Judith Pinedo, absuelta tras dos años en la cárcel, se lanza a la alcaldía de Cartagena

Conocida como Mariamulata, un ave representativa del Caribe colombiano, Judith Pinedo busca repetir la proeza que logró en 2008, cuando llegó a la Alcaldía de Cartagena tras recoger firmas, rechazando el aval del Partido Liberal y derrotando a los políticos tradicionales de la región. Esta vez lo hace con un aire renovado, con su pelo crespo —dice que en la cárcel no había manera de alisarlo— y haciendo el anuncio de su regreso a la vida pública a través de sus recientemente abiertas cuentas de Instagram, Facebook y Tik-Tok.

En su primera publicación, este jueves, anunció que empezará a recolectar firmas, una suerte de anuncio de su interés de presentarse como candidata en las elecciones que se realizarán en octubre. Decide, de nuevo, no llevar la bandera de ningún partido sino volver a presentarse por voluntad ciudadana, “para tener un gobierno de cartageneros y cartageneras independientes, sin ataduras. Solo con la atadura de servirle a la ciudad, de amar la ciudad, de ser valientes por la ciudad”, según explica en el video que ha difundido en sus redes.

Con un día al aire y apenas tres publicaciones, Pinedo ya cuenta con miles de seguidores en sus cuentas. Los cerca de dos años que permaneció detenida por una decisión judicial que luego fue revocada por la Corte Suprema de Justicia no la condenaron al olvido; sigue siendo una de las figuras más populares entre los cartageneros. “Yo no tenía privilegios de tener dispositivos para informarme de lo que pasara por fuera. De manera que estoy bastante desactualizada”, cuenta en una entrevista con El Universal, diario de su ciudad y en el que cada miércoles solía publicar una columna.

Pinedo ingresó en abril de 2021 a la cárcel distrital de mujeres ubicada a las afueras de Turbaco, por una decisión del Tribunal Superior de Cartagena que la había condenado a 12 años y cinco meses de prisión por supuestamente vender a un privado parte de una playa que era considerada un bien público en la zona turística de El Laguito. Se trataba de un lote de 243.75 metros cuadrados que vendió el Distrito de Cartagena al Hotel Dann.

Tras una denuncia del concejal William García Tirado, en 2011 la Fiscalía la imputó, al igual que a cuatro personas más, por los delitos de peculado por apropiación y celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, bajo el argumento de que se trataba de una playa que no podía ser vendida, por lo que se había defraudado al patrimonio y a la Administración Pública.

En su defensa, la entonces alcaldesa indicaba que había vendido dicho terreno porque el Concejo había establecido que la única fuente para financiar viviendas de interés social era la venta de baldíos. Ese era uno de sus objetivos de Gobierno: construir casas en una de las ciudades con mayores índices de desigualdad y pobreza en el país. El Concejo Distrital, además, le había otorgado previamente facultades a la Alcaldía para enajenar dichas propiedades.

Pese a que un juez de primera instancia falló a su favor, la decisión fue apelada y el caso llegó a manos del Tribunal Superior de Cartagena, que revocó la sentencia y la condenó. Fue entonces cuando, además de a la cárcel, se enfrentó a pagar una multimillonaria multa y a la imposibilidad de volver a ejercer un cargo público. Previamente, durante su mandato, ya había estado en riesgo luego de que el Tribunal Administrativo de Bolívar anulara su elección con el argumento de que estaba inhabilitada porque su esposo había sido Defensor Regional del Pueblo cuando ella lanzó su candidatura. Esto, tras una denuncia interpuesta por su contrincante, Juan Carlos Gossaín. En ese momento el Consejo de Estado intervino y la mantuvo como alcaldesa.

Esta vez fue la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la que el 15 de marzo se pronunció a su favor. La sentencia desvirtúa que el lote vendido fuera una playa de uso público e indica que ya venía siendo ocupado por la cadena de hoteles. En el dictamen también se descarta que la venta hubiera sido por un valor artificialmente bajo, un argumento utilizado para decir que Mariamulata había atentado contra el patrimonio público: “Por sus particulares condiciones no era equiparable al valor de los inmuebles urbanizables en el sector aledaño al hotel Dann de Cartagena, que ya lo estaba usando”.

Una vez en libertad, para poder lanzarse como candidata debía resolver otro asunto: pagar una sanción diferente, por 67 millones de pesos (unos 15.000 dólares) por una calle que no se construyó. Aunque se especuló que el actual alcalde de Cartagena, William Dau, había hecho el pago, ya que ha manifestado públicamente que considera que ella puede continuar con su proyecto, posteriormente se aclaró que quien pagó dicha suma fue la aseguradora Seguros del Estado. Levantada la inhabilidad tras el pago de la multa, Pinedo se sintió libre de abrir redes sociales y anunciar frente a una cámara que “ser valiente es levantar la voz”. Y que sí, irá por la Alcaldía de Cartagena de Indias, la ciudad turística que ha tenido ocho alcaldes en los últimos 10 años, tiempo en el que Dau será el primero en terminar su cuatrienio.

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