El reparto de dinero entre la nación y las regiones calienta la política colombiana

Este lunes, la plenaria del Senado puede tomar una decisión que rebalancearía el poder en Colombia y que, según los expertos, pondría en riesgo su economía. En el tercer punto del orden del día de la reunión está la discusión de una reforma constitucional que busca más que duplicar los recursos que gira la Nación a las gobernaciones y las alcaldías, en un paso fundamental para profundizar la descentralización. El problema, según los críticos, es que obligaría al Estado central a girar el dinero sin ceder más funciones a los gobiernos locales, lo que dejaría a las entidades nacionales prácticamente sin recursos para cumplir todos sus fines, o dispararía el ya alto déficit fiscal a cifras insostenibles.

El proyecto propone aumentar el dinero destinado al llamado Sistema General de Participaciones (SGP), una gran bolsa de recursos que la Nación gira año a año para que los gobiernos locales destinen para algunos fines concretos: la educación obligatoria (que va del grado primero al noveno), salud, recolección de basuras, acueductos y alcantarillados. Hoy en día a ello se destinan alrededor del 20% de los ingresos corrientes de la nación. La reforma propone llegar al 46,5% en 10 años, aunque un acuerdo entre el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, convertido en el gran impulsor de la idea, y varios congresistas plantea llevar la cifra a 39,5% en 12 años. Eso como forma de reducir los temores por el impacto económico del ajuste constitucional: el centro de pensamiento económico ANIF ha dicho que con el cambio inicialmente propuesto, el 85% del presupuesto de la Nación se iría al SGP y a pagar la deuda pública y las pensiones. Quedaría tan solo el 15% para pagarle a la Rama Judicial, los 450.000 militares y policías, invertir en infraestructura, apoyar a las universidades públicas y hacer otro sinnúmero de actividades.

En el Senado, y entre los observadores, hay consenso en la necesidad de fortalecer a los departamentos, municipios y distritos. Sin dinero propio, esos gobiernos locales quedan a merced de las autoridades centrales y el país, que durante el siglo siguiente a la Constitución de 1886 vivió bajo un poderoso centralismo, aún lucha por cambiar esa estructura. La descentralización, que tomó fuerza en los años ochenta con la elección popular de los alcaldes y tuvo un gran empujón con la Constitución de 1991, se frenó más adelante. Municipios endeudados y quebrados, una fuerte crisis económica entre 1998 y 1999, e incluso la pandemia de 2020-2021, revirtieron la tendencia y recentralizaron al Estado. Eso es lo que el proyecto busca cambiar, y lo que suscita un amplio apoyo. Aumentar los recursos del SGP no tiene opositores.

El problema, como tantas veces, está en los detalles. En este caso, en el origen y el destino del dinero, así como la necesidad de rebalancear toda la relación: darle más atribuciones a alcaldes y gobernadores, fortalecer los ingresos propios de los distritos, municipios y departamentos. El proyecto, que presentó a inicios de este año una docena de congresistas de bancadas independientes de En Marcha y la ASI, y de la oposición uribista, lo tiene en cuenta. Impone al Gobierno la obligación de presentar un proyecto ley que reorganice el SGP una vez se cambie la Constitución. Pero eso ha resultado insuficiente, y en el acuerdo se ha acordado que hasta que no haya ley, no habrá aumento de los recursos, y que el nuevo SGP debe financiar más años de educación, por lo menos dos de preescolar y dos de educación superior.

Con esos ajustes, que debe presentar formalmente el coordinador ponente Ariel Ávila en la sesión del Senado de esta tarde, el proyecto parece ganar más tracción política.

Alarmas encendidas

Las reformas constitucionales se aprueban en dos vueltas, es decir, pasando dos veces por el Senado y la Cámara de Representante. Este proyecto pasó sin mayores discusiones en su primera vuelta, a lo largo del primer semestre del año, como ocurre con muchos ajustes. El debate real se deja para la segunda vuelta, donde muchas veces naufragan. En este caso, sin embargo, hubo un reajuste político significativo: Juan Fernando Cristo pasó de ser presidente del partido En Marcha a ministro del Interior. En ese cargo ha sido gran impulsor de la idea de un acuerdo nacional que rompa las divisiones entre Gobierno y oposición, y el reajuste del SGP encaja en ese propósito. Permite, por lo menos en teoría, unificar a mandatarios de diferentes orillas políticas, que buscan un mayor presupuesto, y sus aliados legislativos.

Históricamente el centralismo fue una bandera de la derecha conservadora, mientras el federalismo y luego la descentralización lo fueron más del liberalismo. Eso ha cambiado. La izquierda hoy tiene el poder central, pero creció primero en el local; hoy la oposición de derecha tiene, por el contrario, más fuerza en lo local. La descentralización interesa a todos.

Ese cambio en los equilibrios se nota en los conceptos fiscales que ha dado el Gobierno al proyecto. En mayo, el ministerio de Hacienda no lo avaló, justamente por el impacto potencial sobre las finanzas. “En síntesis, la propuesta de establecer un nivel mínimo de los Ingresos Corrientes de la Nación destinado al SGP de la magnitud propuesta, incluso con la transición presentada en el parágrafo transitorio 2 de este artículo, sería inviable”, se lee en el documento firmado por el entonces viceministro técnico encargado, Diego Guevara. En contraste, el jueves pasado el ministerio dijo que ve una salida: “Acto Legislativo que modifica el SGP irá de la mano con proyecto de ley de competencias que permita transferir funciones y que garantice la sostenibilidad fiscal”, afirmó en un comunicado de prensa.

Antes del acuerdo de este lunes y de la reducción de lo que eventualmente repartirá el SGP a las administraciones locales, las alarmas eran muchas. El Departamento Nacional de Planeación, que una entidad técnica del Ejecutivo con rango de ministerio, fue una de las más fuertes. “Se pondría en riesgo la viabilidad del Estado como un todo”, dijo a inicios de octubre, al emitir un concepto no favorable. Fedesarrollo, un prestigioso tanque de pensamiento económico, ha señalado algo similar. “La deuda del Gobierno superaría el límite del 71% del PIB impuesto por la regla fiscal, lo que desencadenaría una crisis fiscal. Esta situación aumentaría el costo del endeudamiento, afectaría el crecimiento económico y generaría alzas en el desempleo y la pobreza”, señaló el lunes pasado. Incluso la propuesta de trazar una senda más larga para el aumento y llevarlo al 37%, cifra planteada por la misión de descentralización de los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro, aumentaría la presión fiscal. Esa puja entre descentralizar y pensionar las ya alicaídas cuentas estatales dependen ahora de la decisión del Senado en el debate actual, y de la Cámara en las dos discusiones que faltarían para que la reforma sea una realidad.