Los indígenas awá denuncian el exterminio de su pueblo

La tragedia hizo visible al pueblo indígena awá en 2009. Las antiguas FARC-EP perpetraron la masacre de Tortugaña Telembí, que dejó 850 desplazados y 12 personas asesinadas, entre ellas, dos mujeres embarazadas. Justamente, ese mismo año la Corte Constitucional alertó sobre el riesgo inminente de desaparición física y cultural de este pueblo compuesto por más de 26.000 personas. En el mismo documento ordenó al Estado una protección especial. 11 años después, la violencia en contra del pueblo Awá se mantiene. Hace apenas una semana, una nueva masacre dejó tres indígenas awá asesinados en el resguardo Inda Sabaleta, entre ellos, Juan Orlando Moreano, su actual gobernador suplente.

Los awá formaron una delegación de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA) que tras varios días de viaje a través de selva y trocha llegaron esta semana a Bogotá para denunciar la violencia continua que los azota. Los homicidios y masacres son apenas la punta del iceberg en una comunidad que vive en permanente confinamiento por los grupos armados que operan en la zona. La comitiva se reunirá con organismos internacionales para hacer eficaz la medida de protección de la CIDH con la que también cuentan, pero que como el auto de la Corte, tampoco se ha hecho efectiva.

Durante los primeros meses de 2016, en el marco los diálogos de La Habana se vislumbró una calma efímera. Pero la paz duró poco para el pueblo awá. Apenas unos meses después de la firma del Acuerdo la barbarie volvió a su territorio. Según el Observatorio de Derechos Humanos de la UNIPA, después de los Acuerdos se han registrado 95 asesinatos, cuatro masacres, 13 desplazamientos masivos y 16 desapariciones forzadas.

Floriberto Canticus, que forma parte de la delegación y es consejero secretario general de UNIPA, dimensiona el impacto de estos hechos: “Cuando asesinan a nuestros hermanos prácticamente se pierde la vida de una gran familia awá. Si asesinan a un líder o una autoridad tradicional se rompe el tejido que se ha venido cosiendo en el proceso comunitario y se debilitan los procesos políticos de los resguardos”.

Claudia, lideresa awá desde hace 17 años, comenta que la violencia exacerbada fue consecuencia de la baja implementación de lo consignado en La Habana. “Siempre estaremos de acuerdo con cualquier esfuerzo que se haga para la paz, pero también es importante decir que no hubo el suficiente compromiso del Gobierno actual para implementar estos acuerdos”, sostiene.

El investigador Carlos Espitia del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) coincide en esta opinión y añade que la negligencia en el cumplimiento del mandato de la Corte se vio reforzado por la complejidad de la zona donde viven, un territorio fronterizo con salida al mar donde la ruta del narcotráfico juega un rol clave en la economía del lugar. Para Espitia, el panorama de reconfiguración del conflicto después de la salida del territorio de las antiguas FARC, dejó un vacío en términos de control territorial y atomizó los grupos armados ilegales.

Ahora, la mayoría de mafias que hacen presencia en la región no cuentan con una estructura política como la guerrilla, sino que son estructuras militares dedicadas específicamente al narcotráfico, como el Frente Oliver Sinisterra, las Guerrillas Unidas del Pacífico y Los Contadores. En el último año, sin embargo, también se ha registrado la presencia esporádica y algunos enfrentamientos entre estructuras asociadas a disidencias de las FARC de Gentil Duarte y estructuras de la Segunda Marquetalia.

La violencia ha llevado a un incremento de la presencia estatal exclusivamente a través de la militarización, excluyendo otras medidas integrales de protección para la población. La UNIPA reclama que pese a que periódicamente se hacen reuniones con entidades estatales, con las que se han firmado más de 620 compromisos, ninguno ha traspasado el papel. Ni siquiera en términos de cobertura de servicios básicos. La mayoría de sus resguardos están totalmente incomunicados.

A pesar de que la crisis parece agudizarse, la resistencia de los awá parece hacerse más fuerte. Su fe se vio renovada de la mano de la elección de Gustavo Petro. Los awá recibieron esta victoria con optimismo pues la presencia de Francia Márquez significa para ellos una posible garantía, pues ella ha vivido el rigor del conflicto igual que su pueblo. “Esperamos que este nuevo Gobierno sea diferente y tenga un compromiso con la paz. La verdad es que es un sueño que no sé si yo alcanzaré a ver”, señala Leidy, una joven lideresa del Resguardo Indígena de Tortugaña Telembi.

Mientras esperan a que los compromisos se cumplan, los indígenas awá han decidido apostar por la protección y pedagogía propia a través del fortalecimiento de su Guardia Indígena, compuesta por más de 2000 personas. También impulsan emisoras comunitarias para mantener vivas sus costumbres, reparar el tejido social y hacerle frente a uno de los fenómenos que más les preocupa: el reclutamiento forzado que acecha a sus jóvenes. Así, buscan separarse de la militarización de su ‘Katsa Su’, como le llaman al territorio que habitan.

Los indígenas reclaman que sus resguardos se conciban como potencia de la vida” porque, al disminuir la violencia, podrían dedicarse a proteger la biodiversidad que los rodea, como las más de mil especies de pájaros que han podido identificar. Luego de tocar puertas aquí y allá, con toda clase de organizaciones humanitarias, sociales y gubernamentales, la comitiva regresará a sus resguardos en los próximos días. Vuelven con prevención y miedos, pues se sienten expuestos. Aún así quieren hacer lo necesario para detener el exterminio. Eso incluye alzar la voz, exigir y denunciar: “Hemos decidido no quedarnos en silencio. Si nos quedamos callados nos seguirán matando”.

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