Médicos que se niegan y trampas con la Fiscalía: la dificultad para acceder al aborto en el Estado de México incluso en caso de violación

En el Estado de México, el aborto es ilegal. Está penado con hasta cinco años de cárcel para el personal de salud que lo practique y con tres para la mujer que lo decida. Por ley, solo está permitido en cuatro circunstancias: en caso de violación, de peligro de vida para la madre, por “alteraciones genéticas” del feto, o en caso de que el aborto se produzca por accidente, sin intención de la mujer. Aun en estos casos, el camino a la interrupción legal del embarazo está plagado de obstáculos, trampas y recovecos. De médicos que se niegan por miedo o creencias, de guardias de seguridad que impiden la entrada a los hospitales, de personal que maltrata a las mujeres o de trabas inventadas con la Fiscalía. Así lo acredita una investigación de la organización Human Rights Watch, que durante un año se entrevistó con decenas de médicos, activistas y funcionarios para ver cómo funciona el acceso a un derecho básico para las mujeres mexicanas.

Julia tenía 23 años y una hija cuando tuvo que ser internada por un aborto en curso en el Estado de México. El personal de salud trató de impedirlo: “Una buena madre no hace esas cosas”. Dayana tenía 15 años y había sido violada. Intentó acceder a un aborto, pero los médicos se lo negaron: “Se tenía que comportar como una señora porque eso era”. También se lo rechazaron tras una agresión sexual a Ana, que tuvo que trasladarse a Ciudad de México para interrumpir el embarazo. Después, la Fiscalía mexiquense no le aceptó la denuncia “porque se había hecho un aborto y eso es un delito, y un delito borra otro delito”. Estos son algunos de los testimonios —con nombres ficticios— que recoge el informe Navegando obstáculos: acceso al aborto en el Estado de México, de Human Rights Watch (HRW). El documento está basado en 66 entrevistas, entre los que hay personal de salud de 12 hospitales de la entidad, y en más de 30 solicitudes de información.

El Estado de México es una de las 16 entidades del país que sigue criminalizando el aborto. A pesar de la resolución de 2021 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en una decisión histórica, la mitad del país sigue sin adecuar su código penal. Desde entonces se han conseguido algunas victorias gracias a amparos legales de organizaciones, como Gire, y otras porque el Congreso local de cada Estado ha votado por adecuarse. El camino que queda es largo. También a nivel federal. En 2023, la SCJN resolvió que debía quitarse el delito de aborto en el Código Penal Federal y que las instituciones de salud públicas están obligadas a ofrecer el servicio de forma gratuita. Sin embargo, los cambios todavía no han llegado.

La situación en los Estados es frágil. El Estado de México es el más poblado del país, con casi 17 millones de personas, y uno de los más pobres, con el 43% de la población en situación de pobreza. A esta realidad se suma el primer puesto que alcanza en delitos de violencia de género, además de en lesiones y extorsión a mujeres, trata y violación. Solo de enero a junio de 2024, más de 1.600 mujeres presentaron una denuncia por agresión sexual en el Estado de México, según las cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El INEGI estima que el 60,7% de las mujeres en esa entidad sufrirán violencia sexual en algún momento de su vida.

Sin embargo, entre 2018 y 2022, la Secretaría de Salud de la entidad registró solo 179 egresos hospitalarios de atención por aborto bajo la causal de violación. “El bajo número de abortos relacionados con violación sexual en el Estado de México indica que hay una utilización limitada de este servicio en el sector público. Esta tendencia podría atribuirse a los desafíos para el acceso al aborto, a pesar de que la causal de violación está permitida en el Estado”, apunta el informe de Human Rights Watch.

El maltrato, un obstáculo clave

Entre las dificultadas creadas por el sistema, una clave es la mala atención a las mujeres. Un médico de un hospital reconoció a HRW que “el maltrato se trata de un obstáculo importante y que algunas usuarias no acceden a los servicios de aborto porque ya no regresan después de haber recibido malos tratos”. Un funcionario de la Secretaría de Salud mexiquense también aceptó que las mujeres pueden ser maltratadas antes y después de abortar.

En los casos de violencia sexual, el informe de la organización recoge que el personal de salud del Estado de México exige requisitos “por fuera de la ley”. Por ejemplo, dicen a las víctimas que no se las puede atender si no han presentado la denuncia penal por violación, solicitan una autorización parental para las menores, o tratan de imponer el límite de 12 semanas para practicarlo. Todas estas condiciones son inventadas por los médicos para no cumplir con la obligación. En la Ley de Víctimas se recoge que el aborto por agresión sexual no requiere de denuncia, sino que debe prevalecer “la buena fe” de la solicitante; tampoco se necesita permiso de los padres si la mujer tiene más de 12 años, y en caso de violación, no hay máximo de semanas.

Ante estas situaciones, Human Rights Watch apunta: “El personal médico posterga la atención de salud en abortos en contra de la voluntad de la persona, o donde la presionaron para que esperara antes de someterse a un aborto, incluso cuando su vida estaba en riesgo”. En algunas de estas ocasiones, el personal se niega por el temor a ser perseguidos legalmente. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero de 2018 y marzo de 2023, la Fiscalía del Estado de México inició 740 investigaciones penales por el delito de aborto. Esto ocurre pese a que los jueces no pueden emitir condenas por aborto cuando se realiza con la voluntad de una mujer, como resultado de la sentencia que la Suprema Corte dictó en 2021.

Así, la mayoría del personal de salud entrevistado por Human Rights Watch cree que la despenalización del aborto mejoraría el acceso a los servicios de aborto. “Eliminar las restricciones legales mitigaría el temor entre mujeres, niñas, adolescentes, sobre todo teniendo en cuenta que existe una percepción generalizada de que el marco jurídico vigente prohíbe el aborto en todas las circunstancias. También mitigaría las inquietudes del personal de salud por la posibilidad de ser procesados penalmente si brindan atención legal de aborto”, concluye el informe. HRW hace varias recomendaciones al Congreso local, federal, y a las secretarías de Salud para avanzar en reconocer este derecho y cumplir con la sentencia de la SCJN.

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