Las droguerías que lavaron dinero del narcotráfico serán la cuota inicial de un nuevo holding público de salud en Colombia

La cadena de droguerías La Rebaja, que por muchos años sirvió para lavar el dinero del narcotráfico del poderoso cartel de Cali, de los hermanos Rodríguez Orejuela, se convertirá en parte clave de una gran red pública de salud con la que el Gobierno de Gustavo Petro busca cambiar el modelo actual por uno más preventivo e incluyente, que llegue a los lugares apartados de Colombia donde aún no hay clínicas ni hospitales. La cadena sería apenas un primer paso en un plan más ambicioso. Como revela a EL PAÍS Jairo Buitrago, vicepresidente de sociedades de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que administra los bienes incautados a la mafia, “la idea central es la constitución de un holding público en temas de salud. Creemos que sobre la base de estas empresas que antes estaban al servicio del narcotráfico podemos construir una nueva economía productiva. Queremos pasar de un Estado contractualista a un Estado emprendedor, con rentabilidad financiera y social”.

Buitrago explica así las dimensiones del anuncio que hicieron este jueves la ministra de Salud, Carolina Corcho, y el presidente: “Transformaremos cada una de las farmacias en un centro de atención primaria”, dijo Petro durante la presentación del nuevo programa de salud desde Aracataca, Magdalena, el pueblo donde nació Gabriel García Márquez. El presidente, además, informó que dos laboratorios que también pertenecieron a los narcos de Cali pasarán ahora a ser propiedad del Ministerio. El objetivo a largo plazo es que desarrollen vacunas y medicamentos genéricos a bajo costo para que las 880 farmacias de La Rebaja, presentes en los 32 departamentos del país y en más de 500 municipios, los puedan distribuir. Pero no serán solo droguerías convertidas en centros de salud y laboratorios. Buitrago explica que la SAE pondrá al servicio del Ministerio vehículos todoterreno, lanchas, barcos y aviones incautados a la mafia, todos para llevar la salud a los rincones alejados del país.

El presidente hace énfasis en que en esos centros de salud, y en otros que planea construir, habrá un equipo compuesto por un médico, un psicólogo, un enfermero y 8 a 10 auxiliares de enfermería. “Empezamos con mil equipos médicos que se extenderán a 20.000 en todo el país para cubrir a más de 4 millones de familias”, dijo Petro. Y añadió: “Los equipos visitarán al menos 3 veces al año cada hogar”. Este programa, que replica el que desarrolló con resultados discutidos como alcalde de Bogotá, cuesta al año cerca de 5 billones de pesos, una cuarta parte de lo que espera recoger el Gobierno con la recién aprobada reforma tributaria.

El problema es que la estrategia todavía es una idea que debe sortear muchos obstáculos para volverse realidad. El primero, y quizás el más difícil, es que aún no hay un documento oficial que sirva de hoja de ruta para encaminar las acciones de los distintos actores del sector. Julián Fernández Niño, quien fue director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud del gobierno anterior, criticó la falta de planeación. Dijo en su cuenta Twitter que la estrategia no fue consultada con ciudadanos ni organizaciones sociales ni secretarías de Salud: “Se fueron a Aracataca a hablar carreta”. Johnattan García Ruiz, maestro en Salud Pública con énfasis en Salud Global de la Universidad de Harvard, cuestionó en el mismo sentido la presentación del programa: “No entendí qué lanzaron. Pensé que iban a explicar algo y no, la ministra y el presidente dieron el mismo discurso de siempre. ¿Por qué las comunicaciones del ministerio son tan confusas? Hay un borrador, ¿pero dónde está el documento oficial? Me parece una buena estrategia, pero se necesita mejor información para entenderla”, dijo García.

Buitrago, de la SAE, reconoce que solo hasta el martes de esta semana comenzaron las mesas de diálogo con el Ministerio de Salud para definir los detalles de la implementación del programa, y dice que no puede dar una fecha de cuando comenzará a aplicarse. Entre otras, falta resolver problemas jurídicos como el rol que jugará la cooperativa Copsevir, que administra las droguerías La Rebaja. Mónica Luna Castaño, secretaria general de la cooperativa, explicó en un comunicado publicado este viernes que no conocen ni han sido notificados de ningún cambio, y recuerda que en septiembre de 2021 Copservir firmó un contrato con la SEA para administrar las droguerías durante cinco años, y que de él dependen los empleos que benefician a más de 10.000 familias.

El presidente Petro respondió en su cuenta de Twitter. Dijo que “se respetarán los derechos de los actuales trabajadores de Drogas la Rebaja” y dio más detalles del nuevo programa de salud preventiva que tiene como punta de lanza las droguerías del antiguo cartel de Cali. “El programa no exigirá afiliación a EPS, ni discriminará a nadie. Buscará prevenir la enfermedad y lograr salvar vidas que hoy el régimen de salud ineficiente no logra hacer”.

A pesar de la falta de un documento técnico, académicos expertos del sector salud ajenos al Gobierno ven con esperanza la posibilidad de incluir la red de droguerías en el sistema público de salud. Claudia Vaca, directora del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder, dice en entrevista con EL PAÍS que establecer puntos de atención en zonas apartadas a través de las droguerías le parece una idea “buenísima”. Vaca explica que uno de los pendientes más graves de la política farmacéutica anterior es justamente la poca infraestructura pública que hay en las periferias. “Establecer redes con puntos de atención primaria, no solo de farmacias que vendan y distribuyan medicamentos, sino que sean la puerta de entrada al sistema de salud en zonas donde históricamente no ha habido atención es interesante”.

Para Vaca, sin embargo, la parte más difícil de realizar es la relacionada con la producción de vacunas y medicamentos genéricos. “Es una propuesta valiosa, pero debería pensarse como una política pública estructural y articulada con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. “La infraestructura de producción nacional de medicamentos se ha venido desmontando en los últimos años, si no hay una estrategia clara para recuperarla la idea se puede quedar solo en deseos”. Carolina Gómez, exdirectora de Medicamentos del MinSalud del gobierno de Santos y profesora de la Universidad Nacional, coincide con Vaca en la necesidad de que el Estado tenga capacidad propia de fabricar medicamentos y pueda reaccionar cuando haya desabastecimiento. “Sería muy bueno construir una infraestructura pública de producción, como la de Brasil, que tiene autonomía y no depende exclusivamente del mercado”. Gómez señala un problema adicional: “Colombia no produce las materias primas para los medicamentos, así seguiremos siendo dependientes”. La investigadora, sin embargo, dice que a pesar de ese limitante, sería “ideal” poder producir los genéricos: “Son fáciles y baratos y a la industria no le interesa hacerlos porque no tiene margen de ganancia. Esto podría ser el primer paso para hacer una alianza público privada que ayude a las empresas de medicamentos nacionales a no ser aplastadas por las multinacionales”.

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