El 2023 en Colombia se juega entre la reacción al cambio y su aceleración

Si 2022 quedó marcado por el grito por lograr un cambio, 2023 mostrará hasta dónde pueden llegar sus ecos. Será el año de mostrar avances en la promesa de mejorar la situación de los más vulnerables con la que llegó Gustavo Petro al Gobierno, que en sus primeros meses se vio más en el discurso que en ejecutorias concretas. Eso porque de agosto a fin de año se dedicó a organizar su equipo de trabajo, a sacar adelante la reforma tributaria para tener más recursos para su programa y a administrar el presupuesto que dejó Iván Duque, que tenía naturalmente prioridades diferentes.

El año que inicia será el del debate de grandes reformas a la seguridad social, según han anunciado el Gobierno y sus aliados en el Congreso. El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, explica: “Este semestre decidimos hacer el debate público en cuanto a lo económico y a la paz. El próximo semestre haremos el debate en torno a lo social. Y le soy sincero, el país nos va a recordar por las transformaciones sociales que hagamos el próximo año. Ahí miraremos si triunfamos o fracasamos”. El congresista es una de las figuras visibles del Pacto Histórico, la coalición de partidos y movimientos por la que fue elegido Petro y marca la importancia de lo que viene: las reformas son parte de un programa de transformaciones sociales que definirán si el Gobierno Petro cumple sus promesas de reducir la desigualdad y fortalecer el Estado y lo público.

Esas reformas prometen ser más debatidas que las que avanzaron en 2022. Los cambios al sistema pensional, por ejemplo, han suscitado intenso debate desde la campaña electoral. La polémica no es sobre la necesidad de hacer ajustes en un sistema que solo pensiona a 1 de cada 4 colombianos, sino en cómo hacerlos. La propuesta del Gobierno todavía no está plasmada en un proyecto legal y puede seguir evolucionando. Sin embargo, buena parte de los expertos coinciden con ella en varios elementos centrales: eliminar la competencia entre dos regímenes diferentes en prestaciones, requisitos para pensionarse, costo fiscal y en general lógicas, y convertirlos en dos capas complementarias. La idea es que todos los trabajadores coticen al régimen público, que administra Colpensiones, hasta cierto tope de ingreso, y de ahí para arriba, si perciben más, aporten a fondos privados para tener una mayor pensión.

El debate sobre este llamado sistema de pilares es el monto hasta el cuál los trabajadores deberían cotizar a Colpensiones. Eso no solo equivale a definir si los fondos privados son viables sino cuántos recursos frescos le entrarían al Estado cada mes, hasta dónde debería reducir sus giros a Colpensiones (hoy de 18.4 billones de pesos al año), qué tanto margen fiscal nuevo tendría para otros fines e incluso cuándo dinero ahorrado por los trabajadores actuales pasaría de los fondos privados a Colpensiones. Todo eso, y la posibilidad de que el Gobierno use el ahorro ya hecho para invertir o gastar en otros fines - un fantasma que Petro ha negado una y otra vez pero que despertó de nuevo recientemente por las declaraciones del presidente Colpensiones- promete un debate fuerte en 2023.

Lo mismo ocurre con la reforma a la salud. La posibilidad de que la propuesta lleve a eliminar las entidades privadas que administran las prestaciones de servicios de todos los colombianos, y que en teoría deben actuar como compradores inteligentes pero en la práctica en muchas ocasiones han buscado capturar rentas, ha producido amplia discusión. Aunque esas EPS han producido sonados escándalos de corrupción, el corazón del debate está en quién las reemplazaría. Si fuera el Estado, en cabeza de las secretarías locales y departamentales de salud, éstas también han protagonizado sus propios problema judiciales.

En el camino hay más reformas que hasta ahora han sido menos polémicas pero que también prometen debates, más si se tramitan al tiempo con las de salud y pensiones. Entre ellas están la laboral, para aumentar los pagos a los trabajadores por trabajar en horas extras o aumentar los horarios que se consideran nocturnos. O la propuesta de ampliar las obligaciones del Estado para cubrir a los niños de 3 a 5 años de edad, como explicó el presidente este miércoles. Todas ellas prometen, y especialmente su conjunto, prometen ayudar a definir si la oleada de cambios se acelera y si las reacciones se hacen más intensas.

El cambio también pasará por la posibilidad de que se concreten avances en la política de paz: firmar acuerdos, así sean parciales, con el ELN marcaría una inflexión en el conflicto; lograr acuerdos a varias bandas no tendría antecedentes. Pero si la apuesta empieza a hacer agua, si las cifras de líderes sociales asesinados o de masacres siguen creciendo, si los mercados ilegales y el gobierno criminal sobre ellos se mantienen, la ilusión puede perder fuello y el cambio encontrar un freno poderoso.

Esas dos fuerzas, la del cambio y la de las reacciones a él, se cristalizarán en la puja electoral. La meta del Pacto Histórico de ganar más de la mitad de las 1.102 alcaldías de Colombia marca un criterio para medir el tamaño del cambio. Además de las elecciones de 2022, los resultados de 2019, cuando fuerzas alternativas de diferente matices ideológicos ganaron las alcaldías de casi todas las ciudades más grandes del país (Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta, Bucaramanga, Cartagena, Manizales, Villavicencio, Soacha...), son un indicador de que la apuesta tiene sustento.

Pero esos resultados también marcan sus límites: candidatos de la izquierda más caracterizada, con avales de los partidos que componen el Pacto Histórico, perdieron en Bogotá con Hollman Morris, en Medellín con Víctor Correa, o Cartagena con Luis Daniel Vargas y Horacio Correa. Las ciudades votaron por la renovación, por el cambio; como ocurrió en las presidenciales, cuando el deseo de cambio impulso a Petro y al poco conocido multimillonario Rodolfo Hernández a la segunda vuelta. Y ese cambio puede significar apoyar al Pacto Histórico en algunas regiones, pero también puede significar su opuesto, alternativas cívicas o candidatos no petristas en otras.

En ese sentido, el cambio se puede dar tanto por el crecimiento de la izquierda como porque se profundice la elección de alcaldes y gobernadores que no vienen de la política tradicional, una tendencia que empezó en Bogotá hace ya tres décadas y que ha dio creciendo en todo el país. Cualquiera de ellas puede acelerar el cambio, pero también pueden enmascarar una forma de reacción a él mediante el acomodamiento de fuerzas más tradicionales a la realidad política.

Y es que entre las dos posibilidades de cambio hay una tensión, en la medida en que las mayorías legislativas con las que cuenta el Gobierno para pasar sus reformas incluyen justamente a partidos tradicionales, y la competencia electoral las puede poner en riesgo - o llevar a inusuales alianzas de la izquierda con los sectores políticos más tradicionales que han ido perdiendo fuerza en las elecciones locales.

La definición de si las elecciones locales trae un cambio, y si es uno que se oriente más hacia la izquierda que representa Petro o hacia la llamada antipolítica, pasa en parte por los resultados económicos y el gasto social que haya el Gobierno. El recaudo extra que tendrá el Estado por cuenta de la reforma tributaria y por el crecimiento económico del año que termina dejarán al Gobierno con unos 16 billones de pesos adicionales para invertir o gastar. La forma en la que lo haga, y la resiliencia que muestre la economía en un año de desaceleración ayudarán a moldear el estado de ánimo y a definir si el cambio se acelera y si crecen las reacciones a él.

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