Noboa reabre el debate sobre bases militares en Ecuador ante el fracaso de su estrategia de seguridad

Durante diez años, un grupo de soldados estadounidenses se instaló en la ciudad costera de Manta para llevar a cabo misiones militares por mar y aire, coordinadas bajo el Plan Colombia. Era 1999. En aquel momento, Ecuador estaba lejos de convertirse en un hub del narcotráfico, como lo es en la actualidad, pero existía temor de que los tentáculos del narcotráfico, ya establecidos en Colombia, se extendieran por la región. En 2009, tras aquellas operaciones militares y con la llegada al poder de Rafael Correa, se puso fin a la posibilidad de que cualquier otra base militar se instalara en territorio ecuatoriano... Hasta ahora. Daniel Noboa, con chaqueta de cuero y vaqueros, ha reabierto el debate sobre las bases militares en Ecuador en su lucha contra el crimen organizado. La propuesta de reformar la Constitución ha pasado el primer filtro de la Corte Constitucional, que ha aprobado que el artículo en cuestión no restringe derechos y garantías constitucionales, sino que se refiere exclusivamente a la situación de seguridad en el país.

A finales de siglo el país libraba sus propias batallas: mantenía negociaciones de paz con Perú, que apenas unos años antes había sorprendido con un ataque militar en la frontera norte, reclamando territorio. La pobreza se había agudizado con la destrucción que dejó el fenómeno de El Niño. Además, la economía dependía del petróleo que había llegado a los precios más bajos por barril y contaba con un débil sistema energético, que provocaba apagones constantes. La situación empeoró cuando gran parte del sistema financiero se desplomó por el mal manejo de los fondos, para lo que el Gobierno declaró un feriado bancario y evitar que la gente saque su dinero, congelando los ahorros de los depositantes como solución.

Jamil Mahuad gobernaba en ese tiempo (1998-2000). Fue el mismo mandatario que firmó la conversión de la moneda ecuatoriana, el sucre, al dólar, en un valor inalcanzable para muchos. Tan inalcanzable que miles de personas decidieron migrar en medio de una economía colapsada, mientras que otros, sobre todo ancianos que vieron liquidados sus ahorros y el dinero de sus jubilaciones, tomaron decisiones trágicas, como quitarse la vida. En ese contexto, en el que los ciudadanos se preocupaban por sobrevivir día a día, el Gobierno de Mahuad firmó con Estados Unidos la creación de una base militar en la pequeña ciudad de Manta, que se destaca en el mapa como un punto que sobresale en el Pacífico Sur.

La iniciativa presidencial propuesta ahora por el actual presidente, Daniel Noboa, ha abierto el debate sobre la efectividad de una base militar extranjera en el combate al crimen organizado, o si se trata de una cortina de humo en tiempos preelectorales que podría beneficiar al mandatario ecuatoriano frente a sus adversarios políticos.

Para el analista en seguridad Luis Carlos Córdova, una base militar extranjera no es necesaria en la actualidad. “No garantiza ninguna mejora en la política ni en la estrategia de seguridad, y tampoco está en la agenda de Estados Unidos, que es la potencia con mayor influencia en la región para instalar este tipo de bases en el país”, explica el investigador. La Administración de Biden también ha confirmado esto. “Profundizamos nuestra cooperación con Ecuador a través de entrenamiento, equipos, infraestructura y operaciones conjuntas para enfrentar desafíos de seguridad compartidos”, declaró la misión diplomática estadounidense en el país. Esto se refiere a los tres acuerdos firmados durante el Gobierno de Guillermo Lasso. “Estos acuerdos permiten la presencia de personal civil y militar, con autorización de los ecuatorianos. No se necesita una reforma. Ya están funcionando con pequeños cuarteles. Existen regulaciones y pueden operar”, añade Córdova, quien concluye que el propósito del presidente es electoral, buscando tener una discusión en la Asamblea, donde el proyecto ya está en manos de los legisladores y se espera su primer debate en los próximos días. Si se aprueba la propuesta del Ejecutivo, los ecuatorianos tendrían que votar nuevamente para aprobar la reforma.

En el Legislativo, el debate se centra en qué países podrían establecer una base militar y cuáles serían las condiciones, dado que algunos congresistas se preguntan si el próximo Gobierno podría abrir la puerta a que China o Rusia instalen bases en el país y cómo eso podría afectar las relaciones con otras naciones. Además, surge la cuestión de la ubicación de estas bases, ya que las nuevas rutas de la droga no solo se encuentran en el Pacífico, como antes, sino que también han penetrado en la zona oriental hacia la cuenca del Amazonas, para abastecer de cocaína a Brasil. Estas especificaciones no se encuentran en el texto enviado por el presidente. La propuesta de Noboa solo modifica el artículo 5 de la Constitución, dejándolo únicamente con la frase “Ecuador es territorio de paz”, y eliminando el resto que indica que no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Asimismo, se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras.

Además, se cuestiona la existencia de argumentos sólidos que justifiquen la necesidad de una base militar extranjera en la lucha contra el crimen organizado en el contexto actual. La experiencia ecuatoriana muestra que el impacto de la base militar estadounidense en Manta no fue significativo. Cuando se instaló, la violencia no disminuyó. La tasa de homicidios, que en 1999 era de 13,55 por cada 100.000 habitantes, aumentó a 17,74 cuando la base dejó de operar. Por otro lado, la cantidad de sustancias ilícitas incautadas sí aumentó: se decomisaron en promedio 35 toneladas de droga cada año durante esa década, aunque esto no reflejaba una proporción significativa respecto a la droga que Colombia exportó en el mismo período. Los costos humanos son los menos visibles. Organizaciones de derechos humanos documentaron 21 casos de abordaje, destrucción y hundimiento de embarcaciones que, en algunos casos, transportaban migrantes que usaban la ruta marítima por Centroamérica para llegar a Estados Unidos. “La base aérea de Manta fue utilizada como un punto de control de los guardacostas norteamericanos y para la triangulación de datos, interceptando embarcaciones en altamar que, al no estar claramente identificadas como portadoras de droga o migrantes, fueron hundidas”, recuerda Córdova.

Para el experto en seguridad, hay un aspecto que no se menciona en el relato del Gobierno sobre el regreso al tema de las bases militares: el fracaso en la guerra interna que el presidente declaró en enero contra 22 organizaciones del crimen organizado. Noboa ya solicitó el apoyo ciudadano en la lucha por la seguridad a través de una consulta popular, donde se aprobó, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas asuman el control de la seguridad, una de las soluciones que el Gobierno ofreció ante los niveles sin precedentes de violencia que enfrenta el país. Además, se incrementó el impuesto al valor agregado del 12% al 15% para financiar la “guerra”. Aunque los ecuatorianos respaldaron sus propuestas, aún no han visto resultados. “El Gobierno no ha comprendido el profundo arraigo social que estos grupos tienen en las zonas más afectadas por la violencia. Los británicos lo entendieron con la guerra en Afganistán”, explica Córdova. “La conclusión que llegaron es que, para enfrentarlos, es necesario disputar la legitimidad de las instituciones públicas en los lugares donde la violencia predomina”, continúa el analista, quien resalta el contexto de desconfianza hacia el Estado que viven los ecuatorianos, donde se han registrado episodios de violencia en los que la misma población intenta hacer justicia por mano propia. Un ejemplo de esto ocurrió en una pequeña ciudad de la Sierra, Cayambe, donde una turba quemó vivo a un hombre acusado de haber secuestrado y asesinado a un transportista local.