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Columna
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Los retos de la “paz total”

El primero es plantear la mesa de negociación con el ELN en simultánea con una oferta de acogimiento para otros grupos ilegales

El senador Iván Cepeda sostiene un cartel que dice "Paz Total", durante la instalación del nuevo Congreso Nacional.
El senador Iván Cepeda sostiene un cartel que dice "Paz Total", durante la instalación del nuevo Congreso Nacional.Carlos Ortega (EFE)

Otra vez caminamos hacia diálogos de paz. Desde las palomas del gobierno de Belisario Betancur, pasando por las conversaciones en México, Alemania, Ecuador, Cuba, el Caguán y muchos lugares más de Colombia, la búsqueda de la paz ha sido una constante en nuestra historia reciente. Otra, la violencia que no se ha podido desarmar plenamente a pesar de grandes avances logrados en acuerdos como los del M-19, el Ejército Popular de Liberación (EPL) o el que se firmó con las FARC. Ninguna de las mesas ha parado la guerra definitivamente y la presencia de grupos ilegales organizados forma parte de nuestro paisaje. El Gobierno de Gustavo Petro ha propuesto la “paz total” y de nuevo se abren la esperanza y también la desazón, porque no está claro cómo se van conjugar los múltiples factores para que los diálogos equilibren la paz y la justicia, y así no se conviertan en impunidad y no siembren más odio en este país que ha firmado varios acuerdos, pero no ha podido reconciliarse.

Mencionaré cuatro de los retos que enfrenta la “paz total”, aunque son más. El primero es plantear la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en simultánea con una oferta de acogimiento para otros grupos ilegales. Se sabe que serán procesos distintos, pero aún no está muy clara la hoja de ruta. Tampoco se sabe qué significa acogimiento en términos reales y qué tanto están el Estado y la sociedad dispuestos a dar a cambio de la entrega de armas y criminales. Al reto grande de procesos simultáneos se suma la posibilidad de los diálogos regionales, que son bienvenidos para enfrentar las necesidades propias de las localidades que sufren la violencia, pero cuando se abran varias mesas en regiones eso también puede complicar el proceso.

El segundo, y tal vez más grande problema, radica en la necesidad de que la mayoría de la sociedad respalde el diálogo y el resultado del mismo. Cuando en La Habana los negociadores se sentaron varios años a diseñar un acuerdo complejo y enredado, olvidaron que necesitaban convencer al país de la bondad de la paz por encima del conflicto. El plebiscito en el que ganó el “No” fue un golpe de realidad que les recordó que a todo diálogo hay que meterle país porque, por muy valiosa que sea la entrega de armas, si la sociedad no acompaña mayoritariamente el proceso, no avanzamos en la reconciliación. Es cierto que fue una campaña basada en muchas mentiras y verdades parciales, y también es cierto que faltó comunicar mejor lo acordado, “mercadear” el acuerdo y sumar apoyos dentro del país. Siempre habrá quienes tengan críticas y quienes se opongan a cualquier salida negociada, pero es un riesgo grande si medio país no respalda el acuerdo.

Un tercer reto es saber si el ELN tiene realmente voluntad de diálogo. Ese grupo ha tenido la puerta abierta desde hace décadas y prácticamente todos los gobiernos han intentado avanzar en conversaciones sin que hasta el momento se vea una clara intención de desarmarse. La realidad misma de esa guerrilla, que es más de regiones y atomizada que un grupo de mando centralizado, hace difícil avanzar. Es posible que esta vez la situación sea distinta y hay muestras de ello: la liberación de secuestrados y el cese al fuego que ha declarado. Las circunstancias han cambiado y es claro desde hace tiempo que no se justifican las armas para hacer política. La llegada de Petro al poder por la vía electoral lo confirma una vez más. Si no avanza ahora, puede ser la última oportunidad que tenga el ELN para que un Gobierno le dé reconocimiento político. Ojalá ese grupo entienda su realidad histórica y política. Lo ideal sería plantearle que se sume, con algunas pequeñas precisiones, a lo acordado con las Farc. Este proceso no puede tardar años ni venir amarrado a un paquete de nuevas obligaciones para el Estado.

Un cuarto escollo es que el “acogimiento” de los grupos ilegales es una “papa caliente” que tal vez hubiera sido mejor manejar de manera independiente, como parte de una política criminal y no como parte de un proceso de paz aunque apunte a ello. Tiene sentido buscar caminos para desactivar todos los grupos ilegales y quienes padecen la violencia en los territorios saben con claridad que algo se debe hacer y con urgencia. Sin embargo, como son el narcotráfico y las demás economías ilegales las que alimentan esa violencia, no importa si es por la vía del abatimiento, la captura o el acogimiento, lo cierto es que mientras haya mercado para esos productos ilegales, ante cada capo desarmado vendrá uno nuevo. Aunque se puede avanzar, la solución de fondo pasa por regularizar el mercado de drogas ilegales y eso no está en manos del gobierno de un país. La inversión social en las zonas afectadas es clave también y el Gobierno lo tiene claro, pero se conjugan muchos ingredientes para desactivar la ilegalidad y la violencia enquistadas en muchas regiones.

A pesar de las dificultades, con esperanza moderada, hago votos para que al nuevo Gobierno le vaya bien en ese reto mayor de la “paz total”. Toda persona que se desarme es importante y toda vida salvada cuenta.

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