá y encontré que la gente está afiliada a la EPS, pero no la atienden. En Colombia casi el 93% de las personas están aseguradas, pero la pregunta es si eso garantiza el derecho a la salud. Creemos que no. Tener un carnet no significa tener acceso al sistema. Después de una intensa pelea en el Congreso, con la ley estatutaria de 2015 logramos que la salud sea un derecho fundamental y no un negocio. Esa es nuestra lucha y ese el sentido de la reforma.

P. ¿Por qué la reforma propone quitarles a las EPS su función de administrar los recursos de la salud para dársela al Adres?

R. Hoy, el Adres les paga a las EPS y ellas a las clínicas y hospitales. El problema es que muchas veces el Estado le paga a tiempo a las EPS, pero estas no les consignan a las instituciones prestadoras cuando debe ser. ¿Para qué esa intermediación? Para nada. Vamos a pagar directamente. La nueva ley contempla que hay que pagar como mínimo el 80% de los recursos al hospital en el primer mes. Si nosotros les pagamos directamente y a tiempo, los hospitales van a tener liquidez y van a poder funcionar y atender a la gente.

P. Eso suena bien como idea, pero ¿qué capacidad logística, humana y técnica tiene el Adres para administrar esos 80 billones de pesos y revisar cientos de miles de facturas?

R. La auditoría y la revisión de las facturas la seguirán haciendo las EPS, que se convertirán en gestoras de salud y vida. Les vamos a pagar hasta 8 billones de pesos para que sigan cumpliendo con esas funciones. Las EPS no se acaban, se transforman. Lo único es que no van a hacer la intermediación financiera. Eso es todo. Siguen con sus afiliados. Los pacientes de enfermedades crónicas y raras van a seguir con sus tratamientos. El problema es que han satanizado la reforma, han creado muchas noticias falsas. Frente al Adres, es cierto que hay que fortalecerlo. Ampliar su presupuesto y su número de empleados para que pueda cumplir las funciones. Queremos que se le asigne el 2% del dinero total de la salud para su funcionamiento. Las gestoras tendrán hasta el 8% de los recursos.

P. ¿Por qué cree que ha habido tanta resistencia a la reforma?

R. La ley del oro: el que tiene el oro impone la ley. Si yo tengo el oro, es decir, los 100 billones de pesos que el año entrante se destinarán a la salud, yo impongo la ley. Pero el dinero no es de las EPS, es de todos los ciudadanos. Lo que proponemos es sencillo: si la plata es del Estado no es necesario un intermediario, las EPS estarán en otras funciones. Los cambios los queremos hacer de la mano de ellos. Queremos dialogar, construir sobre lo construido.

P. Hablando de construir sobre lo construido, ¿qué cosas buenas del sistema de salud actual le interesa preservar?

R. El modelo de financiación es importante. El Estado paga la mitad, un logro interesante que vamos a mantener. También reconozco que hemos avanzado frente al pasado, pero tenemos que mejorar más, sobre todo en la inclusión de los más pobres.

P. Hay un sector de la política y la academia que dice que uno de los principales riesgos de la reforma es que el presupuesto de la salud aumente mucho, se desborde y afecte a otros sectores ¿Cómo se previene eso?

R. Habrá más recursos para la salud porque vamos a llegar a territorios donde nunca hemos llegado. La reforma del presidente Gustavo Petro permite que en menos de diez años el presupuesto del sistema general de participaciones, de donde sale parte del dinero, se duplique. Sin embargo, hay que tomar precauciones. Una de las funciones de las nuevas gestoras, por las que se les va a pagar, será ayudarnos a controlar los gastos excesivos, a hacer buena auditoria para que haya mucha austeridad, pero sin negar los servicios.

P. ¿Qué pasa si las EPS no aceptan las nuevas reglas de juego?

R. No creo que si tienen 8 billones de presupuesto no vayan a aceptar. Las que han hecho bien su trabajo pueden estar tranquilas. Las que no, tienen dos años para mejorar, pagar deudas, capitalizarse y ponerse al día.

P. Un problema importante del sistema, que no se resuelve cambiando las funciones de las EPS, es la falta de especialistas. ¿Cómo corregir eso?

R. Sí, es verdad. Hay pocos. Queremos trabajar con las universidades públicas y privadas para ampliar el número de especialistas cada año. También queremos hacer énfasis en la especialidad del médico familiar, fundamental para este proyecto de prevención y atención primaria. Un especialista familiar es una persona que sabe de pediatría, de medicina interna, de geriatría, tiene una visión integral. Reconocemos también que hay que pagarles muy bien a los especialistas, que están concentrados en las ciudades, para que vayan a trabajar en las zonas rurales. La reforma contempla esos incentivos.

P. Usted dice que hay gente que tiene carnet de EPS, pero eso no garantiza su derecho a la salud, ¿Cómo así?

R. Si Roy Barreras no hubiera sido el presidente del Senado, no le hubieran hecho un examen ejecutivo y no le hubieran encontrado un cáncer en las primeras etapas. A Gustavo Petro le hicieron una gastroscopia y le encontraron un cáncer que no había penetrado las capas profundas del estómago, y se lo erradicaron. A los campesinos y a los obreros, que tienen EPS, nunca les hacen exámenes preventivos, comienzan a tener gastritis y les dicen que tomen Omeprazol.

P. A la reforma a la salud le quedan tres debates en el Congreso, ¿Qué está dispuesto a ceder para llegar a acuerdos con los partidos y conseguir los votos necesarios?

R. Todo esto es moldeable, pero hay unas líneas innegociables. Por ejemplo, la intermediación del dinero por parte del Adres. Como en el boxeo olímpico, todavía nos faltan tres rounds, y uno no sabe dónde puede quedar noqueado.

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Juan Miguel Hernández Bonilla
Periodista de EL PAÍS en Colombia. Ha trabajado en Materia, la sección de Ciencia de EL PAÍS, en Madrid, y en la Unidad Investigativa de El Espectador, en Bogotá. En 2020 fue ganador del Premio Simón Bolívar por mejor reportaje. Estudió periodismo y literatura en la Universidad Javeriana.

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