Rocío Gutiérrez, psicóloga: “Las personas más afectadas por el conflicto son las que más fácil pasan la página”

Rocío Gutiérrez Cely (Cali, 43 años) es una psicóloga que ha dedicado su carrera a la construcción de procesos de paz en Colombia. Se formó a comienzos de siglo, y recuerda que le fascinaba la idea de quedarse en la academia y estudiar más de psicoanálisis y de la psique. Pero el país atravesaba las peores épocas del conflicto armado, con masacres constantes y municipios que no conocían una noche sin balas. Consideró que no podía eludir esa realidad y se dedicó a ayudar en la reincorporación en la sociedad de diversos actores del conflicto. “Somos un país adolorido, que no ha tenido posibilidad de hacer un tránsito del dolor a la sanación”, comenta este miércoles en entrevista con EL PAÍS.

La experta es una de las participantes de la edición vallecaucana de Reto Regiones, un foro de PRISA Media (sociedad editora de EL PAÍS) para que líderes políticos, económicos y sociales debatan sobre las oportunidades y los desafíos de sus departamentos. Secretaria de Paz de Cali durante la Alcaldía de Maurice Armitage (2016-2019), ahora trabaja en la Fundación SIDOC. Mantiene la convicción de que la paz total debe ir más allá del conflicto armado: incluye a la delincuencia común y a las pandillas que hicieron de Cali una de las ciudades más violentas del mundo. Enfatiza, en la Universidad Icesi, que las políticas sociales son más eficientes contra la violencia que las medidas punitivas.

Pregunta. ¿Cómo llegó a trabajar en temas de paz?

Respuesta. Cuando regresé a Cali [tras un periodo afuera], estaba comenzando la desmovilización de las AUC. Había 32.000 hombres en proceso de dejar las armas y el Gobierno [de Álvaro Uribe] tenía que encontrar alguna alternativa. Empecé a trabajar con ellos y con algunos guerrilleros del ELN y de las FARC que se desmovilizaban de manera individual. Conocí sus historias de vida y entendí que la guerra no era necesariamente algo de buenos y malos, que muchos entraron por hambre, violencia, falta de oportunidades y ausencia total del Estado.

P. ¿La sociedad es más sensible hoy a la reincorporación?

R. Hoy hay una sociedad dividida: un sector en el que todavía hay rabia y un dolor muy fuerte, con posiciones radicales; otro sector, sobre todo de jóvenes, que es más consciente de que hay que generar una transformación y dar lugar a la memoria para no repetir. Pero, en general, hay una sociedad más empática. Hace 20 años había menos conciencia de que nos estábamos desangrando como país.

P. ¿Cómo se rompe el estigma?

R. Hay que lograr que el que está en una posición radical conozca la historia de vida del que está en el otro lado. Y entender que, si no se genera una segunda oportunidad, vamos a seguir dando vueltas en un mismo círculo. No es fácil, pero las personas más afectadas por el conflicto son las que más fácil pasan la página, son las que dicen: ‘Listo, ya está, ¿qué tenemos que hacer? Lo que viví, no quiero vivirlo más’.

P. ¿Cómo es eso? Parece contraintuitivo...

R. Ayer estaba en un evento en Bogotá y había una madre de un soldado que murió en el conflicto. Ella dijo: ‘El dolor que yo he sentido no quiero que lo viva otra madre en Colombia. Y lo sentí porque se obligó a los jóvenes a tener el desafío de matar o morir’. El dolor de las madres es el dolor de las madres, sin importar el lado. Esto lo he oído siempre, que no permitamos que más personas pasen por esto. Generar lógicas de reconciliación es más eficiente y menos costoso que tener cárceles.

