Entramos en el Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas está pero no está. Es, en teoría, enormemente poderoso; uno de los puntales del Estado democrático; con su existencia reseñada en la Constitución; intocable; independiente de la Administración; con autonomía presupuestaria y de gobierno; con sus 12 consejeros blindados en su cargo durante nueve años. La pieza clave para fiscalizar la gestión económica de las instituciones públicas. El largo brazo del Parlamento (su único cliente) para controlar (a toro pasado) en qué gastan y cómo gestionan el dinero de nuestros impuestos el Gobierno, los Ayuntamientos, las comunidades autónomas, las sociedades estatales, las empresas públicas, la Seguridad Social o los partidos. Los hombres de negro del Tribunal tienen que inspeccionar cada ejercicio las cuentas de 15.000 organismos. Y además averiguar si esos gastos se han hecho bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía. Esa sería la misión ideal del Tribunal: no limitarse a comprobar si los balances que les entregan (siempre con retraso; muchas veces incompletos) cuadran; también deducir si ese dinero se ha empleado bien. Por ejemplo, que las contrataciones (especialmente de obras y gestión de servicios) han cumplido las normas de concurrencia, objetividad y transparencia; es decir, que no se han adjudicado a dedo a algún amigo del alcalde.

“La clave de nuestra existencia es que sepamos si el gasto es eficaz. Y a partir de ahí, que las recomendaciones que enviamos a las Cortes para que insten al Gobierno a que mejore su gestión se tengan en cuenta”, resume Enrique Álvarez Tol­cheff, director de la Sección de Fiscalización (que concentra la labor de auditoría a través de siete departamentos especializados en sectores públicos, Ayuntamientos y ­autonomías). “Tenemos que ir más allá de la auditoría financiera; lo importante no es solo que cada gasto esté justificado, sino que sea eficiente. La mayor transparencia en un Estado democrático es saber cómo emplea el Ejecutivo tu dinero”.

Los ‘hombres de negro’ del tribunal tienen que fiscalizar 15.000 organismos cada año

El Tribunal de Cuentas debería ser el Gran Hermano del sistema; el sumo inquisidor de los excesos y ligerezas de sus administradores; la sala de justicia donde la nación pida cuentas a los gestores que recaudan, administran o custodian fondos del Estado, y les obligue a devolver de su bolsillo el dinero que han empleado mal. Así lo marca la ley. No siempre se cumple. La gran cuestión es para qué sirve el Tribunal de Cuentas. Si alguien le hace caso. Si tiene el suficiente prestigio para hacer valer su fuerza moral por encima del juego político. Y llegar hasta el final; caiga quien caiga. Ante esa cuestión, los letrados y auditores del Tribunal (funcionarios por oposición, con prestigio y experiencia) titubean. Se nota cierto desánimo. Y mucho victimismo. Una de las frases más repetidas entre estas adustas paredes es: “Estamos hartos de clamar en el desierto”. Hay otra del mismo estilo: “Nuestros informes son un brindis al sol”. Hay una tercera reflexión muy extendida, que sintetiza Juan Carlos López, director del Departamento Quinto (al que rinden cuentas decenas de entes como RTVE, el Banco de España, el Museo del Prado o el CNI): “Este no es el organismo que va a acabar con la corrupción. No tenemos policías. Somos un tribunal, pero no mandamos a la gente a la cárcel. Somos técnicos. No tenemos potestad para pinchar un teléfono, confiscar un ordenador o acceder a las cuentas de los familiares-testaferro. No sabemos si hay una contabilidaden B. Pedimos papeles. Y rastreamos en ellos con los procedimientos que nos proporciona la técnica de la auditoría. Y pedimos facturas. Y hacemos un informe. Y si nuestra fiscalía detecta un perjuicio para las arcas públicas, actúa la Sección de Enjuiciamiento, para que se devuelva ese dinero al Tesoro. Tenemos que ser más ágiles, pero no somos el centro nacional contra la corrupción”.

