La hora de la verdad del ‘caso Marielle’: el juicio a los asesinos confesos de la concejala de Río

“Estoy convencida de que los autores del asesinato de mi madre y los que lo encargaron nunca imaginaron la dimensión que alcanzaría el caso”, dice Luyara Franco, de 25 años, la hija de Marielle Franco, de 38 años, la concejala izquierdista de Río de Janeiro asesinada el 14 de marzo de 2018 junto a su chófer, Anderson Gomes, 39 años. Un crimen obra de profesionales. Disparar desde un coche en marcha a otro en movimiento requiere un pulso y una puntería al alcance de pocos. La familia Franco siempre mantuvo la esperanza de ver a los asesinos sentados en el banquillo. Y ese anhelo será realidad el próximo miércoles, transcurridos más de 2.000 días desde el crimen. Los dos autores confesos, dos policías militares, Ronnie Lessa, que apretó el gatillo, y Élcio de Queiroz, que conducía, serán juzgados por un jurado de siete ciudadanos en Río. Un hito para uno de los crímenes políticos más relevantes de la historia reciente de Brasil, la gran causa que mantuvo unida a la izquierda en los duros años del bolsonarismo. “¿Quién mató a Marielle y por qué?”, era el lema.

Sentar a los asesinos en el banquillo supone un paso importante para Brasil, su democracia y los 46.000 electores que la votaron. Para Silva y Franco es un asunto personal, además de político. “Este juicio significa todo porque hasta ahora nadie ha sido condenado”, dice al otro lado de la pantalla, Marinete Silva, 72 años, madre de la concejala y abogada jubilada. A su lado, en la sede del Instituto Marielle Franco, en Río, su nieta Luyara, directora de legado de la entidad y estudiante de Educación Física, añade en una entrevista con este diario: “Justicia sería que el crimen] no hubiera ocurrido. Este es el primer paso de muchos [en la justicia], se juzga solo a los ejecutores. Luego debe ser el turno de quienes dieron la orden, las reparaciones a las familias”. El tribunal emitirá el juicio en directo en YouTube.

Los asesinos, detenidos tras un chivatazo, llevan cinco años en prisión preventiva. Como ambos han confesado en los últimos meses quién los contrató y los detalles de la trama a cambio de beneficios penitenciarios, se da por descontado que serán condenados en un juicio de dos o tres días. “Pero aquí no acaba nada”, recalcan nieta y abuela. Aunque supone sin duda una victoria para las familias de las víctimas y los incontables movimientos sociales que las han acompañado en esta batalla para que este caso no acabara como un expediente irresuelto más en la larga historia de los bajos fondos cariocas.

Dos hermanos, políticos cariocas de historial turbio, los Brazão, están en la cárcel desde marzo acusados de ordenar y financiar el crimen tras ser delatados por el asesino al que contrataron. Y el comisario Rivaldo Barbosa que dirigía la sección de homicidios en Río, que prometió a la familia que pondría todo el celo en investigar el asesinato, está en prisión acusado de idear la caza de la concejala y obstaculizar las pesquisas desde dentro. Suya fue la recomendación de que no la mataran en el Ayuntamiento porque eso sería un crimen a investigar por la policía federal, no la de Río. Y, por tanto, más difícil de sabotear.

El asesinato de Marielle Franco, entonces una edil novata desconocida fuera de Río, pronto destacó en medio de una estadística que cifra en más de 45.000 los brasileños muertos violentamente cada año, incluidos políticos. Al menos 82 electos y militantes han sido asesinados en lo que va de 2024. Quizá fue por su perfil: una mujer negra, veterana activista, concejala en un sistema político dominado por hombres blancos y conocida por luchar por los derechos humanos, contra la violencia policial, el racismo y el machismo, era madre y estaba casada con otra mujer. Quizá el caso adquirió tanto significado porque en 2018 el odio visceral al Partido de los Trabajadores y a la izquierda en general estaba en auge y los progresistas necesitaban una causa común. Marielle se convirtió en el gran símbolo que abrazaron los hostigados por la ultraderecha envalentonada de Jair Bolsonaro, que ganó las elecciones seis meses después del asesinato.

