Las niñas forzadas a ser madres en medio del auge de la violencia en Ecuador

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Ser madre para muchas niñas en Ecuador es una imposición. Seis de cada 10 menores de entre 10 y 14 años dan a luz cada día producto de una agresión sexual. Y esto es un retrato de las maternidades forzadas en el país andino. En la Amazonia ecuatoriana, por ejemplo, una niña de 13 años víctima de violación solicitó el servicio de aborto, pero el personal de salud intentó disuadirla: “Es muy riesgoso”, le dijeron. “Podrías tener una hemorragia”. La adolescente y su madre desistieron del procedimiento. Pese a que, desde 2021 la interrupción del embarazo en casos de violación es legal, el acceso continúa siendo restrictivo debido a la falta de información y estigma del personal de salud. En 2023, de las 4.937 niñas que quedaron embarazadas, apenas 247 accedieron al aborto y 1.665 tuvieron un hijo nacido vivo. Del resto, no hay cifras claras y se desconoce si acudieron a centros clandestinos.

A la semana 20, la niña de la Amazonia fue internada en terapia intensiva. “La madre estaba muy indignada porque le aseguraron que el aborto era riesgoso, pero nunca le dijeron que el embarazo en una menor ya es un riesgo”, dice Verónica Vera, vocera de Las Comadres, una organización feminista de acompañamiento de aborto seguro en Ecuador y quien recibió el caso. Historias como esta se repiten, una y otra vez, en las organizaciones que velan por los derechos de las mujeres y niñas en el país. El embarazo de una menor de 15 años es un riesgo: hay cinco veces más probabilidades de morir por causas relacionadas con el embarazo o parto, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). La niña terminó muy grave y a cargo de un bebé prematuro extremo, que no quiso. A las víctimas les obligan a parir hijos que también son víctimas, niños que nacen en total desventaja.

Para 2024, la cifra tampoco es alentadora. En el primer trimestre del año, 2.756 niñas y adolescentes entre 10 y 14 años estaban embarazadas y apenas 105 han accedido a su derecho al aborto. Los casos de violencia sexual contra niñas en el país vienen acompañados de invisibilización y falta de acceso a los servicios de salud. “Existen barreras de acceso como la objeción de consciencia, la interpretación de las causales y el límite de edad gestacional, que impiden a las niñas el acceso integral al derecho al aborto”, señala Ana Vera, abogada de la organización de derechos humanos Surkuna. En Ecuador, el aborto solo es legal en tres casos: cuando corre peligro la vida de la mujer, por peligro para la salud y cuando es consecuencia de una violación.

Trabas en las causales y miedo de los médicos

El plazo para que una mujer acceda al aborto por la causal violación de manera legal es limitado: solo 12 semanas. Esto provoca que muchas niñas y adolescentes, que acuden fuera de ese período, encuentren obstáculos y no puedan ejercer su derecho. “Una situación que se recrudece sobre todo en las menores que viven violencia dentro de sus entornos familiares. Son niñas que tardan en reconocer el embarazo” y “se dan cuenta cuando ya es visible o son terceras personas las que notan ese embarazo”, explica Ana Vera. “Muchas de ellas no van a poder acceder a la causal violación para interrumpir esos embarazos porque van a llegar tarde al servicio de salud”, enfatiza Vera.

Entre 2021 y 2023, apenas 53 niñas y adolescentes de 10 a 14 años accedieron a una interrupción voluntaria del embarazo bajo la causal violación. Para María Fernanda Morales, ginecóloga obstetra, ciertos médicos condenan a las niñas a continuar con los controles prenatales. “No les explican que, solo por su edad, tienen el derecho a interrumpir su embarazo”, subraya. Morales resalta que es obligatorio que el personal médico no solo realice un control prenatal, sino que también ofrezca información sobre las opciones de interrupción del embarazo.

“En el caso de las niñas, hay concurrencia de causales: no solo se aplica la causal violación, sino que el embarazo es sí mismo representa un riesgo para su vida, por lo que también aplica la causal salud”, explica Virginia Gómez de la Torre, directora de Fundación Desafío, organización que promueve los derechos sexuales y reproductivos. Gómez profundiza que esta causal no tiene un límite de tiempo y que, en estos casos, es aplicable para salvar la vida de las menores. Cualquier mujer cuya salud esté en riesgo— ya sea físico, mental y social— puede acceder a un aborto legal, pero eso no sucede en el país.

