Las madres cabeza de familia que luchan por liberar el centro de Colombia de minas antipersona

Con un sol de 33 grados, Leanis Garizao y Tatiana Patiño se arrodillan frente a la maleza para encontrar trampas explosivas bajo las tierras del municipio de Puerto Concordia, en el departamento del Meta, en las llanuras al oriente de Colombia. Con cascos y chalecos de protección, las jóvenes madres, de 21 y 26 años, remueven la vegetación para poder deslizar detectores de metales.

“Queremos quitar las marcas de la violencia”, señala Patiño, mientras el sudor cae detrás del visor de su casco. Desde hace cuatro meses ella y Garizao, se unieron al equipo de desminado humanitario de 37 personas en Puerto Concordia. Una iniciativa de la ONG Humanity & Inclusion (HI) para desvanecer el rastro de la guerra de los llanos orientales de Colombia, compuesta mayoritariamente por mujeres.

La mayoría de las 22 mujeres del grupo son madres de la región y cargan todo el peso de sus hogares. “Mi motivación para estar a pleno rayo de sol, arrodillada y con las manos llenas de tierra, son mis hijos”, enfatiza Patiño, que vive sola con Juan Diego y Guadalupe, de dos y siete años. Ella y Garizao se capacitaron juntas para despejar áreas con sospecha de minas. Ambas pueden detectar la ubicación de los artefactos, pero solo una mujer puede neutralizarlos y evitar detonaciones.

Se trata de Farid Carrillo, la única persona del equipo acreditada para desarmar los explosivos. La líder de 36 años es una de las 9 mujeres de HI en Colombia que sabe controlar desde un arma de fabricación casera hasta una granada de uso militar. En el último año, ha desactivado cinco artefactos en fincas de la región, y, a su cargo, el equipo ha liberado cerca de 600 metros cuadrados del riesgo de minas.

A expensas de los fantasmas de la guerra

La labor de estas mujeres es esencial. En el Meta, el conflicto ha desplazado a más de 239.000 personas, y ha dejado el 9,9% de las 12.380 víctimas de minas antipersona en Colombia, según cifras del Gobierno. Es precisamente la imagen de las víctimas lo que motiva el trabajo de las mujeres. “No quiero volver a ver niños con las piernas amputadas”, sentencia Carrillo, quien desde hace siete años se dedica al desminado humanitario con HI. Al igual que Garizao y Patiño, empezó despejando los suelos de rodillas.

Esa labor de mujeres y hombres en 19 zonas de 5 de los 32 departamentos del país, le ha permitido a la organización liberar más de 340.000 metros cuadrados desde 2017 y acabar con 447 artefactos explosivos. Según la oficina del alto comisionado para la Paz, entre el Ejército de Colombia y los actores humanitarios, hasta 2023 se han liberado casi 13 millones de metros cuadrados de terreno y se han eliminado 8.900 dispositivos mortales. A pesar de esos avances, la lucha contra el conflicto aún no cesa.

Pese a que ya no hay combates entre la guerrilla, los paramilitares y la fuerza pública que obliguen a Carrillo a cubrir con colchones las paredes de su casa, ni a Patiño a esconderse debajo del pupitre de la escuela como sucedía hace unos 15 años, la tensión persiste. De hecho, el Foro de oenegés humanitarias de Colombia señaló que los grupos armados han bloqueado más de 70 veces las acciones de organizaciones como HI en 50 municipios del país, solo durante el primer semestre de 2023.

Para evitar esos choques, la oenegé emplea personas que sirven como puente entre los trabajadores y los locales. Mery y Janeth son madres y líderes comunitarias que sensibilizan a los campesinos acerca del peligro de las minas, al tiempo que abren paso a HI en los caseríos. Su intervención permite que Garizao y Patiño alternen las labores de despeje con visitas a los habitantes para obtener información de primera mano sobre la posible localización de los artefactos.

Esa labor le permitió al equipo desenterrar una granada y un cargamento de municiones a 300 metros de la casa de un campesino, hace apenas un mes. Además, el acercamiento hizo que Jhon García, un ganadero de la zona, notificara a HI sobre la presencia de un explosivo casero en los matorrales de su finca. Ninguno de los dos beneficiarios habló de la procedencia de los objetos. Un silencio que la ONG respalda. “Muchas veces la información es más peligrosa que el artefacto explosivo” asegura Carrillo, con la prudencia de alguien que ha visto los horrores del conflicto.

Las trabajadoras de HI visitan las viviendas de las zonas rurales de Puerto Concordia para recabar información sobre sospechas de la presencia de artefactos cerca de sus casas.

Jhon García es un campesino de la región que fue beneficiario del programa de desminado de HI, hace un par de meses. El equipo retiró un dispositivo improvisado de fabricación casera que el hombre encontró entre la vegetación, a unos 50 metros de su hogar

En sus visitas a los hogares, las desminadoras repasan las cicatrices de violencia que tienen los metenses. “Una señora nos contó que vivió en una finca en la que siempre tenía que pisar los mismos puntos porque nunca se sentía segura”, comenta Garizao, que llegó al departamento en desde el caribeño departamento de Córdoba en 2012, cuando era una niña. En 2001, mucho antes del arribo de su familia a la vereda de Pororio, el caserío fue destruido por los paramilitares y la mayoría de personas abandonaron sus casas. Ahora, en el Pororio que dejó la guerra, vive con su madre y su hijo José Alejandro, de tres años.

Una esperanza a medias

Garizao y Patiño se sienten orgullosas de su trabajo. “Me gusta lo que hacemos porque da tranquilidad a las personas y ayuda a quitar la creencia de que Colombia no es un país seguro”, concluye la madre de Juan Diego y Guadalupe. Pero esa creencia sigue viva, porque el conflicto, mutado, aún está vivo.

“La guerra no ha terminado y lamentablemente todo el territorio sigue siendo sospechoso”, sostiene Arturo Bureo, director de HI para Colombia. Pese a que la oenegé recalca haber liberado 3 de los 406 municipios que el Gobierno clama como libres de minas, nadie tiene la certeza de que las amenazas explosivas no vuelvan a aparecer — además de que las cifras señalan que hay más de 700 municipios que no están libres de esa amenaza.

Por ahora, en Puerto Concordia sigue siendo terreno vedado la zona que se conoce como “margen derecho”, por esa orilla del rio Ariari. “Allá no hemos entrado mucho. Las cosas son diferentes”, expone Carrillo, sin dar detalles. Nadie habla de grupos armados con nombre propio ni de las tierras prohibidas, porque ahí residen las heridas abiertas de la guerra. Una guerra que Leanis Garizao y Tatiana Patiño no quieren ver padecer a sus hijos.

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