Convertida en mártir de la democracia, Marielle inspiró a decenas de mujeres negras de las periferias que desembarcaron en territorios que parecían inalcanzables para llas como ayuntamientos, parlamentos estatales y el Congreso en Brasilia.

Su familia inmediatamente transformó el luto en lucha (o luto virou luta, en portugués). Para nieta y abuela, la fe católica fue esencial en el via crucis al que se vieron abocadas. La hermana pequeña de Marielle, Anielle Franco, recogió la antorcha y lideró la batalla familiar por la memoria y el legado de la concejala. Y, cuando Lula regresó al poder, la nombró ministra de Igualdad Racial.

Su madre, abogada laboralista, siempre creyó que el asesinato sería resuelto porque, dice, “el crimen perfecto no existe”. El autor material, Lessa, que tras dejar la Policía Militar se ganaba la vida como asesino a sueldo, y su cómplice proclamaron inicialmente su inocencia y se refugiaron en el silencio de sus celdas. Hasta que se produjo el vuelco.

La señora Silva no alberga ninguna duda de que si las pesquisas han avanzado hasta aquí es por el impulso político del presidente Lula. “Este Gobierno progresista fue fundamental para profundizar en la investigación”, dice. El mandatario prometió luchar para encontrar a los culpables. Y cumplió. “Si no fuera por el empeño que pusieron el Ministerio Público, los comisarios de homicidios y el ministro Flávio Dino [nombrado por Lula y ahora juez del Supremo] no estaríamos en este punto”, recalca.

El Gobierno de Lula acababa de echar a andar cuando ordenó a la Policía Federal crear un equipo especial dedicado en exclusiva al caso Marielle. Una decena de agentes veteranos que conocen bien los bajos fondos más pestilentes del crimen en Río fueron reclutados con esa única misión. Transcurrido tanto tiempo encontrar nuevas pruebas suele ser difícil. Se centraron en persuadir a los asesinos para que delataran a quien les contrató, a los autores intelectuales. Funcionó. El policía conductor empezó a hablar al cabo de unos meses. Y Lessa, que apretó el gatillo, le siguió. Y así lograron resolver el puzle y cazar a los hermanos Brazão y al comisario para concluir unas investigaciones que han estado marcadas por vaivenes constantes y cierta sospecha, nunca oficializada, de que Jair Bolsonaro podría estar involucrado. Él lo niega. El autor material era vecino de urbanización de Bolsonaro y su hija fue novieta del hijo pequeño del expresidente.

“Los hermanos Brazão siempre estuvieron en el radar, pero eran sospechas, no había pruebas”, recuerda la madre. “Lo más chocante y doloroso fue el comisario Rivaldo”, dice. “Mi hija Marielle lo conocía, confiaba en él. Una semana después [del asesinato], se sienta con nosotros…”. Les prometió investigar hasta el fondo una trama que, según el asesino que la ejecutó, él mismo había diseñado. Como los dos políticos y el comisario son aforados, el caso va por otro carril, se tramita en el Tribunal Supremo. Lessa, el asesino confeso, fue testigo en ese caso y detalló recientemente, desde la cárcel, su carrera policial y criminal con una frialdad que deja helado a cualquiera.

Casi siete años después de que le arrebataran a su primogénita, Silva se enorgullece de ver que Marielle inspiró a tantísimas personas para alcanzar conquistas impensables hace no tanto. La hija de la concejala la recuerda como esa madre muy dedicada que hacía malabares: la crianza, dos empleos, la universidad. “Me hizo entender que la vida no es fácil para una mujer negra, aunque no sabíamos que iba a ser tan difícil. Hoy ella sería diputada, senadora…”. Ambas recalcan que el juicio supone también un rayo de esperanza para decenas de miles de madres anónimas, brasileñas que han perdido hijos —jóvenes negros de las periferias— a manos de agentes del Estado a menudo impunes. De la batalla personal a la colectiva. Precisamente la senda por la que transitó Marielle Franco durante su vida hasta que le fue brutalmente arrebatada a tiros.