Una decisión judicial frena la construcción de una base militar en Gorgona

La ampliación de una base militar en una isla del Pacífico colombiano tendrá que esperar. Una decisión del Tribunal Superior de Bogotá así lo determinó, además de ordenar al Gobierno Nacional a convocar una consulta previa para evaluar las posibles consecuencias de la obra sobre las comunidades de la región. Gorgona, ubicada a 28 kilómetros de la costa y en donde funcionó una prisión hasta 1984, es el lugar destinado para el proyecto, que sobre planos incluye también la edificación de una torre de comunicaciones, un muelle para embarcaciones de combate y un tanque de almacenamiento de combustible. Tras recibir la noticia, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, anunciaron que acatan la determinación del Tribunal y pronto tomarán acciones encaminadas a cumplir los mandatos del fallo.

La acción legal nació en febrero, cuando el Consejo Comunitario de Guapi Abajo presentó una tutela que cuestionaba la legalidad de la licencia ambiental que recibió el proyecto en 2015. La organización aducía que la ANLA de aquel entonces desconoció los derechos fundamentales de las comunidades al otorgar permiso a la Armada Nacional para la “construcción, operación, abandono y restauración de la estación de guardacostas en la isla Gorgona y obras complementarias” sin llevar a cabo antes una consulta previa. Desde 1997, a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la consulta previa es reconocida como una garantía inherente a las minorías étnicas —indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y gitanas— para que tengan poder decisión sobre las medidas legislativas y administrativas que pretendan ejecutar obras o actividades dentro de sus territorios. Los magistrados que estudiaron el amparo le dieron la razón al Consejo Comunitario de Guapi Abajo.

“En casos de duda sobre un posible detrimento medio ambiental, como puede ser la migración de fauna marina o el derrame de sustancias tóxicas en el medio acuático, se legitimará la posibilidad suspender la aplicación de los actos administrativos que representen un peligro a los recursos naturales de la isla Gorgona, dado que, puede suponer una lesión a su territorio o asentamiento ancestral”, se lee en la sentencia.

Las conversaciones entre las diferentes entidades del Gobierno y las comunidades dictarán la suerte del proyecto, que ha sido sumamente controvertido en el último año. La Administración del presidente Gustavo Petro ha defendido la iniciativa resaltando los beneficios que traería en el control y vigilancia que se podría ejercer en la zona, usualmente empleada como un corredor para grupos delincuenciales que trafican drogas.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y aquí al canal en WhatsApp, y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.