Qué hacer con el narcotráfico en Colombia

Hace pocos días el presidente Gustavo Petro expuso cuáles eran sus líneas rojas en su política de paz total frente al crimen organizado y las bandas criminales. “Con el narcotráfico no se puede negociar el poder”, dijo de manera perentoria y agregó que “es el poder judicial el que tiene que negociar con esas agrupaciones porque se trata de acogerlos a la justicia”.

Esta aclaración sobre qué es lo que hay que negociar con el narcotráfico (y lo que no) la hizo el presidente luego de que se reveló la existencia de un cartel de abogados que a cambio de altas cifras de dinero, y en nombre de su paz total, le estaría prometiendo a los mafiosos y parapolíticos que están pagando su condena, el oro y el moro.

Hay videos que próximamente saldrán a la luz pública en los que se ve a narcos pagando altas sumas de dinero a cambio de la promesa de que van a recuperar su libertad y de que no serán extraditados. El palo no está para cucharas.

Si este festín clandestino que se está dando desde las cárceles colombianas no se frena, puede poner en peligro el proyecto progresista y reformista del primer presidente de izquierda de Colombia.

Por eso es necesario que haya claridad en la manera como se están adelantando esos acercamientos con las bandas criminales. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, un hombre católico y reservado que ha recorrido las cárceles de Colombia pidiendo que se respeten los derechos de los presos, tiene la experiencia y el conocimiento para adelantar estas negociaciones con las bandas, sobre todo con el Clan del Golfo, sin duda la más importante de todas. Sin embargo, el exagerado hermetismo con que ha hecho esos acercamientos —no se puede saber el nombre de ninguno de los gestores de paz — ha llenado de una innecesaria opacidad el proceso.

La falta de claridad sobre las atribuciones que tienen los gestores de paz que han sido nombrados por el Gobierno ha hecho que muchos narcos hayan llegado a pagar hasta un millón de dólares por el cupo para estar en la lista de los gestores, porque ven en esa figura una vía para salir libres y blindarse de la extradición. Pero, además, el hecho de que todo esto esté sucediendo cuando ni siquiera se conoce el texto de la ley de sometimiento (que debe presentar el Gobierno ante el Congreso esta semana) le da pie a sus detractores para que digan que está tomando forma el Pacto de La Picota, un acuerdo clandestino con la mafia que no buscaría ningún sometimiento sino la impunidad total.

Este Gobierno tiene toda la autoridad moral para adelantar un proceso de acogimiento con el Clan del Golfo. Esta banda está en expansión desde que se firmó el acuerdo de paz con las Farc. Cuando esa guerrilla se desarmó y dejó de tener el control sobre varios territorios, lo que se esperaba es que el Estado entrara a hacer allí presencia. Lamentablemente, eso no pasó y ese vacío lo terminó copando el Clan del Golfo, una organización criminal que ejerce un control territorial y que es la expresión armada de una mafia que se ha enquistado en el poder, que se ha ido lavando y que elige a alcaldes, gobernadores y congresistas. El Clan del Golfo es hoy el responsable de la mayoría de los asesinatos a los líderes sociales en Colombia.

Que Petro quiera buscar una salida pacífica para acordar con ellos un sometimiento es un deber ético. Lo que no puede permitir es que esta política se pacte en la clandestinidad de las cárceles, a espaldas suyas y a escondidas del país.

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