Latinoamérica formaliza en Cartagena una plataforma fiscal conjunta para frenar la inequidad

Tres de las mayores economías de Suramérica (Chile, Colombia y Brasil) han congregado, este jueves en Cartagena de Indias, a funcionarios y ministros de Hacienda de una quincena de países latinoamericanos para concretar una plataforma regional conjunta que permita abordar los desafíos que hoy supone un panorama económico mundial en cabeza, entre otros, de los gigantes tecnológicos (Netflix, Spotify o Amazon). Se trata de una acción conjunta inédita, que incluye como firmantes a las otras tres grandes economías de la región (México, Argentina y Perú) para discutir y armonizar la reforma de algunas falencias en la estructura fiscal de un conjunto de naciones que configuran una de las zonas más desiguales del mundo en la distribución de su riqueza.

El debate sobre una tasa de gravamen corporativo a nivel mundial viene de tiempo atrás y los desbarajustes sociales heredados de la pandemia han hundido el acelerador. Las grandes economías del mundo ya han alcanzado acuerdos recientes para gravar con un mínimo del 15% a los beneficios de las tecnológicas y otras grandes empresas transnacionales en estos países. El exministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Ocampo, quien desde ese cargo lideró la preparación de la cumbre, recordaba en un artículo publicado esta semana por el diario El Tiempo de Bogotá, que el aterrizaje y consolidación de la economía digital ha facilitado las cosas para que las grandes fortunas y corporaciones se sirvan de más “sociedades fantasmas” en paraísos tributarios y así pagar una “ínfima parte de lo que les corresponde”.

Es bien sabido que tecnológicas como Google, Facebook o Amazon han pagado impuestos durante años en jurisdicciones e islas con tasas impositivas muy bajas donde, además, radican sus sedes financieras, y no en los lugares donde venden y producen. No en vano, el encuentro en Cartagena de Indias ha sido llamado la Primera Cumbre de Latinoamérica y el Caribe para una tributación global incluyente, sostenible y equitativa. Desde la organización han explicado que el nuevo foro servirá como canal de diálogo para desarrollar políticas fiscales internacionales y regionales más inclusivas. De acuerdo con un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, para 2020 el 10% de las personas con mayores ingresos en la región ganaba 22 veces más que el 10% más pobre. El 1% más rico, a su vez, acapara el 21% total de los ingresos.

Por eso la agenda, impulsada por los tres países convocantes, que están gobernados por mandatarios con agendas progresistas, pone sobre la mesa temas como la tributación ambiental, la progresividad en estructuras que han sido regresivas e incluyen un amplio menú de prebendas para corporaciones y rentas altas, o, finalmente, la distribución de los poderes económicos mundiales como las ya mencionadas multinacionales.

El pacto está pensado para una era digital que, en muchos aspectos, no ha hecho si no ensanchar las desigualdades de América Latina. De hecho, un informe del Fondo Monetario Internacional de 2015 señala que la región pierde alrededor del 1,5% del PIB por cuenta de la baja tributación de las grandes corporaciones y rentas más altas de capital, ya sea mediante evasión directa o a través de estrategias más sofisticadas de elusión. La cifra ya es preocupante, aunque se queda corta frente al 6,1% del PIB total que arrojan estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En todo caso, la evasión y elusión de impuestos se ha traducido, según informes de diversas agencias multilaterales, en arquitecturas estatales desfinanciadas a la hora de proveer servicios básicos.

La propuesta es un avance en la misma senda de los países del G-7, el club de los Estados más poderosos del mundo, que desde 2021 viene tejiendo una serie de acuerdos para poner freno a las ventajas fiscales de las grandes corporaciones y robustecer la recaudación para sus planes de reactivación económica. En el caso latinoamericano, 50 organizaciones de la sociedad civil han participado en la cumbre y han formulado una batería de 10 reformas para la región. Entre ellas sobresale la de reforzar los mecanismos de transparencia, así como también incorporar un enfoque de género que elimine las “discriminaciones” en las políticas fiscales.

El Ministro de Hacienda colombiano Ricardo Bonilla, sucesor de Ocampo y anfitrión entusiasta de la cumbre, recordó durante el discurso de apertura del encuentro que la progresividad tributaria, que garantiza la participación y distribución equitativa de una sociedad, es un instrumento invaluable para amortiguar la concentración y la desigualdad que se ha acentuado en el mundo: “No se trata solamente de que las nuevas actividades económicas generen nuevos ingresos. Es que esos mayores ingresos también se repartan justamente”, aseguró. El asunto, añadió, está asociado con la idea extendida entre múltiples gobiernos durante los últimos años de que había que hacer “concesiones inadecuadas” a las empresas bajo el pretexto de que era la mejor forma de incentivar la inversión: “Eso le hizo daño a todos los países receptores. Solo están ganando los países de origen. O los países sede”.

La cumbre ha contado con el acompañamiento de la CEPAL, y dentro de los signatarios del acuerdo figuran prácticamente todos los Estados latinoamericanos. Sin embargo, la Venezuela del dictador Nicolás Maduro, cuyo sistema financiero se ha acercado más en los últimos tiempos a los intereses del banco central ruso que al de sus vecinos, ha estado ausente.

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