La causal salud es donde más existen obstáculos: los médicos la interpretan únicamente como una enfermedad grave, cuando en realidad incluye también la salud mental. Un embarazo producto de una violación implica un grave impacto en la salud mental, en especial de menores abusadas. “Hay evidencia de que los embarazos no deseados pueden provocar estados depresivos, pero muchos profesionales de la salud tienden a encasillar la situación en un cuadro específico”, explica. Morales enfatiza que, si una niña llega a las 16 semanas de embarazo, el profesional debe entender que no solo tiene derecho a la salud física, sino también a la salud mental y social. “El embarazo la pone en riesgo, y estos riesgos también incluyen aspectos mentales y sociales”.

Las dificultades en el acceso al aborto se deben, en parte, al temor que muchos médicos sienten al realizar este procedimiento. Se enfrentan a una zona gris: el aborto es un derecho y a la vez un delito. Este vacío legal provoca trabas: profesionales de salud que han garantizado el derecho al aborto, pero que luego han sido procesados judicialmente por la Fiscalía. “Es urgente que el aborto deje de ser un delito para solucionar este limbo jurídico”, señala Verónica Vera. La ginecóloga María Fernanda Morales añade que además es importante establecer causales claras que permitan a los médicos practicar abortos sin temor a enfrentar procesos judiciales.

Acceder a un aborto debería ser sencillo, pero en la práctica sucede todo lo contrario, vulnerando el derecho de cientos de mujeres, niñas y adolescentes. Verónica Vera, portavoz de Las Comadres, cuenta que varios de los casos que atienden son de mujeres que han intentado acceder al aborto por las tres causales, pero se han encontrado barreras. “Intentamos que los casos que acompañamos, y que deciden ir al sistema de salud pública, presenten una solicitud por escrito para que tengan un respaldo físico en caso de que les niegue el procedimiento, haya dilaciones injustificadas, o el personal de salud vulnere sus derechos”. Pese a que solo es necesaria una petición oral, que manifieste el deseo de acceder a un aborto, muchas de estas solicitudes se quedan sin respuesta. En cambio, otras ni siquiera se reportan por miedo a sus agresores, que en algunos casos, reportan organizaciones sociales, pertenecen a grupos delincuenciales.

La inseguridad: otro obstáculo en el acceso al aborto

Expertas advierten que la actual crisis de seguridad ha exacerbado la violencia de género. Desde las organizaciones sociales se reporta un aumento de las agresiones sexuales, el recrudecimiento de la impunidad y las dificultades del acceso al aborto en zonas tomadas por grupos de delincuencia organizada. “Hay casos de niñas y adolescentes que son violentadas por integrantes de organizaciones criminales, lo que, por supuesto, aumenta la cantidad de embarazos producto de violencia sexual, así como la imposibilidad de que las víctimas y sobrevivientes puedan activar los mecanismos legales para acceder al aborto”, enfatiza Ana Vera de Surkuna.

Aunque no es necesario presentar una denuncia ni declaración jurada, el solo hecho de que el servicio de salud necesite la constancia de que el embarazo es consecuencia de violencia sexual expone a las mujeres, niñas y adolescentes a riesgos por parte de grupos criminales. “Muchas no se atreven a denunciar por miedo”, profundiza Vera.

Esta realidad tampoco es nueva para Virginia Gómez de la Torre, de Fundación Desafío. Gómez de la Torre asegura haber escuchado testimonios de un grupo de violadores vinculados a un grupo de delincuencia organizada. “Todo el mundo sabía quiénes violaban, sabían la casa donde estaban, pero el terror de denunciar podía más. Si antes de esto el índice de denuncias era bajísimo, peor ahora”, zanja.

Marta Zambrano, asesora nacional de derechos sexuales y reproductivos de Plan Internacional—organización que trabaja por los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas— explica que el incremento de la violencia ha limitado su trabajo. Las capacitaciones y charlas sobre educación sexual y reproductiva cada vez son menos. Zambrano asegura que hay zonas en la provincia costera de Guayas donde no pueden ingresar. “Ponemos en peligro a los menores porque son zonas donde hay tiroteos. Hacemos esfuerzos de manera virtual, pero no es posible”, lamenta. “Si no se toman medidas urgentes el problema va a ir en aumento”.

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