La ausencia de ministros en Cartagena empaña el despegue del nuevo club fiscal latinoamericano

Ningún ministro de Hacienda de la región acompañó a su homólogo colombiano, Ricardo Bonilla, durante la puesta en marcha de la primera plataforma fiscal latinoamericana celebrada este jueves y viernes en Cartagena de Indias. Ni siquiera los jefes de cartera de Chile y Brasil, los otros dos Estados promotores del proyecto, llegaron a la reunión en el balneario colonial. Otros actores importantes como Argentina no enviaron ni siquiera a un delegado oficial. Y México, República Dominicana, Panamá o Paraguay aplazaron, por lo pronto, la firma del acuerdo que abre las puertas a un foro de debate y ejecución de reformas conjuntas al andamiaje tributario de la zona.

Esa atonía política le ha quitado fuerza a una iniciativa que ha sido valorada como positiva por diversos actores. Más aún tratándose de una región que cuenta con sistemas fiscales “diseñados para recaudar poco y recaudar mal”, como afirma el exviceministro de Hacienda uruguayo Pablo Ferreri. Sostiene que el recaudo promedio regional como porcentaje del PIB en 2021 fue de 21,7%, muy inferior al 34,1% de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un club de 27 países desarrollados que suele servir como referencia (Colombia, Chile, México y Costa Rica forman parte del organismo).

De hecho, aún no se ha sellado la adhesión al acuerdo de Brasil, la economía más grande de la región. El secretario de política económica presente en Cartagena, explicó a este diario una fuente del Gobierno colombiano, carecía de atribuciones para refrendar el pacto. Por eso aún se espera una declaración firmada enviada desde Brasilia a través de valija diplomática. El etíope-alemán Dereje Alemayehu, director de la Alianza Global para la Justicia Fiscal, admite por teléfono desde la costa Caribe colombiana que el modesto nivel de los representantes políticos participantes es señal clara de que muchos países aún no han “priorizado temas de tributación internacional y cooperación regional”.

Por eso son pocas las novedades formales que los asistentes han resaltado tras dos días de encuentro, más allá de una convocatoria novedosa celebrada de antemano como una declaración de principios. “El representante de Guatemala dijo, textualmente, que están despolitizando la política fiscal”, recuerda el argentino Adrián Falco, director de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe. Sus palabras aluden a la ausencia de los responsables de las carteras de finanzas y economía. Y reitera que la política regional “no se ha sentado a la mesa, muchos países carecían incluso de información sobre la cumbre para tomar una decisión sobre el acuerdo”. Dentro de la lista de funcionarios presentes solo participaron tres viceministros (Paraguay, Bolivia y Perú). Falco se vale de la actitud del delegado chileno como termómetro para medir el nivel de entusiasmo: “Dijo que a lo mejor en seis meses, o probablemente el año que viene, se podrían celebrar las próximas reuniones para poner finalmente en marcha esta plataforma”.

El sociólogo costarricense Jorge Coronado, experto en temas fiscales en Centroamérica, coincide en que los avances no han sido sustanciales. Por un lado, lamenta la omisión absoluta de representantes del Caribe anglófono, donde se concentra un puñado de opacos paraísos fiscales como Bahamas, Bermudas o las Islas Caimán. Pero, por el otro, celebra que se hayan sentado los pilares de una estructura con una “presidencia pro tempore, una secretaría técnica y unos grupos de trabajo”. Colombia ha asumido, precisamente, la primera presidencia temporal de la nueva plataforma, y la CEPAL se pondrá al frente de la secretaría técnica (otro signo favorable en opinión de muchos que reconocen el aporte técnico de esta comisión de la ONU).

Pero en contra de lo que el experto en desarrollo Alemayehu esperaba, poco o nada se ha profundizado en materia de contenidos: “Hay temas que no dan margen de espera para un proceso de consultas”. Se refiere al marco propuesto por la OCDE para aplicar un impuesto global mínimo de sociedades del 15% a los beneficios de una lista de entre 86 y 100 grandes multinacionales. La receta, a juicio de Alemayehu, va en “detrimento de los intereses de los países en vía de desarrollo y se habría podido discutir una posición común para reforzar la solidez de sus derechos tributarios”.

La idea de crear un nuevo club latinoamericano, así sea puntualmente para asuntos tributarios internacionales, recuerda otros intentos fallidos o notablemente amargos de unificar posturas. Alinear a un grupo de naciones con poco pegamento diplomático, e infinidad de urgencias domésticas, supone un reto pendiente. Pero más de una fuente intuye que en el caso de esta plataforma fiscal, los promotores se han lanzado al agua con algo de premura: “Nos preocupa la falta de contenido de la declaración”, manifiesta el costarricense Coronado, “no hay una posición política, no se aborda ningún tema urgente como la evasión o la elusión, las exoneraciones fiscales injustificadas”.

El sociólogo argentino Falco puntualiza que al final solo llegaron los representantes de 13 de los 16 países que los organizadores publicitaron en los comunicados de prensa. Y añade que los delegados de dos de los asistentes, México y Haití, ni aportaron ni confirmaron su adhesión al nuevo foro, y se mostraron reacios frente a la naturaleza de algunos puntos que se priorizaron, como la tributación ambiental o la progresividad, para discutir en un futuro.

Alemayehu indica, en un orden más histórico, que los cimientos de la estructura tributaria mundial se moldeó en base a las necesidades coloniales de los países desarrollados y por eso se debería impulsar una transformación en un mundo digital y globalizado: “El sistema internacional se creó hace más de un siglo, cuando muchos de los países no eran independientes y otros ni siquiera existían. Hoy el cambio suena simple, pero resulta complejo: a nivel doméstico los países deben gravar más a los que tiene mayor capacidad adquisitiva y redistribuir el recaudo. A nivel regional debe haber cooperación entre países para que las políticas tributarias de una nación no erosionen el recaudo de las otras”.

Y remata que en un plano global se deben reformar las normas internacionales para que los capitales transnacionales paguen impuestos sobre sus beneficios en los países donde operan, no donde registran sus actividades financieras: “Yo sé que poner de acuerdo a países tan diversos es muy complicado, y soy consciente de que estos temas no tienen soluciones que se puedan abordar en dos días. Pero creo que esta era una buena oportunidad para reaccionar y actuar como un colectivo”.

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