El dinero destinado a la paz que terminó en investigaciones por corrupción

Una proposición liderada por el actual presidente del Congreso de la República, Roy Barreras, fue el origen del que se convertiría en un complejo entramado de intereses económicos y políticos con recursos destinados a la paz en Colombia. En diciembre de 2019, el entonces senador del Partido de la U aseguró el anticipo del dinero de las regalías provenientes de la extracción de minerales e hidrocarburos, de los años siguientes, para que se invirtiera en tiempo récord: lo que quedaba de la presidencia de Iván Duque, que terminará en agosto. La proposición, que se proyectó como un mecanismo para agilizar la construcción de obras en las regiones más golpeadas por el conflicto armado, hoy es blanco de denuncias de corrupción que involucran a distintos niveles del poder público.

Barreras, un curtido político con habilidad para adaptarse, sin distinguir ideología, ya no pertenece al partido de la U. Fue expulsado por violar el régimen de bancadas de esa colectividad que formó parte de la coalición de gobierno de Duque, próximo a concluir. Ahora es uno de los principales escuderos del Pacto Histórico, el partido de izquierda del presidente electo, Gustavo Petro.

El objetivo de la reforma en 2019, radicada por el gobierno con apoyo multipartidista, era aumentar el porcentaje destinado a las zonas productoras de minerales e hidrocarburos como una manera de evitar el rechazo de las comunidades hacia las actividades de explotación. Como senador, el hoy presidente electo, Gustavo Petro, se apartó de la iniciativa que consideró una “repartija” estéril. Dijo que las rentas petroleras y carboníferas formaban parte de “un mundo moribundo” que pronto dejaría de existir.

“Por eso me parece una discusión insustancial. Entre el 15% o el 30% de cero, el resultado es el mismo: cero. Es una oportunidad perdida porque ya no vamos a tener más regalías en cinco años”, planteó Petro en la plenaria del Senado del 3 de diciembre de 2019. A su juicio, el destino más rentable de las regalías era una transición del modelo extractivista hacia uno productivo centrado en la industria y la agricultura, un modelo “rico en puestos de trabajo y en el cuidado del territorio, del agua y de la naturaleza”.

Según Petro, la discusión sobre cómo distribuir “las últimas regalías en la historia de los combustibles fósiles en Colombia” encarnaba “la falsa alegría” de recursos que no llegarían. Algo muy distinto pensaba su entonces compañero de Senado y actual aliado, Roy Barreras. En un parágrafo que propuso ese día, y que había defendido de tiempo atrás, incluyó el anticipo del monto destinado a la paz, el 7% del total de la bolsa. Las regalías para la paz, concebidas desde 2017 tras el acuerdo para la terminación del conflicto entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, se convirtieron en un mecanismo de competencia entre los 170 municipios más afectados por la guerra para acceder a la financiación de vías, hospitales, escuelas, entre otras obras.

“El hecho de que tengamos más recursos, y más rápido, en los próximos tres años, no en 20 años, para los municipios afectados por la violencia y para los más pobres, justifican de lejos esta modificación”, explicó Barreras durante la sesión del Senado. Su proposición contó con el apoyo de varios senadores, la mayoría, paradójicamente, del partido Verde. La implementación de la propuesta se reglamentó por ley en 2020.

El presupuesto de las regalías para la paz entonces se multiplicó y terminó concentrando el dinero de diez años en los dos siguientes. Zonas históricamente olvidadas por el Estado entrarían a concursar por la repartición de una cifra nunca antes vista, disponible por una sola vez. Era una oportunidad única. De los $6,7 billones de pesos de las regalías de la paz aprobados a entidades territoriales en el gobierno de Iván Duque, cerca del 70% se concentró en los últimos dos años.

Investigan cobros de comisiones

Pero la iniciativa para la paz que fue aprobada por el Congreso terminó con los años siendo centro de denuncias por posibles actos de corrupción. La Fiscalía y la Procuraduría adelantan procesos por la supuesta exigencia de comisiones que estarían entre un 2% y un 12% del valor de algunos proyectos para que fueran aprobados. La denuncia fue publicada por los periodistas Valeria Santos y Sebastián Nohra en la emisora Blu Radio, con base en el testimonio de unos pocos alcaldes que no revelaron sus nombres por razones de seguridad. La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar a tres congresistas conservadores que harían parte del entramado de corrupción.

