El costo invisible del SOAT más barato: un incentivo al uso de motos y más presión a la salud

En Colombia existen municipios con más motocicletas que habitantes. Como Sabaneta, una población cercana a Medellín (Antioquia), donde por cada ciudadano están matriculadas seis motos, el vehículo más involucrado en siniestros viales. De las 6.577 personas que perdieron la vida entre enero y octubre de este año en las vías del país, 3.914 - cerca del 60% - iban a bordo de una motocicleta. Pese a ser el vehículo de mayor riesgo para los usuarios, su uso se ha disparado en la última década. En 2012 eran 4,7 millones; ahora son 10,3 millones. Expertos creen que la reducción de la mitad del precio del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), que entra en vigencia este 15 de diciembre, implicaría grandes costos sociales, como una mayor proliferación de motos y un golpe a las finanzas del sistema de salud.

El Gobierno sostiene que la medida, una promesa de campaña del presidente Gustavo Petro a los motociclistas, busca reducir la evasión del SOAT y facilitar el acceso a un seguro que fue creado hace más de 30 años para la atención integral de víctimas de tragedias viales, sin importar quién sea el responsable. Las motos son las que más se accidentan, pero menos del 39% de ellas cuenta con SOAT vigente, según datos del Registro Único Nacional de Tránsito. “Con esta decisión, que supone un gran esfuerzo fiscal para el Gobierno nacional, vamos a combatir la evasión y el fraude al sistema”, explica el ministro de transporte, Guillermo Reyes.

Sin embargo, especialistas advierten que el remedio puede resultar peor que la enfermedad porque no le apunta a resolver el problema de fondo: los siniestros viales. “Son incentivos perversos porque al final lo que estamos haciendo con estas facilidades es mandar a los pelados (jóvenes) entre 20 y 40 años a que se maten en una moto”, afirma Juanita Concha, ingeniera civil, consultora en movilidad sostenible. Lo mismo ha alertado la Liga contra la violencia vial, un movimiento de activismo ciudadano que defiende el derecho a una movilidad segura.

Concha opina que los usuarios buscan alternativas económicas como las motocicletas dada la baja calidad del transporte público. “Hay una distorsión entre lo que establece la política pública en planes de desarrollo o estrategias de movilidad y lo que pasa en la realidad. Los entes territoriales y el Gobierno nacional no han invertido los recursos que se requieren para salvar vidas, evitando siniestros viales y reduciendo la contaminación. Esas son dos razones para meterle más plata pública al transporte de calidad”, señala.

Por su parte, la directora encargada de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Lina Huari, considera que la tendencia al alza de la compra de motocicletas se mantendrá, independientemente del precio del SOAT. Asegura que esta decisión – que no solo aplica para motocicletas con motores de menos de 200 centímetros cúbicos, que son el 97% de las que circulan en el país, sino para taxis, servicio público urbano como buses y busetas, y transporte intermunicipal – estará acompañada de un mayor control en las vías para exigir el SOAT y el cumplimiento de otras normas como los límites de velocidad (50 km/h en vías urbanas, 30 km/h en zonas escolares y 90 km/h en vías nacionales, excepto cuando una señal indique uno más bajo).

“Existe un Plan Nacional de Seguridad Vial que comprende medidas de corto, mediano y largo plazo para proteger a todos los actores viales, entre ellos, los motociclistas que están entre los más vulnerables. En Colombia, a partir del año 2025 se van a exigir mejores estándares para las motocicletas nuevas como la obligación de tener frenos ABS o CBS (sistemas más seguros de frenado), lo cual permitirá una reducción de por lo menos el 25% de muertes en siniestros viales”, destaca Huari. Asimismo, reitera que es esencial el uso de elementos de protección, como cascos certificados. “La conciencia vial no se genera desde un solo actor; no podemos estigmatizar a los motociclistas. Entre todos nos debemos proteger”, agrega.

Reducción con cargo a la salud

La reducción del precio del SOAT, que ampara gastos médicos, como hospitalizaciones y procedimientos quirúrgicos, transporte de las víctimas, incapacidad permanente e indemnizaciones por muerte, también supone que esa póliza tenga menos coberturas. En servicios médicos, por ejemplo, pasaría de un tope de 800 salarios mínimos legales diarios vigentes (26,6 millones de pesos en 2022) a 300 salarios mínimos legales diarios vigentes (cerca de 10 millones de pesos). “Los que andamos de forma legal podemos vernos perjudicados porque no es un descuento, sino una menor cobertura. Es como si baja el precio del almuerzo, pero lo dan sin sopa y sin jugo; o compra una casa a menor precio, pero tiene menos habitaciones”, dice Efraín Abaunza, presidente del club de motociclistas “Familias sin fronteras” de Bucaramanga.

Aunque el excedente se financiaría con recursos del Presupuesto General de la Nación destinados al aseguramiento en salud, a motociclistas como Abaunza les preocupa que eso lleve a que haya peores condiciones de atención. “Con enfermedades, algunos pacientes tienen que luchar para que los atiendan; les toca pasar tutelas, derechos de petición. Entonces no me imagino que quede una cobertura donde cualquier hospital o clínica diga que no puede continuar con el tratamiento”, opina. En contraste, para Yasmín Padilla, miembro de la organización de motociclistas “Caribe sobre Ruedas”, pagar el SOAT a mitad de precio es de gran ayuda económica. “Si estamos pagando un seguro más barato que va a cubrir menos, entonces tenemos que cuidarnos más de los accidentes. No podemos estar pensando si nos van a atender mejor o no”, apunta.

Gestarsalud, el gremio que agrupa a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), advierte que los recursos que financiarán la reducción del precio del SOAT vienen de la misma fuente que cubre la atención de víctimas de tragedias viales cuando no hay SOAT, que son fondos generales para atender la salud que maneja la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). “Los excedentes de este recaudo se destinan al aseguramiento en salud, por lo que cualquier disminución en el recaudo de recursos provenientes del SOAT estará disminuyendo directamente una de las fuentes de financiación del aseguramiento en salud”, señaló en un comunicado.

De enero a octubre de este año, cerca de 800.000 personas lesionadas en siniestros viales, en su mayoría motociclistas, han recibido atención en salud con cargo al SOAT por cerca de 2 billones de pesos. El Gobierno deberá expedir el decreto definitivo para la anunciada reducción del costo del seguro. Solo con el tiempo se sabrá si el alivio les saldrá más barato o más caro a los colombianos.

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