El crimen organizado echa raíces en Quito

La violencia en Ecuador acorta las distancias entre las regiones bajo el control de las pandillas y se establece en ciudades que hasta ahora parecían ajenas al crimen organizado. Un claro ejemplo de esta situación es Quito, la capital ecuatoriana, donde en un solo mes se registraron 24 crímenes violentos, lo que representa un aumento del 30% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Entre estos casos, se incluye el atentado armado contra dos funcionarias del SNAI, la institución encargada del sistema penitenciario. Este alarmante panorama llevó al Gobierno de Daniel Noboa a incluir, por primera vez, a la ciudad en el último decreto de estado de excepción, como respuesta a un aumento de la inseguridad que ha resultado incontrolable.

En los últimos cuatro años, los capitalinos han observado desde la distancia el repunte de la violencia, que se había concentrado en las ciudades que forman parte de la ruta del tráfico de drogas, que comienza en las zonas fronterizas con Colombia y Perú, atraviesa una parte de la Amazonia y toda la costa ecuatoriana para llegar a los puertos, desde donde se exporta la droga hacia Estados Unidos y Europa. Quito, hasta hace poco, estaba fuera del mapa del narcotráfico. Sin embargo, en los últimos dos meses, las balaceras han comenzado a resonar con fuerza en algunos barrios de la capital, encendiendo todas las alarmas.

La calle conocida como la Jota, en el barrio Solanda, al sur de la ciudad, vibra con el bullicio del comercio informal, donde los transeúntes buscan incluso los objetos más insólitos, seguros de que los encontrarán en los pequeños negocios a lo largo de las aceras. Allí, los comerciantes compiten por los clientes ofreciendo el mejor precio y la “yapa”, un extra para fidelizar al comprador. Pero una noche de agosto, el bullicio fue interrumpido por hombres en dos motocicletas, quienes desataron varios disparos contra cinco jóvenes que intentaron escapar en medio del pánico y los gritos de quienes se resguardaban de las balas perdidas. Tres de los jóvenes murieron, y dos resultaron heridos. Unos días antes, la comunidad ya había quedado conmocionada por el asesinato de un hombre a la puerta de su casa.

“Solanda es una ciudad dentro de la ciudad”, explica Fernando Chamba, líder barrial del sector, para ilustrar la alta densidad de población, donde viven alrededor de 130.000 habitantes. “El barrio no está al margen de la descomposición social. Muchos de nuestros vecinos emigraron en 1999, durante la crisis bancaria; algunos regresaron, pero muchos jóvenes quedaron solos”, continúa Chamba. Un patrón similar se repite en otros sectores como Quitumbe, Calderón y Comité del Pueblo, que coinciden con un aumento de la violencia y enfrentan problemas comunes que incrementan la vulnerabilidad de la población: desempleo, deserción escolar, falta de acceso a la educación superior, desplazamiento de personas de otras provincias y migración extranjera.

Para la secretaria de Seguridad del Municipio de Quito, Carolina Andrade, la violencia en la capital está marcada por redes de tráfico interno de cocaína. “El 32% de la droga incautada es para consumo interno; es un mercado muy fuerte y eso dinamiza la violencia criminal”, afirma la funcionaria. Además, desde 2022, cuando se flexibilizó el porte y tenencia de armas de fuego, el 80% de los homicidios y robos se comete con armas de fuego, mientras que anteriormente predominaban las armas blancas. Esta situación ha reforzado la presencia de pandillas como Los Lobos, Choneros, Latin Kings y Chone Killers, que han trasladado su lucha a las calles de Quito, intentando imponer su ley, al igual que lo han hecho en las provincias costeras, donde ni el estado de excepción ni los toques de queda han logrado contener la violencia en zonas controladas por grupos criminales.

En Quito, las principales causas de muerte son los accidentes de tráfico, sobre todo provocados por conductores ebrios, seguidos de los suicidios. En tercer lugar, se sitúan los homicidios. “Hasta septiembre, hemos observado una reducción del 13% respecto a 2023, lo que es significativo en el contexto nacional. Sin embargo, en los últimos dos meses esa brecha ha comenzado a cerrarse a una velocidad preocupante”, señala Andrade. Aún así, la declaratoria de estado de excepción sorprendió al Cabildo. “Lamentablemente, no fue una decisión consensuada ni dialogada con el Municipio de Quito. El Ejecutivo actuó dentro de sus competencias en el manejo de la seguridad”, dice Andrade, quien considera que la decisión tiene una connotación más política, en vísperas de las elecciones, y que no se tuvieron en cuenta las repercusiones sobre la imagen y el turismo de la ciudad. “Los turistas no saben lo que implica vivir en un estado de excepción”, añade. No obstante, destaca que desde la entrada en vigor del decreto se ha incrementado la presencia policial y militar en varios barrios, algo que antes se concentraba en otras provincias del país en constante estado de excepción, lo que ha restado las capacidades logísticas y operativas de la policía en la capital.

El estado de excepción por 60 días también permite levantar la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia. “Esperamos que sea una oportunidad para que la Policía pueda llevar a cabo allanamientos de investigaciones en curso, y eso sería una herramienta para actuar en flagrancia y realizar detenciones estratégicas”, considera Andrade. Quito, a diferencia de otras ciudades, alberga las principales funciones del Estado, el sistema de justicia y la Fiscalía, lo que incrementa los riesgos y amenazas, especialmente en un contexto preelectoral. La sombra del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023, cuando salía de un mitin político en el norte de la ciudad, pesa sobre la capital. Hasta el momento, cinco personas, miembros de la banda criminal Los Lobos, han sido condenadas como autores materiales del crimen, pero aún se desconoce quién ordenó asesinar a Villavicencio. Mientras persista el velo de impunidad, la ciudad seguirá siendo vulnerable a nuevos episodios de violencia que podrían cambiar la historia del país.