El futuro de la política editorial colombiana después de la FILBo

El pasado 2 de mayo concluyó la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) y, como es acostumbrado, dejó un balance destacable: cerca de 600.000 visitantes, alrededor de 570 invitados nacionales e internacionales, 6,1 millones de dólares en expectativas de negocios editoriales, entre otros, de acuerdo con el boletín publicado por la feria en su sitio web. Incluso, superó su récord en asistencia con 103.000 personas el 1 de mayo. Esos números, además de confirmar a la feria como la cita literaria más importante de Colombia, hablan de su impacto fundamental no solo social y cultural, sino también editorial. De allí que para muchas editoriales sea fundamental asistir.

Para Sergio Escobar Hoyos, gerente de La diligencia libros, no es difícil estar en FILBo e incluso puede resultar rentable. “No siento que la relación costo-beneficio de la feria sea alta ni que genere dificultades en pequeñas empresas para participar. Puede ser uno de los primeros escalones para que una nueva empresa editorial invierta, a bajo riesgo”. Sin embargo, afirma que esto puede ser diferente para las editoriales regionales.

Justamente, el costo sí es muy alto para el editor Robert Jiménez, quien participó en la edición 2024 de FILBo con Clu Editores. Se trata de una editorial nueva que invirtió en la feria más de nueve millones de pesos, en costos de espacio y stand, y apenas consiguió recuperarlos. “La Cámara Colombiana del Libro ofrece unos descuentos para editoriales”, explica Jiménez, “que son de alrededor 200.000 pesos por metro cuadrado. Ahora, el problema es afiliarse a la Cámara y todo lo que ella les cobra a las editoriales. Si eres una editorial independiente que apenas está emergiendo, tienes que esperar como dos años, llenar un montón de papeleo y te cobran un porcentaje de tus ventas. Sale demasiado caro”.

La experiencia narrada por Jiménez es la misma que expresan otras editoriales que no se sienten representadas por los intereses de la Cámara Colombiana del Libro y que han puesto otras discusiones sobre la mesa.

Una fiesta organizada por instituciones privadas

La Feria Internacional del Libro es organizada por dos entidades privadas, la Cámara Colombiana del Libro (CCL) y Corferias. La CCL, fundada en 1951, creó FILBo en 1988 y fue impulsora de la Ley del libro de 1993. Ha dedicado sus esfuerzos a fomentar el libro y las editoriales, explica a este diario Emiro Aristizábal, su presidente. En la conversación, enumera otros de los proyectos que desarrolla, como el concurso Bogotá en 100 palabras y el catálogo de los libros nacionales Colombia Lee.

Felipe González, editor de Laguna, no ve problema en que la feria más importante del país sea organizada por instituciones privadas. Sin embargo, encuentra que esa forma de financiación sí impone obligaciones: “En la medida en que la feria recibe recursos públicos, debería de atender la necesidad de fomentar decididamente el desarrollo de la industria editorial local”, argumenta. Es una queja que han hecho otros actores del sector y que se ha expresado en artículos de prensa, como uno publicado en 2020 en 070, durante la pandemia, y otro reciente, en Cambio.

Emiro Aristizábal, de la CCL, explica que la FILBo recibe pocos dineros públicos, y con fines específicos. “Nos ayudan con algunos recursos para organizar la actividad cultural de la feria. Los 2000 eventos culturales que hacemos en la feria y traer escritores y traer todo nos valen aproximadamente unos 4.000 millones de pesos, ¿cómo financiamos eso? Con patrocinios privados y ayudas que nos presta el Gobierno para cosas determinadas”, afirma.

El ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correa, señala que FILBo fue ganadora del Programa Nacional de Concertación en la categoría de proyectos culturales de la lista bienal, que otorga recursos a eventos de carácter internacional hechos en Colombia, por 500 millones de pesos. Además, el ministerio invirtió en esta edición 210.018.273 pesos, que incluye el costo de tres stands (el suyo, País Libros y País Palestina), además de una inversión para redimir en descuentos en los espacios para los editores independientes, que equivale a otros 64 millones de pesos. En total, poco menos de 800 millones.

Correa destaca que, como menciona Aristizábal, la inversión del Ministerio implica unos compromisos específicos. “Su compromiso es visibilizar que se trata de un evento apoyado por el Programa Nacional de Concertación. Este año, en acuerdo con Corferias, establecimos la figura de devolución para los independientes, para apoyarlos”, afirma el ministro.

La política del libro, una discusión pendiente

Pese al uso de dineros públicos, la FILBo no provee información disponible a la ciudadanía sobre sus usos y el modo en que se reparten las ayudas. Tampoco hay claridad de si otras instituciones públicas también aportan. Esto lleva a que para algunos actores del sector sea confuso el funcionamiento de la feria y sus recursos.

Justamente, esto ha llevado a una nueva discusión alrededor de la Ley del libro y del rol de la Cámara con relación a la edición independiente, así como el papel del Estado en la política cultural del libro. El debate pasa por los costos para participar en FILBo, así como las condiciones de afiliación a la Cámara para las editoriales que están iniciando. La reciente creación de la Cámara Colombiana de la Edición Independiente (CCEI) es síntoma de ello.

“En la CCEI hemos manifestado que no tiene sentido que una multinacional, por ser afiliada a la CCL, pague una tarifa de metro cuadrado menor a la que paga una editorial independiente que no está afiliada”, dice González, que además de ser editor de Laguna Libros, es director de la CCEI.

El ministro Correa coincide con la necesidad de abrir las preguntas: “Creo que deben discutirse temas como el precio del metro cuadrado para todos los editores con el mismo rasero y el uso de los recursos que obtiene la Cámara, que deberían ser públicos, como los estados de cuenta de las cámaras que rinden cuentas a sus afiliados”.

La discusión no es sobre la legitimidad de la CCL. Es claro, dice Nicolás Morales, editor de la Universidad Javeriana, que ella “ha tenido, por la ausencia también del Estado, un rol importante y una definición en la política cultural del libro”. Tampoco sobre sus logros. En palabras de González: “La CCL tiene un equipo de ferias que es bastante recursivo y eficiente y realiza una feria que, aunque tiene muchas cosas por mejorar, siempre es lo suficientemente exitosa en términos de asistentes y retorno económico”.

El debate que plantean editores como Felipe González, entonces, es sobre una política pública del libro. Sobre esto, explica Correa: “Para este tipo de discusiones hemos creado el Consejo Nacional del Libro y la lectura que será la máxima instancia de decisión del sector en Colombia. Además propondremos reformas a la Ley del Libro de 1993, dentro de la Reforma a la Ley General de Cultura de 1997 que presentaremos en julio de este año”.

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