La paz incierta y la violencia en auge frenan la búsqueda de los desaparecidos en Colombia

Los desaparecidos en Colombia son tantos que ni siquiera hay consenso en las cifras. La Unidad de búsqueda para las personas dadas por desaparecidas (UBPD), creada en el Acuerdo con las FARC, estima que podrían ser más de 100.000 los desaparecidos por el conflicto armado. Otras oenegés estiman que la cifra alcanzaría los 200.000. Entre esos miles, están el papá y el tío de Ángela Cordón. Ambos fueron secuestrados por el Bloque Oriental de las FARC en el Meta en 2003 y los desaparecieron en las sábanas del Yarí, en Caquetá. Gracias a los diálogos con esa extinta guerrilla, ella y su familia revivieron la expectativa de encontrarlos. Pero el recrudecimiento del conflicto armado en los últimos años no les ha permitido recuperar los cuerpos.

La historia de Ángela revela un obstáculo creciente en la titánica tarea de encontrar a los desaparecidos, porque los conflictos armados han ido creciendo y saliéndose de control. Los integrantes de la Corporación Reencuentros -todos firmantes de paz en 2016- lo han vivido de primera mano. Desde que decidieron agruparse en esa labor hace cinco años han tenido que sortear numerosos retos, principalmente en términos de seguridad. Del centenar de exguerrilleros que componen el equipo, al menos 20 han sido amenazados u hostigados en sus tareas de búsqueda en diferentes zonas del país. En el último incidente, a una de las buscadoras le hurtaron un disco duro con información, saqueando su casa en Bogotá. Y el pasado 31 de julio, en el municipio de Pradera (Valle del Cauca) varias de ellas y funcionarios de la UBPD que las acompañaban fueron retenidos por personas armadas, que les robaron equipos electrónicos y las camionetas en las que se desplazaban.

Para John León, director de Reencuentros, son hechos graves que generan temor en el equipo y trabas en lo que han logrado. Por ejemplo, en el caso de Ángela Cordón, “se avanzó en un plan de cómo se llega al sitio, cuántos días se tarda y qué se necesita, y se dialogó con las comunidades. Hasta hubo un ofrecimiento de un helicóptero”. Pero la creciente presencia de grupos ilegales en el Yarí detuvo el proceso hace más de tres años. “No hemos podido ir porque los actores armados que operan en la zona no dejan o porque no hay luz verde por parte del gobierno. Estamos esperando que habiliten corredores humanitarios que permitan que esa misión humanitaria se pueda desarrollar, si no es así, nadie se va a exponer”, agrega León. Historias como la de los Cordón se multiplican en medio de la incertidumbre y el riesgo que implica hacer prospecciones, en particular en departamentos que ya fueron centro del conflicto, como Putumayo, Meta, Caquetá, Caldas, Antioquia y Cauca.

Un panorama igual de desesperanzador es el que encuentra la Corporación Jurídica Libertad, otra organización de búsqueda. Adriana Arboleda, coordinadora del Área de Víctimas, lo explica: “después de la firma del Acuerdo, el conflicto armado se incrementó. Entramos en un ciclo de violencia con las disidencias, con el paramilitarismo, y eso afecta la búsqueda porque no es fácil moverse en el territorio, las víctimas siguen teniendo temor a entregar información, incluso en vez de encontrar los cuerpos hay estrategias de ocultamiento”, señala.

La preocupación se intensificó hace un mes a raíz de un panfleto firmado supuestamente por las Águilas Negras, el primero que dirige directamente sus intimidaciones a los buscadores. “Sentencia de muerte a los guerrilleros, abogados y colaboradores del fracasado Proceso de Paz. No le permitiremos respirar más, por lo tanto, a colaboradores que, disfrazados de buscar campos minados y supuestos cuerpos desaparecidos, engañan al país”, dice la amenaza.

