La lucha de Ciudad Bolívar por dejar de ser el vertedero de basura de Bogotá

Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, entierra cada día unas 6.700 toneladas de residuos que produce el resto de la ciudad. Doña Juana, como se le llama a un vertedero de basura de 600 hectáreas, es “la mala vecina” de la comunidad. Está repleta de desperdicios y genera malos olores, moscas y ratas en los alrededores. Por eso, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, celebró esta semana una decisión judicial que impide al concesionario renovar su licencia de explotación. “El principio del fin de Doña Juana empezó hoy”, escribió en Twitter. La comunidad, sin embargo, mantiene el escepticismo.

La ubicación de Doña Juana en Ciudad Bolívar, una localidad con altos niveles de pobreza, se justificó en los años ochenta con el argumento de que la zona tenía una baja densidad poblacional. La ciudad necesitaba un espacio amplio para reemplazar al basurero a cielo abierto que hasta entonces tenía en la también sureña localidad de Kennedy. No obstante, la comunidad cuestiona que esta haya sido la única razón. Hader Ríos, vocero del colectivo Tejiendo Montaña, denuncia por teléfono que hubo también discriminación socioecónomica: “¿Por qué en las zonas estratificadas más altas no se generó un relleno sanitario? En Usaquén no hay uno. Se tomó la decisión de dejarlo hacia el sur y desde ahí hay dinámicas de un proyecto segregador”.

Los vecinos recuerdan la promesa que hizo el exalcalde Andrés Pastrana en 1988, cuando se inauguró el predio. Ríos cuenta que el Distrito les dijo en ese entonces que Doña Juana solo funcionaría hasta el año 2000. Después, se convertiría en una enorme área de esparcimiento para los vecinos, más grande aún que el tradicional Parque Simón Bolívar en la céntrica localidad de Teusaquillo. Eso nunca pasó.

El relleno creció con los años, a medida que la población de Bogotá se disparaba. Según el DANE, la capital colombiana ha pasado de poco más de 4.000.000 millones de habitantes en 1985 a casi 8.500.000 millones en 2020. Y el impacto en la comunidad ha sido evidente: en 1997, 1,2 millones de toneladas de basura se derrumbaron sobre el río Tunjuelo. Más de 170.000 personas en el sur de Bogotá se vieron afectadas, según reconoció la Defensoría del Pueblo en 2022.

La búsqueda de otros espacios nunca tuvo éxito. Carlos Parrado, profesor de la Universidad del Rosario, señala que hubo intentos de llevar la basura a municipios más alejados, a 30 kilómetros de la capital. Pero fue imposible. “Nadie quiere recibir los residuos de la gran capital. La gente no quiere un relleno sanitario al lado de su casa”, explica en una llamada. El único lugar similar es Nuevo Mondoñedo, en Mosquera (Cundinamarca), y solo recibe un máximo de 1.500 toneladas diarias de municipios aledaños a Bogotá.

Parque de la Innovación

La Alcaldía de Claudia López se ha comprometido a convertir a Doña Juana en un Parque de Innovación y Valorización de Residuos. El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 2021 establece que hay que acabar gradualmente con el enterramiento de basura y pasar a tecnologías más avanzadas que sean menos contaminantes. Estas incluyen tratamiento térmico, aprovechamiento de biogás y transformación de residuos orgánicos en compostaje. Asimismo, se prevé que otras localidades alberguen centros de aprovechamiento de orgánicos y plásticos para disminuir el volumen de basura que llega a Ciudad Bolívar.

Sin embargo, Doña Juana ha sido el centro de una larga batalla judicial entre el Distrito y el Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR), el operador del predio desde 2010. La empresa aduce que tiene derecho a renovar su licencia, que se concedió enfocada en el enterramiento de residuos. La Alcaldía, en cambio, quiere abrir una licitación para conformar el Parque de la Innovación cuando se cubra la cuota máxima de capacidad de relleno que se le permite a CGR. El secretario jurídico del Distrito, William Mendieta, comenta por teléfono a este periódico que esto se proyecta para finales de 2024 y asegura que una nueva convocatoria ya no priorizará el enterramiento de basura. “En 2010, el boom del tratamiento de basuras y del reciclaje no era como ahora”, explica.

Ambas partes han celebrado la decisión de un tribunal de Bogotá el pasado martes. La Alcaldía valoró que se reconociera, finalmente, que CGR no tiene derecho a renovar la licencia. “Hubiera sido catastrófico. Nos hubiera forzado a seguir con un modelo exclusivo de enterramiento de basuras por 20 años más”, dice Mendieta. CGR, por su parte, destacó que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) debe pagarle 65.000 millones de pesos (unos 15 millones de dólares) como indemnización por no haber proveído los recursos necesarios para la operación adecuada del predio.

En el centro de la disputa ha quedado una deficiente planta de lixiviados, necesaria para tratar los líquidos contaminantes de la basura y evitar que contaminen el río Tunjuelo. El concesionario ha celebrado no tener que invertir recursos propios en optimizar las instalaciones. El Distrito, mientras, ha anunciado que apelará esta parte de la decisión judicial.

Escepticismo

Nadie cree que la salida de CGR vaya a llevar al final de Doña Juana, como dio a entender la alcaldesa el martes. Mendieta aclara que no hay otros puntos a los que llevar la basura y matiza que las expectativas están puestas en la nueva licitación y en la conversión al Parque de la Transformación. El concejal Julián Rodríguez, miembro del partido de López y coordinador de la bancada de Economía Circular, admite por teléfono que el proyecto necesita una “altísima inversión” y puede demorarse entre 5 y 10 años en concretarse. “Hay que encontrar plata y tener voluntad política”, afirma.

Los que tienen menos expectativas son los miembros de la comunidad, ya cansados de las promesas. Óscar Barón, vocero de la organización popular Asamblea Sur, recuerda que hace 30 años que escucha hablar de nuevas tecnologías menos contaminantes y reitera varias veces que no cree en los políticos: “Como el basurero queda en una montaña de campesinos pobres, les vale nada”. Algo similar opina Ríos, que apunta que solo habrá “un cambio de nombre”. Para él, lo realmente necesario es promover huertas urbanas y centros de reciclaje en el resto de la ciudad. Asimismo, quiere que la nueva concesión del predio sea público-comunitaria y que las ganancias se reinviertan en nuevas tecnologías.

El profesor Parrado, por su parte, agrega que el problema no se resuelve solamente con la implementación de procesos alternativos como la incineración, la biometanización o el tratamiento de orgánicos. Cree que es esencial que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento (CRA) eleve las tarifas que se pagan por el enterramiento de basura. “Estamos pensando en enterrar porque sigue siendo muy barato”, subraya. Según el experto, países como España cobran 150 euros por tonelada, mientras que Colombia establece solo 10 euros.

El daño ya hecho a Ciudad Bolívar, sin embargo, es hasta cierto punto irreversible. Parrado explica que los residuos enterrados tardarán décadas y hasta siglos en degradarse: “Un vertedero tiene elementos que seguirán generando líquidos y gases. Podrán colocar arbolado, pero sabemos lo que hay debajo”. Para él, es evidente que “el problema siempre está” y que ninguna alternativa podrá satisfacer a la comunidad.

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