La ONU respalda los diálogos y el sometimiento a la justicia de los grupos armados en Colombia

El organismo presenta un informe sobre la crítica situación de violencia en el país durante el gobierno saliente y entrega recomendaciones al de Gustavo Petro. Sugiere una depuración de las fuerzas militares en casos de violaciones de derechos humanos

Retrato de Simeón Delgado, vigilante muerto en un atentado en Saravena, Arauca, el pasado mayo.
Retrato de Simeón Delgado, vigilante muerto en un atentado en Saravena, Arauca, el pasado mayo.Camilo Rozo

La ONU respalda el sometimiento a la justicia de grupos armados en Colombia. Así se desprende del informe Violencia Territorial: Recomendaciones para el nuevo Gobierno, que entre otras propuestas plantea la “adopción de un marco legal y una estrategia para el sometimiento colectivo de estos grupos como está previsto en el Acuerdo de Paz”.

En el documento de despedida de Iván Duque, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hace un balance de la crítica situación humanitaria que viven comunidades a lo largo del territorio y concluye que es necesario revisar la estrategia del Estado para enfrentar estos grupos y organizaciones y proteger a las poblaciones afectadas y recomienda al Gobierno entrante de Gustavo Petro actuar con urgencia sobre tres ejes principales.

El primero es “reducir significativamente y finalmente eliminar la presencia de grupos armados no estatales y organizaciones criminales en los territorios afectados por la violencia, a través de un esfuerzo combinado en cuatro áreas”. En este eje concretamente propone no solo “la implementación de una política estatal eficaz de desmantelamiento de estos grupos – concertada con la sociedad civil en el marco de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad”; sino también la adopción de un marco legal y una estrategia para el sometimiento colectivo de estos grupos como previsto en el Acuerdo de Paz. Recomienda también que el nuevo Gobierno implemente una estrategia estatal de protección de civiles; y por último que considere “genuinamente” el llamado de las poblaciones afectadas por la violencia que piden la adopción de acuerdos humanitarios o de paz con los grupos.

El gobierno de Gustavo Petro ha dicho que buscará la “paz total”, que implica continuar una negociación con el ELN, la última guerrilla activa en Colombia y abrir caminos con otros grupos y bandas paramilitares. Recientemente se conoció una carta en la que algunos de esos grupos armados dicen estar dispuestos a iniciar un cese al fuego a partir del próximo 7 de agosto y hablan de desarmarse, de pedir perdón, de reparar a las víctimas y de decir la verdad. El canciller electo, Álvaro Leyva, confirmó haber recibido la carta y los acercamientos.

Otra de las sugerencias de la ONU al Gobierno es que priorice la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC puntualmente en los temas de reforma rural, consolidar la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), teniendo en cuenta a las comunidades afectadas, y relance el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

Y finalmente que en las zonas más afectadas por la violencia refuerce la presencia de instituciones de la justicia y de los organismos de control en los territorios. Hasta el momento, la respuesta estatal ha sido mayoritariamente militar.

“La respuesta del Estado centrada en el uso de la fuerza y cuya medición de éxito se reporta en términos de número de bajas o capturas infligidas a los grupos armados no estatales y a las organizaciones criminales, en particular respecto de quienes son considerados cabecillas, no ha tenido el impacto esperado. En efecto, los cabecillas dados de baja o capturados son rápidamente remplazados, sin que se logre una disminución sostenible de la violencia”, dice el informe presentado por Juliette De Rivero, representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

La ONU coincide también con algunas de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en cuanto a la necesidad de una reforma del sector de seguridad. Habla de la necesidad de “modernizar las doctrinas de defensa y seguridad pública”, de un robusto control civil de empresas privadas de seguridad y de armas; la necesidad de un enfoque de género y derechos humanos en la fuerza pública y, sobre todo “la depuración del personal de las estructuras de la Fuerza Pública vinculado a violaciones de derechos humanos, corrupción o grupos ilegales”.

El panorama de violencia que presenta la ONU después del Acuerdo de Paz es tenaz. “La Oficina resalta con preocupación el aumento de aproximadamente 200% del número de masacres ocurridas entre 2016 y 2021″. Los municipios más afectados han sido Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Valle de Cauca y en lo corrido de 2022, se ha visto un incremento particularmente marcado en Putumayo en comparación con el 2021.

El asesinato de líderes sociales sigue siendo uno de los hechos más graves y ha sido progresivo. Entre el 2016 y el 2021, la Oficina verificó 562 casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos (incluyendo 64 mujeres)”. De ellos, al menos 61 víctimas eran indígenas, 21 afrodescendientes y siete personas pertenecientes a la comunidad LGBTI.

Como ha ocurrido durante su mandato, el Informe de despedida de Iván Duque causará revuelo. “A lo largo del informe se concluye que la respuesta del Estado ha sido insuficiente para reducir los niveles de violencia, y prevenir los abusos cometidos por grupos armados no estatales y organizaciones criminales y proteger adecuadamente a las comunidades de los territorios”, indica la ONU.

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