P. En su trabajo, la paz va más allá del conflicto armado.

R. Creo que la realidad social del país es tan dramática y tan dolorosa que incluso sin guerra puede no haber paz. El conflicto armado es rural, pero las ciudades tampoco viven en paz. Hay violencia, crimen, homicidios, vulneraciones de derechos humanos. Cali tenía una de las tasas de homicidios más altas cuando llegué a la Secretaría de Paz [en 2016]. ¿Dónde están los homicidios? En los jóvenes desescolarizados, en las víctimas del conflicto que han crecido solas, en los jóvenes con problemas de consumo. No tienen opción de emplearse en la legalidad y están estigmatizados.

P. El mundo parece dirigirse más hacia políticas punitivas, por ejemplo con las imágenes de las cárceles en Honduras esta semana y la mano dura de Nayib Bukele en El Salvador.

R. Tenés dos alternativas: un proceso de transformación humana, que toma tiempo y que no es de un día para el otro, o coger -detener- a 10.000 pelados [jóvenes], de un día para el otro. Esto último tiene un impacto, se ve en la calle: salís y hay 10.000 delincuentes menos. Pero eso no es sostenible a largo plazo.

P. ¿Qué desafíos de paz han sido específicos para el Valle del Cauca?

R. La historia de nuestra región está muy relacionada con el conflicto. Fuimos sede de uno de los carteles más grandes del mundo, el de Cali. Y todavía quedan muchas huellas, niños que crecen pensando que hay que tener armas para tener estatus, proteger a la familia y conseguir plata para comer. La ubicación hace que sea un territorio de interés: hay cercanía con los territorios que tienen mayor concentración de cultivos ilícitos y hay una salida directa al Pacífico.

P. En el foro se habló del Paro Nacional de 2021 y la especial fuerza que tuvo en Cali. ¿Las protestas fracturaron a la ciudad?

R. Cali ya estaba fracturada. Veníamos de una pandemia y de un desarrollo económico muy ligado a la informalidad, en una ciudad con una realidad social e histórica marcada por lo que para muchos se llama resistencia. Ha habido muchos momentos en los que la población joven se levanta. Es una ciudad emocionalmente rebelde, algo que puede ser muy positivo, pero también puede ser riesgoso y negativo, con lógicas de miedo que tuvimos que vivir todos.

P. Usted remarcó en el Reto Regiones que es importante pensar en la integración de los migrantes.

R. A partir de 2017 se disparó la llegada de migrantes venezolanos que traen dolores muy profundos, como el desarraigo. Son una población de urgente atención: si para un colombiano es difícil acceder a un empleo, para un venezolano lo es más. Eso genera fenómenos de reclutamiento de menores, trata de personas y explotación laboral. Hoy tenemos 117.000 venezolanos en Cali y 183.000 en todo el Valle.

P. ¿Qué puntos se lleva de este foro?

R. Me gustó lo que dijo la directora de la Cámara de Comercio de Buenaventura, Milady Garcés: en Colombia la pobreza tiene el rostro de las mujeres, los afrodescendientes, los indígenas, los migrantes y los jóvenes. Ni el Estado ni el sector privado pueden romper con esta lógica sin cooperar entre sí. También me quedo con la intervención de Jhon Eider Viáfara, quien señaló que para el Estado es muy difícil ejecutar los cambios que se necesitan.

P. La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, habló de la importancia de avanzar en la descentralización del país. ¿Esto es relevante también para la paz total?

R. Es fundamental. Esas apuestas no se pueden formular desde Bogotá, a 2.600 metros de la realidad. Cada porción de tierra es distinta: lo que significa la violencia en Cali es distinto a lo que significa en Buenaventura, el Catatumbo o el Cauca. No hay que estandarizar sino ser capaces de recoger las experiencias. Hoy no se están revisando todas las lecciones aprendidas.

P. ¿Cuál es un ejemplo de estas diferencias?

R. Buenaventura es una ciudad de población afrodescendiente, con creencias diferentes y traumas particulares. Cauca tiene más población indígena, con comunidades que esperan que sus cosmovisiones estén contempladas. Un ejemplo es que los excombatientes indígenas deben hacer un tránsito por la justicia indígena para ser reincorporados, con una jurisdicción especial que acepta o no que regrese una persona que pudo haber afectado a la comunidad.

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