Un cuarto análisis que se puede escuchar en los pasillos del palacio es este: “Los partidos están usando al Tribunal como coartada. Cuando no hacemos constar ninguna irregularidad sobre su actividad económico-financiera (porque no la hemos detectado), esgrimen nuestros informes y se les llena la boca diciendo: ‘Somos inocentes; hemos pasado todos los controles del Tribunal de Cuentas’. Y no es exactamente así. Un auditor no puede abrir la caja fuerte del tesorero de un partido; no ve los maletines. Los partidos nos están usando como un escudo que les exonera de todo”. Para terminar, esta quinta y última idea, en la que coinciden muchos profesionales del Tribunal: “Tenemos que concentrarnos en controlar lo que preocupa a los ciudadanos. Tenemos que hacer fiscalizaciones sobre asuntos más concretos, cercanos y recientes. El Tribunal no está dando respuesta a las demandas de la sociedad”. Cuando uno pide a esa fuente que concrete esas demandas, salta como un resorte: “Por ejemplo, conocer al céntimo las cuentas de la Casa del Rey. Nuestro presidente afirmó en el Parlamento que no podemos entrar a valorar, analizar o fiscalizar cómo distribuye el Rey la asignación que recibe cada año porque lo impide la Constitución; pero también es cierto que, revisando las cuentas de los Ministerios de Defensa, Interior, Exteriores y Presidencia, podemos saber lo que cuesta cada soldado, escolta, jardinero y viaje de la Casa. ¿Más demandas? Tenemos que estar atentos con las entidades financieras que ha nacionalizado el Gobierno (Bankia, Catalunya Caixa, Novagalicia) y ver cómo emplean el dinero público que se les ha inyectado. Y hay que estar encima de los ERE y de la corrupción urbanística de los Ayuntamientos. Eso es lo que se nos pide”.

Al Tribunal de Cuentas le ocurre lo que a su severa y palaciega sede, inmersa en pleno barrio de Malasaña (uno de los rincones más vibrantes de la contracultura madrileña), junto a la que pasan a diario miles de personas que ignoran ese viejo caserón custodiado por policías y cuyo pórtico, con frontón y bandera, engulle y expele lujosos coches oscuros oficiales y vehículos con quintales de papeles. Es invisible. Casi nadie sabe qué ocurre tras estos decimonónicos muros de granito. La imagen (acertada o no) que se ha ido formando la opinión pública sobre el Tribunal en los últimos tiempos (en especial, desde la aparición en escena del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, al frente de una presunta trama de corrupción, financiación ilegal y sobresueldos no detectada por el Tribunal), y que confirman en privado algunos de sus técnicos, es que se trata de un organismo lento, caro (tiene un presupuesto superior a los 60 millones de euros), endogámico, dividido por los intereses corporativos de sus miembros (una batalla que enzarza a los cuerpos específicos del Tribunal, los de la casa, y los que proceden de otros cuerpos del Estado, los pitufos); con una pesada burocracia y que maneja criterios de auditoría ya caducos en el sector privado. Y, sobre todo, que está manejado por los dos grandes partidos, que nombran, a través de pactos, a sus 12 consejeros (algunos de ellos con una clara filiación política) con el objetivo de que no salgan a la luz las irregularidades de su gestión. En medio de esa espiral, en abril de 2012 saltaba una nueva polémica: se daba a conocer que el último ejercicio de la contabilidad de los partidos que el Tribunal había fiscalizado era el de 2007. Cinco años de retraso. Las irregularidades que se podrían derivar del informe habrían prescrito. El informe, de 400 páginas y anexos, críptico y farragoso, encuadernado en el desvaído beis del Tribunal, proporcionaba, sin embargo, algunas claves sobre los usos de los partidos. Por ejemplo, en relación con el PP, el informe aseguraba que la contabilidad facilitada no contenía ninguna información sobre las actividades de su estructura territorial; y además no se sabía quién firmaba el preceptivo informe interno sobre su situación financiera. En 2007, Bárcenas era gerente, y Álvaro Lapuerta, tesorero, pero su rúbrica no aparecía por ningún lado. El informe llegaba tarde. Pregunta generalizada: ¿para qué sirve entonces el Tribunal?

