Los datos dejan mal parada la política de Petro contra el narcotráfico

El viernes pasado, el mismo día que la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) expuso que en Colombia se incrementaron un 10% los cultivos de uso ilícito en 2023, la ministra de Justicia anunció que regresaría la aspersión controlada con químicos distintos al glifosato, como forma justamente de afrontar el problema. Horas después, el presidente Gustavo Petro anunció otra respuesta, en apariencia contraria a la mano dura de su subalterna: dijo que su Gobierno comprará coca a quienes la cultivan en 12.600 hectáreas del Cañón del Micay, el nuevo corazón del conflicto armado en el Cauca.

Esa aparente contradicción refleja una tensión. La agenda de drogas ha sido una de las banderas progresistas del presidente desde su época como senador, con una defensa permanente de dejar atrás la prohibición de su producción y consumo para pasar a una regulación por parte del Estado. Sus intenciones para lograrlo se han materializado en el anuncio del fin de semana pasado — tan previo que su ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo el lunes que “la propuesta será motivo de evaluación del Gobierno, vamos a estudiarla”—y en el documento de una política antidrogas que lanzó en 2023 con dos pilares: asfixiar a los narcotraficantes y darle oxígeno a los eslabones más débiles de la cadena.

Sin embargo, los primeros resultados del Gobierno no son positivos, según la información más reciente. El Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci, muestra que el país cerró el 2023 con 23.000 hectáreas de sembrados de coca más que un año antes, en una tendencia al incremento que viene desde 2013, con una caída en el atípico y pandémico 2020.

Además de ese dato, el informe realizado por los expertos de la UNODC indica que la producción potencial de cocaína creció en un 53% en 2023. De acuerdo con el reporte, el año pasado el país pudo producir 2.664 toneladas de clorhidrato de cocaína pura, el doble del dato de cinco años antes.

Aunque no es la primera vez que Luis Felipe Cruz, el investigador sobre asuntos de drogas de la organización Dejusticia, explica que se está produciendo más droga porque “el mercado ilegal ha sido un motor de innovación para que los campesinos maximicen sus beneficios”. Una de las razones que encuentra es que se está aumentando la densidad de los cultivos de coca: las plantas que se siembran por hectárea. Como fuere, la producción promedio de cada hectárea fue la más alta de los años recientes, según los datos de la UNODC.

Para Cruz, el crecimiento del 53% es inusualmente alto. En eso coincide Estefanía Ciro, doctora en Sociología e investigadora del Centro de Pensamiento desde la Amazonia AlaOrilladelRío, quien le dice a este diario que “no es coherente que haya un incremento tan alto en la productividad, pero tan bajo en los cultivos”. Sin embargo, los dos expertos concuerdan también en que no hay duda de que aumentó la producción en general, una cifra negativa para una política antidrogas.

Eso, a pesar de la crisis cocalera que se vivió en los últimos dos años, que derrumbó el precio en el mercado ilegal y dejó a algunas zonas sin un mercado ilícito pero necesario para subsistir. En Nariño, el departamento con más cultivos de coca sembrados, la hoja de coca pasó de costar $30.000 pesos (7 dólares) por arroba, a poco menos de $8.000 pesos (1,8 dólares) por los mismos 12,5 kilogramos.

Para la investigadora en temas de drogas María Clara Torres, era claro que esa crisis no significaba el fin del cultivo, porque se veía como algo pasajero y en todo caso no había alternativas económicas inmediatas. “La gente que vive de eso sabe que es un mercado de bonanzas y crisis constantes. Ellos saben adaptarse, entonces no lo erradican sino que ‘soquean’, cortan la mata sin arrancarla. La reducen de tamaño a la espera de que se vuelva a estabilizar el precio, porque así ha funcionado desde comienzo de los años 80″, señala en referencia al ya casi medio siglo en el que Colombia se ha convertido en el mayor productor de una droga cuyo mercado global ha crecido sin cesar. Ciro coincide, y añade que la mayoría de cocaleros de Nariño, en la frontera andina con Ecuador, guardaron su producción en espera a que el precio repicara. “La gente ve la coca como la esperanza para vivir en el campo”, dice.

Frente a esos datos de mayores cultivos (con sus consecuencias ambientales), producción récord y mejora en la productividad, el Gobierno ha reivindicado que su estrategia se concentra en la interdicción, es decir, en atacar la exportación de la cocaína. Se trata de la parte de asfixia de su política, que ha buscado concentrarse no en el empobrecido campesino, sino en el poderoso narcotraficante. Y, por ello, ha subrayado el incremento en las toneladas incautadas, que en 2023 llegaron a 739,5, según el Ministerio de Defensa. Cifras, sin duda, mayores a las 659 de 2022. Pero Ciro señala que el dato no es tan positivo como parece. “Así como hay récord de incautaciones, hay récord en el mercado de cocaína. “Es lógico que, cada vez que se produce más cocaína, se incauta más”, señala. En efecto, al comparar los datos de las incautaciones reportadas por el Ministerio y de la capacidad de producción del Simci, el porcentaje de cocaína incautada ha caído en los últimos años.

Los expertos consultados comparten la preocupación sobre que, aunque aún es temprano para hacer un balance de la política antidrogas del Gobierno Petro, la apuesta a la sustitución voluntaria del cultivo no parece estar funcionando. En el Cañón del Micay, por ejemplo, donde el presidente anunció que el Estado comprará la hoja, el Gobierno también habló de sustituirla por cultivos de café. Torres advierte que esa apuesta es inviable y muestra la debilidad de la estrategia. “Un cultivo de café se demora tres años en dar sus primeras cosechas. Eso significa que el Gobierno no tendrá forma de garantizar que su propio programa dé los primeros frutos, porque le tocaría al próximo mandatario”. A eso se suma, además, que para lograr el cambio de paradigma que ha propuesto la Casa de Nariño, “hay que cambiar la ley y el Código Penal”. Y, por ahora, con un Congreso en contra, el presidente está lejos de que su apuesta política contra las drogas encuentre un espacio en la agenda política.