El órgano responsable de asignar los recursos para los proyectos era el llamado OCAD Paz, conformado por un representante de las gobernaciones, otro de las alcaldías y un delegado del Gobierno nacional: el exconsejero presidencial para la estabilización del posconflicto, Emilio Archila. Las entidades territoriales proponían a los ejecutores de las obras, pero la última palabra la tenía el OCAD. Es decir, el órgano concentraba un doble poder: la autorización de los proyectos y la determinación final de quiénes recibirían el dinero por la construcción de los proyectos.

“La alta discrecionalidad en la destinación de recursos y en la adjudicación de contratos puede llevar a irregularidades como interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, o firma de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales”, alerta Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.

Las sospechas de corrupción aumentaron cuando, en una grabación revelada por Candela Viva, un medio local, se escucha al delegado de las alcaldías en el OCAD, Martín Zuleta, alcalde de La Paz (Cesar) empleando una especie de mensaje cifrado con un interlocutor desconocido. “Más bien dígame usted qué puntos se le pide a ellos a ver hasta cuánto se puede ceder porque de pronto cinco hojas de block es mucho pa’ esa carpeta, podemos dar tres, cuatro hojas de block para repartir la carpeta”, dice Zuleta. “Entonces más o menos para yo tener idea y yo decirles a ellos esto pa’ que salga tiene que ser esto y listo, y llevarlos hasta el OCAD para nosotros votarlo allá, garantizar eso también”, agrega en la conversación. El alcalde no se ha pronunciado al respecto. No es claro aún a qué se refiere con esas ‘cinco hojas de block’.

Un camino de piedras

Los filtros establecidos, originalmente, para asegurar las condiciones técnicas de los proyectos terminaron convertidos en una travesía burocrática que facilitaba influencias con intereses económicos o políticos. Antes de llegar a la instancia de aprobación se exigía, entre otros, la verificación de requisitos por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP). El exdirector de la entidad, Luis Alberto Rodríguez, ha negado su participación en los hechos que son motivo de investigación. La Contraloría, entidad encargada de proteger el uso de los recursos públicos, también está salpicada en las denuncias por documentos que enviaba al OCAD con reparos a proyectos que fueron rechazados.

De los 170 municipios priorizados, siete no obtuvieron ninguna aprobación de fondos. Mientras Cesar, el departamento del alcalde Zuleta, recibió más de 613.000 millones de pesos (unos 150 millones de dólares), otros como Vaupés y Guainía lograron entre 4.600 y 5.000 millones de pesos (alrededor de 1,2 millones dólares). Boyacá y Cundinamarca figuran entre los que menos consiguieron recursos. No está claro por qué Risaralda, que no tenía zonas identificadas como afectadas por el conflicto, obtuvo asignaciones para la paz.

El 96% de los municipios priorizados ha tenido al menos un proyecto aprobado y se está ofreciendo asistencia técnica a los que quedaron excluidos para que accedan a otras fuentes de recursos, explicó el DNP a este medio. De los 681 proyectos aprobados, 152 están terminados, 463 están en ejecución y 66 sin contratar, según la información oficial. La mayoría son de transporte, minas y energía, vivienda y agricultura, entre otros sectores.

El debate sobre los recursos de la paz volverá al mismo lugar donde inició. El Congreso de la República citó a los principales involucrados en el escándalo para que respondan antes de que finalice el actual gobierno, el próximo 7 de agosto. El día del último debate de la reforma a las regalías en el Senado, el próximo presidente, Gustavo Petro, dijo que los recursos de las regalías podrían convertirse en “una repartija donde al final el dinero se lo van a robar”. Es lo que aún está por comprobarse: si los habitantes de los municipios más afectados por la violencia en Colombia, además de haber sido víctimas de la guerra, fueron víctimas de la corrupción.

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