Las audiciones parlamentarias a las que están sujetos los consejeros antes de ser nombrados se han desaprovechado

Ese reciente escrutinio sobre su actuación ha colocado al borde del ataque de nervios a los 12 consejeros del Tribunal; los cinco fiscales, los tres abogados del Estado, la veintena de directores técnicos; los cerca de 400 auditores, contadores y letrados, y los otros 400 cargos auxiliares; habituados al silencio y la serenidad de sus luminosos despachos, y a unos sueldos inusualmente altos en la función pública (se supone que para evitar sobornos), que van de los más de 6.000 euros netos mensuales que cobra un consejero (además de coche oficial y dos secretarias) a los 4.500 de un director técnico, 4.100 de un subdirector y 3.700 de un adjunto; un microcosmos de funcionarios anónimos, grises, corteses y poco acostumbrados a colocarse bajo el foco de la opinión pública, más allá de las versallescas comparecencias de su presidente ante la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal, de las que nunca se saca mucho en limpio.

También representan un trámite desaprovechado las audiciones parlamentarias a las que están sujetos los consejeros antes de ser confirmados en su cargo, con el objeto de ser interrogados por los miembros de las Cámaras para comprobar su idoneidad. Una ocasión perdida para profundizar en el perfil de los futuros responsables del Tribunal. En las últimas audiencias, en el Senado en julio de 2012, después de que los aspirantes abundaran en sus méritos, cuando les llegó el turno a los parlamentarios de preguntar, declinaron esa posibilidad, especialmente con los dos que más juego político podían haber dado: Manuel Aznar López (hermano del expresidente José María Aznar) y Margarita Mariscal de Gante (exministra de Justicia y exdipu­tada del PP). Ningún senador lo consideró necesario. Aznar y Mariscal serán consejeros hasta 2021. Ninguno de los dos tenía la más mínima experiencia en el Tribunal [El señor Aznar afirma mediante carta que "esta aseveración no se corresponde con la realidad"]. Todo atado y bien atado. La diputada de UPyD Rosa Díez, presente en la comparecencia del Congreso, tachó esa práctica parlamentaria de “farsa”.

El Tribunal no es muy dado a abrir sus puertas a los periodistas. Ni siquiera cuando sus consejeros de Enjuiciamiento consiguieron un gran éxito al condenar a los herederos de Jesús Gil a que devolvieran más de 80 millones de euros (y 15 de intereses) expoliados en Marbella; o cuando exigieron a Luis Roldán devolver 3,5 millones de ­euros por su gestión de la Guardia Civil. Silencio sepulcral. Tradicionalmente, tampoco ha formado parte de los barómetros del CIS sobre instituciones públicas. Cuando, en 1998, el CIS pidió a una muestra de los ciudadanos para que valoraran La democracia y sus instituciones, e incluyó al Tribunal de Cuentas, este quedó relegado al último lugar de la clasificación. Fortificado en el corazón de Malasaña, como un Fort Apache urbano de lustrados y solitarios corredores (por los que circulan mozos empujando carros de supermercado repletos de legajos y bedeles uniformados de azul y oro); decorado con muebles de ministerio, cuadros sin historia, madera oscura y multitud de relojes que marcan con sus campanadas cada paso que das, tienes la sensación de que aquí se vive ligeramente al margen de la realidad. A las tres suena la sirena y concluye la jornada laboral. Y llega la hora del pádel, al que se han aficionado muchos trabajadores del Tribunal.

“Si funcionáramos a pleno rendimiento, tendríamos a la Administración en vilo”, explica Olayo González, fiscal jefe y miembro número 13 del Pleno, con su cabellera gris tan alborotada como sus quejas. Es el encargado de bucear en cada informe de auditoría para descubrir anomalías e iniciar un procedimiento que puede concluir con un gestor público en el banquillo de la sala de vistas del Tribunal. Donde nunca se han sentado un ministro ni el líder de un partido político. “Si obligáramos a los gestores públicos a que respondiesen con su patrimonio cuando han provocado el mínimo menoscabo de los caudales públicos; si nos fuéramos a ver si tal Ayuntamiento ha puesto 56 alcantarillas como tenía presupuestado y nos encontráramos que solo hay 26; si pidiéramos explicaciones por cada desvío presupuestario (como el 31% en el AVE Madrid-Barcelona) o cada contratación dudosa (como el Plan E); si tuviéramos el poder efectivo de sancionar, cuando nos vieran aparecer esos gestores, se echarían a temblar. Y se lo pensarían antes de actuar irresponsablemente. Sin embargo, es cierto que hemos avanzado mucho. Este Tribunal, que se limitaba a ser una especie de perseguidor de los carteros que se quedaban con los giros, está dando pasos para convertirse en una jurisdicción contra las malas prácticas contables en la Administración. Ya no hablamos de centenares de euros. Ahora reclamamos al Forcem (una fundación que gestionaba cursos para el empleo con financiación pública) 2,5 millones de euros. Y en lo que va de junio hemos reclamado 1,5 millones de euros a los gestores de distintos organismos por menoscabo de fondos públicos; en mayo, 3 millones; en abril, 3,8 millones; en marzo, 12,3 millones; en febrero, 3,3 millones; en enero, 12,5 millones. Esto se mueve. Ya no es un balneario”.

