Las heridas abiertas de la guerra

Este martes, en menos de cuatro horas, se produjeron dos noticias que muestran la hondura de las heridas de una guerra que ha asolado Colombia, con altas y bajas, por décadas. De un lado, una juez de la ciudad de Nueva York (Estados Unidos) condenó a Dairo Antonio Úsuga, más conocido como Otoniel, a 45 años de prisión por narcotráfico. De otra, la justicia transicional creada en la negociación con los paramilitares en 2005 expulsó a uno de los comandantes, Hernán Giraldo, porque siguió delinquiendo tras negociar con la justicia: refrendó por qué es visto como una de las pruebas de la degradación del conflicto armado cuando cometió violencia basada en género contra cuatro menores de edad en 2007 y 2008, mientras estaba recluido en cárceles colombianas.

Después de 18 años de una desmovilización masiva de los grupos ilegales conocidos como paramilitares -una amalgama criminal de ejércitos de narcotraficantes, acaparadores de tierras y autodefensas campesinas, entre otros-, las heridas que dejaron en Colombia siguen abiertas. Tanto Úsuga como Giraldo son prueba de ello, de décadas de vida envueltas en las violencias, de cómo los conflictos rurales se han alimentado unos a otros, en lo que expertos como Francisco Gutiérrez Sanín han llamado diferentes olas o ciclos de violencia. Como escribe la periodista María Teresa Ronderos, se trata de guerras recicladas.

Giraldo, por ejemplo, nació en uno de los departamentos más asediados por la suerte de guerra civil no declarada entre liberales y conservadores a mediados del siglo XX, conocida como La Violencia (así, con mayúscula y sin nombre). Estudió hasta segundo de primaria, cuando su familia abandonó la zona por el conflicto. Campesino sin tierra, migró al Caribe, a las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Allí llegó en 1969 como jornalero; tuvo éxito económico aprovechando la bonanza de producción y exportación de marihuana en la zona, y empezó a comprar fincas. Luego llegó la guerrilla de las FARC, hoy extinta, y Giraldo se les enfrentó. En un atentado de la guerrilla, en 1986, murieron su hijo y su yerno, y Giraldo se convirtió, de tiempo completo, en jefe paramilitar. Con el narcotráfico como fuente de ingreso y la suma de reclutamiento voluntario y forzado, creó una organización, que luego afilió a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con las que se desmovilizó en 2005. Ese mismo año fue extraditado a Estados Unidos, por narcotráfico, junto con su hermano y su socio, Jesús Antonio.

Justamente, Úsuga es heredero directo de ese intento por unificar y llevar a todo el país a los grupos paramilitares que se llamaron Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Nació en el Urabá, una zona violenta, de reciente colonización y muchos conflictos por la tierra, en una familia campesina. A los 16 años ingresó, con su hermano Juan de Dios, a la guerrilla maoísta del Ejército Popular de Liberación (EPL). Como muchos otros miembros del grupo, tras la paz firmada en 1991 terminó engrosando las filas paramilitares de la región, organizadas por los hermanos Carlos y Vicente Castaño a mediados de esa década. Úsuga se ganó la confianza de Vicente, creció en las filas paramilitares y se negó a desmovilizarse con las AUC, en 2005. Con su hermano y otros jefes heredó el control de rutas de narcotráfico, armas, hombres curtidos en la guerra, y la continuó. Tras la muerte de su hermano en una operación de la Policía el primero de enero de 2012, quedó como cabeza única de un grupo que ha sido llamado Los Urabeños, Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o el Clan del Golfo, que se expendió aprovechando vacíos de poder de otros grupos y combatiéndolos directamente. Terminó capturado en la frontera con Panamá a finales de 2021, en una operación aplaudida por el entonces presidente Iván Duque. Meses después, en mayo de 2022, fue extraditado por Duque a Estados Unidos.

El paralelo entre los dos va más allá. Ambos fueron extraditados a Estados Unidos por gobiernos de derecha. Giraldo en 2008, cuando de manera intempestiva el presidente Álvaro Uribe envió a la potencia norteamericana a 15 líderes desmovilizados de las AUC, acusándolos de seguir participando en el narcotráfico desde sus centros de reclusión, en los que esperaban las penas favorables negociadas con el mismo Uribe y que determina una justicia especial, conocida como “justicia y paz”. Úsuga en 2022, cuando Duque decidió que debía enfrentar procesos en Estados Unidos por narcotráfico, antes que cumplir con las 6 condenas y seguir los 122 procesos penales que tenía abiertos en Colombia.

Tanto Giraldo como Úsuga han dejado atrás miles de víctimas que siguen exigiendo justicia. El primero es uno de los más claros de deshumanización de la guerra. Tras cumplir una pena de ocho años de cárcel en Estados Unidos, regresó deportado en 2021. Dos años antes, la Sala de justicia y paz del Tribunal de Barranquilla lo había condenado a 40 años de cárcel, la mayor pena existente en Colombia, junto con otros miembros de su grupo, por una variedad de delitos que incluyen el reclutamiento forzado, los asesinatos, la desaparición y el desplazamiento forzado, la financiación ilícita y, sobre todo, la violencia basada en género. “La violencia sexual ejercida por el entonces comandante del mal llamado Bloque Resistencia Tayrona, Hernán Giraldo Serna, constituyó, además de la satisfacción de sus deseos sexuales, una estrategia de control social”, se lee en una sentencia que suma 9.166 páginas.

Las heridas que causó Giraldo, de quien se calcula que dejó unas 67.000 víctimas, son particularmente fuertes entre decenas o centenares de mujeres. Se estima que tuvo cerca de 35 hijos, muchos de ellos como consecuencia de violaciones sexuales. La Fiscalía ha asegurado que la mayoría de estas madres fueron abusadas por Giraldo siendo menores de 14 años. La más joven habría quedado embarazada a los 12 años. Y este marte fue expulsado porque la Fiscalía logró demostrar que Giraldo cometió delitos de violencia basada en género contra cuatro menores de edad, entre 2007 y 2008, cuando se encontraba en cárceles colombianas.

“Tenía 15 años, yo llegué a Santa Marta y ahí me encontré a una mujer. Ella me pidió que me quedara con ella haciendo los oficios de la casa y cuidando a los niños y las niñas, y ella a cambio me ayudaba con los estudios, me daba vivienda y me compraba las cosas personales que yo necesitaba”, narra una de sus víctimas. “Un día ella me dijo: vas a ir tú, tú vas a acompañarme a la cárcel hoy”. Una vez allí, tuvo por primera vez de frente a El Patrón. “Él empezó a quitarme la ropa y tuvo relaciones conmigo en esa cama que había ahí, y recuerdo que yo lloraba y pensaba que se iba a morir encima mío y a mí se me salían las lágrimas y yo solo decía: Dios mío, ayúdame porque éste hombre se va a morir encima de mí”, dice uno de los testimonios que recogió la Fiscalía.

En el caso de Otoniel, sus víctimas incluyen todo tipo de delitos -asesinatos, terrorismo, secuestro, delitos sexuales, minería criminal, y sigue-, por lo que intentaron evitar la extradición con plantones y acciones legales. Como Giraldo, entre el rastro de sangre que dejó están centenares de mujeres, tanto víctimas de su red internacional de trata de personas como menores violadas por él. Entre las múltiples heridas de la guerra, siguen abiertas las de estas mujeres que no han encontrado, hasta ahora, verdad ni reparación. Heridas que se suman a las de las víctimas de los otros delitos cometidos por Giraldo, por Otoniel y por muchos otonieles más.

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