Estados Unidos prohíbe la entrada a Rafael Correa y Jorge Glas por sus casos de corrupción

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha prohibido la entrada al país a Rafael Correa, expresidente de Ecuador, y su segundo al mando, Jorge Glas, por su “participación en actos de corrupción significativos durante su mandato público”, según un comunicado oficial. El Gobierno de Joe Biden sostiene que ambos abusaron de sus cargos al aceptar sobornos, incluso a través de contribuciones políticas, a cambio de otorgar contratos gubernamentales favorables.

Estados Unidos ha catalogado a Correa y Glas como personas no elegibles para acceder a visas e ingresar al país, conforme a la designación 7031(c), que se aplica a individuos con participación directa o indirecta en corrupción significativa o violaciones graves de los derechos humanos, detalla el comunicado del Departamento de Estado. Esta medida también afecta a sus familiares directos, incluidos esposas e hijos mayores de edad.

“La maldad humana… Obvian que nadie en el MUNDO ha aceptado la sentencia por ‘influjo psíquico’ y que cinco países han otorgado asilo político a los involucrados en el Caso Sobornos”, ha reaccionado Rafael Correa en la red social X. “Involucran hasta a mi familia. ¡No hay derecho!”, añadió. Según Sonia Vera, abogada de ambos sancionados, Rafael Correa no ha solicitado entrada a Estados Unidos, y Jorge Glas se encuentra en la prisión de máxima seguridad La Roca desde el 5 de abril, cuando, en un hecho sin precedentes, Daniel Noboa ordenó el asalto a la Embajada de México en Quito, donde Glas se encontraba como asilado político. La incursión de la fuerza pública ecuatoriana a la legación diplomática provocó la ruptura de relaciones entre ambos países, y su desenlace se sentenciará en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, adonde el Gobierno mexicano acudió para demandar a Ecuador.

En otro mensaje en X, Correa se refirió a las hipótesis sobre la decisión de Estados Unidos, que llega cuatro años después de la sentencia, a la que calificó de “idiotez hecha por los gringos”. El exmandatario considera que esta acción podría ser una retaliación por una fotografía que publicó el 2 de octubre, en la que aparece junto a Julian Assange en Estrasburgo, Francia, durante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE, por sus siglas en inglés), que aprobó una resolución declarando a Assange como “preso político”.

Correa también sostiene que la decisión de la administración Biden llega en un momento crítico para Ecuador, que soporta diez horas de apagones debido al mal manejo de la crisis energética que arrastra el país desde el año pasado, además de la escalada de violencia que no se controla a pesar de los reiterados estados de excepción decretados por el joven mandatario. “Es un distractor para desviar la atención del desastre del Gobierno de Noboa”, afirmó.

Rafael Correa fue condenado en abril de 2020 como líder de una red de sobornos. La Corte Nacional, máximo tribunal de justicia ordinaria del país, sentenció al expresidente y a 17 miembros de su Gobierno a ocho años de cárcel y otros 25 de inhabilitación para ejercer cargos públicos por un delito de cohecho agravado. La decisión judicial determinó que el exmandatario obtenía recursos de empresas privadas para la campaña de su partido, Alianza País, mediante presiones a cambio de ofrecerles contratos con el Estado. Correa fue presidente entre 2007 y 2017; tras dejar el poder, fue sentenciado en ausencia y desde entonces vive asilado en Bélgica.

Entre los otros procesados del denominado caso Sobornos se encuentra su exvicepresidente Jorge Glas, quien ya cumplía una condena de seis años por el caso Odebrecht y se encuentra en prisión. Además, están involucrados su exsecretario jurídico de Presidencia, Alexis Mera, y sus exministros María de los Ángeles Duarte —quien estuvo asilada en la Embajada de Argentina en Quito hasta que huyó en un operativo secreto en 2023—, Walter Solís y Vinicio Alvarado, así como los exasambleístas Viviana Bonilla y Christian Viteri, actualmente asilados en México. De los sentenciados, diez son empresarios. La constructora brasileña, que había sido implicada al inicio de la investigación, finalmente no fue acusada por la Fiscalía.