En manos de la incertidumbre

Para los buscadores, el descanso no es una opción. Por eso, en una carta fechada el 26 de abril, Ángela Cordón exigió respuestas a la Oficina del alto comisionado para la paz: “En representación de la organización de mujeres y familiares desaparecidos del Huila, me dirijo a usted con el fin de solicitarle participación directa en las mesas de diálogos que se llevarán a cabo el día 16 de mayo de 2023 en la zona del Yarí, entre el estado mayor de las Farc y el gobierno colombiano”, le pide a Danilo Rueda.

Este llamado ha sido una constante desde oenegés y familiares de desaparecidos, que han buscado en numerosas ocasiones que se establezcan medidas para avanzar en la búsqueda de desaparecidos, no solo para encontrar los cuerpos, sino para detener la desaparición, que sigue siendo una tragedia imparable. Así lo demuestran datos oficiales de Medicina Legal, que indican que en los últimos cinco años han desaparecido más de 22.000 personas.

Para Diana Arango, del centro forense Equitas, el problema es estructural y por eso mismo necesita con urgencia una solución integral. “Desde el punto de vista técnico y forense estamos corriendo contra el tiempo, pues entre más se dilate la entrada de esos territorios vedados por la violencia, más difíciles van a ser las recuperaciones”, explica. Cada día que pasa, además, es un golpe emocional para las familias. “La imposibilidad de cerrar los duelos es lo que hace el delito de desaparición tan monstruoso porque las mantiene en vilo constante y no les permite transitar hacia mecanismos de sanación y reparación”, argumenta la experta.

Arboleda coincide, y agrega que en muchos casos de desaparición forzada, entre más demora, más tiempo para que los victimarios borren los rastros. “Esas estrategias se mantienen. Por ejemplo, en el cementerio de Dabeiba notamos que los paramilitares habían llegado a un acuerdo con el párroco para pintar de blanco las fosas, con lo que habían borrado información. Hay víctimas que nos manifiestan que en sitios donde saben que había cuerpos, ya no están. En la comuna 13 de Medellín hay testimonios de que cuerpos han sido tirados al río. Justamente por eso es que hemos presionado para avanzar en la intervención de esos lugares y lograr la recuperación”, recuenta.

Para Cordón, la respuesta de la Oficina del alto comisionado no resolvió la incertidumbre, ya que muchos de los procesos de ‘Paz Total’ que ha iniciado Petro con grupos armados ilegales han tenido un ritmo pasmoso o están apenas en los primeros acercamientos, lo que significa que entrar a buscar el cuerpo de su tío y de su padre todavía no es opción. Otro claro ejemplo han sido las conversaciones con el Estado Mayor Central o la Segunda Marquetalia. En mesas con más progreso como la del ELN que inició recientemente un cese al fuego bilateral y que tiene un papel clave en zonas de alto interés forense como Norte de Santander, pero donde aún no se tienen certezas pese a que es un tema recurrente en reuniones entre el Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación, la Oficina del alto comisionado de paz y la UBPD.

Tras la posesión de Luz Janeth Forero como directora de la Unidad en abril, ha mejorado el funcionamiento de las mesas de diálogo y se ha afinado su carácter humanitario, Según testimonios de varias fuentes que han participado de esas reuniones. No obstante, los buscadores esperan lograr resultados concretos, “que se reconozca el derecho de las víctimas a la justicia, al esclarecimiento histórico, a la reparación. Las víctimas expresan que en la desaparición forzada la reparación tiene que ver con la búsqueda como una obligación del Estado”, puntualiza Arboleda de la Corporación Jurídica Libertad.

Entre tanto, ninguna de las cinco buscadoras con las que conversó este diario piensan rendirse, ni siquiera ante los grupos armados ilegales. Muchas han tomado sus propias medidas de seguridad y se han arriesgado. Pues, como resalta Cordón, es una lucha heredada, que ella recibió de su mamá y su mamá de su abuela. Son tres generaciones que han buscado cerrar un duelo y darles a sus seres queridos, aunque décadas después de su muerte, “una cristiana sepultura”.

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