Un grupo de senadoras presenta una iniciativa para derogar los artículos sobre el aborto del Código Penal Federal
Legisladoras de todos los grupos parlamentarios han firmado para hacer cumplir el mandato de la Suprema Corte de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo y garantizar el acceso a los centros de salud federales
Un grupo de senadoras ha presentado una iniciativa para derogar los artículos que criminalizan el aborto en el Código Penal Federal. Así lo ha anunciado la legisladora de Movimiento Ciudadano Patricia Mercado, quien con un pañuelo verde al cuello, aseguraba desde la tribuna del Senado: “Estamos ante la última oportunidad para que en esta legislatura se proteja a las mujeres y personas gestantes que decidan interrumpir su embarazo por cualquier razón”. La iniciativa está firmada, además de por Mercado, por Malú Míchel (Morena), Cecilia Pinedo (Partido del Trabajo), Alejandra Lagunes (Partido Verde), Nadia Navarro (PAN), Claudia Anaya (PRI) y Claudia Ruiz Massieu, como independiente. Además de la firma de Miguel Ángel Mancera, del PRD, para contar con todos los grupos parlamentarios. Las tres legisladoras del Partido de Encuentro Social (PES) han decidido presentar su propia iniciativa porque no estaban de acuerdo con que se añadiera el término de “personas gestantes”.
La rueda para convertir el acceso al aborto seguro en un derecho continúa en México. Al calor de la última resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el pasado 6 de septiembre ordenó al Congreso mexicano derogar los artículos relacionados con el aborto del Código Penal Federal y también a los centros de salud federales, como el IMSS o el ISSSTE, a prestar el servicio de forma gratuita, la maquinaria legislativa se ha puesto en movimiento. Patricia Mercado explica a EL PAÍS que el miércoles se consiguió de forma “muy rápida” la firma de una legisladora de cada grupo parlamentario, pero que la idea es que se vayan uniendo el resto de senadoras.
“Desde ayer estamos lanzando la posibilidad de una gran alianza de las mujeres legisladoras, para que efectivamente esta iniciativa sea dictaminada”, cuenta Mercado, que ha explicado que en las próximas semanas se va a votar en comisiones, donde se verá la fuerza de la iniciativa, y después el objetivo es que llegue a la mesa directiva del Senado para votarla. Este anuncio ha coincidido con este 28-S, el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto: “Esperamos que la marcha de hoy sea potente y que el movimiento feminista también pueda presionar desde fuera”, añade Mercado.
No es la primera vez que una iniciativa de este tipo se presenta en el Senado. Hace justo dos años, que 20 legisladoras metieron otra propuesta con el mismo objetivo de derogar los artículos 332, 333 y 334 del Código Penal Federal, y también tocaba el tema de la objeción de conciencia: “El Estado está obligado a dar servicio de aborto seguro pese a los objetores de conciencia”, explica Mercado. La de entonces también fue en el marco de la histórica decisión de la Suprema Corte, que obligó a reformar el código de Coahuila, y declaró, por primera vez, que era inconstitucional sancionar a una mujer por abortar. Desde entonces, la iniciativa ha seguido “bajo la mesa”.
Mercado cree que aunque hay una mayoría a favor en el Senado, siempre hay obstáculos: “El lobby de los grupos ultraconservadores y medio conservadores, la jerarquía católica en el país puso el grito en el cielo con la iniciativa de salud sexual y reproductiva ya hace dos años”. Además, apunta que “son temas sacrificables por la clase política, que conceden a favor de los grupos conservadores”. La senadora de Movimiento Ciudadano también señala al presidente Andrés Manuel López Obrador, puesto que “no ayuda”: “Si bien no se opone, no le parece que sean temas que hay que tratar con urgencia. Entonces hay diferencias al interior del Gobierno federal, con el presidente. No hay acuerdos y tampoco hay voluntad política”.
El objetivo es que no ocurra lo mismo con la iniciativa de este año. Todavía falta, dice Mercado, que la SCJN mande su resolución al Senado. El mandato de la Suprema Corte es obligatorio, pero no sería la primera vez que el Congreso se demora en cumplir las resoluciones del máximo tribunal de México, como ha ocurrido con la legalización del cannabis o el nombramiento de comisionados del Instituto de Transparencia (INAI).
La legisladora de Movimiento Ciudadano es clara con lo que está en juego: “Quienes son criminalizadas son las mujeres más vulnerables, las mujeres con recursos abortan con médicos particulares y son las mujeres pobres las que se enfrentan a abortos clandestinos”. Cada año, en México se quedan embarazadas más de 8.000 adolescentes menores de 15 años, en una de las tasas más altas de la región. Ellas son también las principales víctimas de abortos inseguros. “Estamos jugando con la vida y con la vida de adolescentes, necesitamos seguir avanzando en la despenalización para que las mujeres, todas, pero especialmente las niñas y adolescentes puedan tener servicios seguros de aborto en todo el país, por eso antes de pensar en el derecho, pensar en la vida de las mujeres. Y también es un derecho que queremos que sea ley”, termina Mercado.
La iniciativa a nivel federal es importante porque los centros federales abarcan casi el 70% de población con acceso a servicios de salud, pero no es la meta final. Las abogadas de Gire (Grupo de Información en Reproducción Elegida), quienes consiguieron el último avance en la SCJN, han presentado 21 amparos más para conseguir despenalizar el aborto en los Estados que faltan en el país. En México se permite un acceso parcial al aborto, en la mayoría de los casos hasta las 12 semanas de embarazo, en Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz —donde estaba aprobado antes de la decisión de la Corte de 2021—, y a raíz de la resolución del tribunal se aprobó en Coahuila, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Aguascalientes, este último hace apenas un mes.
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