Petro da un paso firme en su proyecto de cambio con una reforma tributaria ambiciosa y tempranera

En la historia reciente de Colombia ninguna reforma tributaria estaba lista antes de diciembre. Los Gobiernos las presentaban al legislativo lo más tarde posible, para llevarlas negociadas con los congresistas y otros grupos de interés, y también para dar poco tiempo para que se plantearan estrategias que redujeran el recaudo. Mejor dicho: se buscaba la deliberación más breve y corta posible. No esta vez. El Gobierno de Gustavo Petro la presentó el 8 de agosto, su primer día; la sacó adelante en tres meses cuando usualmente se hacía en dos o menos; y logró cambios que se calcula que aumentarían el recaudo del Gobierno central en alrededor del 1,1% del PIB, un monto sustancial y mayor que el de muchas de las reformas de los últimos años.

Cuando, en marzo, se definió cómo sería el Congreso en el cuatrienio 2022-2026, no era obvio que un futuro presidente tuviera mayorías. En las elecciones legislativas ocho listas lograron escaños en el Senado, y la más grande tendría 20 de los 107 o 108 senadores (el segundo en las elecciones presidenciales podría ocupar otra curul, pero era voluntario). Entonces no era claro el panorama de posibles coaliciones. Cuando Petro ganó en primera vuelta pero pasó a enfrentarse con el poco conocido Rodolfo Hernández, al hoy presidente lo apoyaron partidos que suman menos de 40 curules, y fue sumando votos individuales para acercarse al número mágico, la mayoría absoluta, con 55. Pero ni estaba cantado que la lograra; tampoco que una reforma que incrementara los impuestos mantendría a una coalición unida.

Ya elegido, y con una coalición mayoritaria en el Congreso gracias al apoyo de varios partidos tradicionales a los que siempre se opuso e incluso que venían de hacer campaña en su contra, su ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, presentó una reforma ambiciosa. Ambiciosa en dos sentidos: en su deseo de recoger unos 25 billones de pesos, alrededor del 1,8% del PIB, un salto grande cuando el recaudo de todos los impuestos en 2020 fue del 14,2% del PIB, según datos del Banco Mundial. También en su objetivo de gravar más a los más ricos, de aumentar los impuestos a sectores poderosos (el financiero, el petrolero, el minero), de crear impuestos que en el pasado no habían salido adelante (como el de las bebidas endulzadas), y de lograr un avance tan significativo en la equidad que proponía por primera vez reducir el índice Gini del país a menos de 0,5, —una frontera psicológica y simbólica. Era, en suma, una reforma que buscaba concretar la idea del cambio que marca la Administración.

En el camino la reforma perdió parte de esa ambición: recogerá menos dinero, alrededor del 1,2% del PIB, y perdió alguno de los elementos que más mostraban el cobro a los más ricos, como el impuesto de renta a las pensiones de 10 millones de pesos (unos 2 mil dólares) o más. Peor el corazón se mantuvo. Ese mismo impuesto de renta tendrá menos beneficios para las personas, algo que suelen poder usar más los de mayores ingresos, y será más alto para quienes ganan unos 20 millones de pesos o más; los sectores financiero, minero, de alimentos y sobre todo petrolero pagarán más renta; habrá un nuevo impuesto a los plásticos de uso único. La reforma sigue siendo grande y encarnando el cambio en pro de la igualdad, de la salud, del ambiente.

Por eso, aprobarla es en si mismo un logro para Petro. Sacarla en noviembre le permite además mostrar un resultado tangible antes de sus 100 días, una prueba de que su cambio ya molesta a algunos empresarios que critican las alzas. Que lo hagan con argumentos, que los argumentos sean sólidos, que la reforma tributaria vaya a ahogar la industria que más aporta a las exportaciones y que es clave en las finanzas públicas, todo ese debate es eso, otra discusión. Porque para quien cree en la necesidad de un gran cambio social es apenas natural que los poderosos se opongan a él. Eso mismo es algo que está empezando a pasar con el tema que empezó a tomar el relevo de los impuestos, el de la salud.

La reforma al sistema de salud es una de las que marcaron la campaña de Petro, como la pensional, la agraria o la energética. El jueves, el mismo día que el Senado (en la madrugada) y la Cámara de Representantes (a fines de la tarde) aprobaron la reforma tributaria, Petro anunció desde Aracataca que el Gobierno tomaría posesión de la cadena de droguerías La Rebaja, que están bajo el control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por haber sido una fachada para el lavado de activos del antiguo Cartel de Medellín. La propuesta va más allá de usar esas farmacias como centros de salud y de convertir dos laboratorios ajenos a ellas para producir medicamentos genéricos. Como desarrolló este diario, la meta es crear un nuevo holding de empresas públicas de salud . Ellas estarían al servicio de un modelo preventivo, de visitas médicas a domicilio como el que probó Petro en Bogotá cuando fue alcalde. Pero también —y quizás sobre todo—serían un ejemplo de un Estado empresario, otra de las ideas que encarnan el cambio de Gustavo Petro.

Esa propuesta volvió a poner los reflectores sobre Carolina Corcho, la ministra de Salud que mantiene bajo perfil desde su posesión a pesar de que al ser designada. Corcho produjo revuelo por sus conocidas posturas contra el sistema de salud, encabezado por las sociedades encargadas de administrar el riesgo y afiliar a las personas: las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Es el inicio de una nueva discusión, así como en temas de paz se superó el debate de la ley, de las herramientas legales para negociar con los grupos armados, y ahora inicia el de la negociación. Pocos días antes de cumplir los emblemáticos 100 días como presidente, Petro consiguió recursos extra para ejecutar sus reformas. Vienen esos otros ajustes, que seguramente responderán a las mismas prioridades, y el gasto o inversión de ese dinero.

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