Fuera del Tribunal, a media voz, algunos técnicos de la institución dan pistas de lo que no funciona: “Se trabaja con rigor y calidad, pero el problema es la lentitud, que no es siempre achacable a nosotros, sino al retraso con el que los cuentandantes nos entregan las cuentas y, después, a que la comisión parlamentaria tarda hasta dos años en leerse nuestros informes (si es que se los lee). Y más aún en periodo electoral, donde todo se paraliza. La paradoja es que no podemos sancionarles por esos retrasos; y si lo hacemos es con una cuantía ridícula: entre 60 y 900 euros. Y luego, en el tema de la fiscalización de los partidos, es imprescindible que nos ayuden la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, y nos aporten los datos que necesitamos para cruzarlos con los nuestros y llegar a conclusiones sobre la financiación, la contratación ilegal y los sobresueldos. No lo hacen. De ninguna manera. Este año, por fin hemos conseguido que la Central de Riesgos del Banco de España nos informe sobre los créditos que tienen contraídos las formaciones políticas y sus condonaciones irregulares. Hemos estado ocho años pidiéndoselo. Hay zonas de la Administración que parece que no quieren que se haga la luz en el tema de los partidos”.

Para varios profesionales del Tribunal, lo que más credibilidad resta a la institución es la elección de los consejeros por parte de los partidos: “Porque no siempre se dejan el carné en la puerta del Tribunal. En el día a día no se nota ese bipartidismo; pero cuando hay algo políticamente gordo, los partidos tocan a rebato. El PP y el PSOE están reflejando aquí sus mayorías parlamentarias. Y el presidente del Tribunal es normalmente del partido que gana. Pero eso tampoco quiere decir que mande; aquí, realmente, no manda nadie; no hay liderazgo; todo es colegiado, y así no se llega a ningún lado; el presidente no es un presidente ejecutivo, es un primus inter pares, encargado de los asuntos internos y la representación. El único poder que tiene es el voto de calidad”, explica un técnico de la casa. Para otro, el problema de la credibilidad de los consejeros se agrava cuando se aproxima su reelección: “Es cuando están obligados a retratarse con el partido que les nombró para que les vuelvan a elegir. Habría que estudiar si el cargo de consejero debería ser vitalicio (como en el Supremo de Estados Unidos) o, al menos, que no hubiera reelección, para que el Tribunal quedara libre de sospecha”.

Cuando le expongo al presidente esas críticas, Ramón Álvarez de Miranda, de 58 años, hombre de la casa desde 1988 y al frente desde julio de 2012, rechaza mis argumentos: “A nosotros nos elije el Parlamento, no los partidos. Y hay garantías legales sobre nuestra independencia. Está la Constitución; está la Ley Orgánica; está nuestra inamovilidad. Y es el Pleno del Tribunal el que decide los asuntos que va a fiscalizar cada año (además de los que tenemos asignados por ley y los que nos encarga la Comisión Mixta). Este año, de los 113 previstos, 77 son nuestros. Y nadie en la Administración (ni en los partidos) se puede negar a rendirnos cuentas”.

El escrutinio sobre su actuación ha colocado a los 12 consejeros del Tribunal al borde del ataque de nervios

Lo que no explica Álvarez de Miranda es que la mitad de los asuntos que el Pleno decidió fiscalizar en el ejercicio de 2012 no se concluyeron y han saltado a este año, donde el Tribunal está intentando acelerar al máximo el ritmo de las fiscalizaciones para terminar el curso con 60 informes concluidos, frente a los 39 de 2012 y los 34 de 2011.

La sobrecarga de trabajo nunca ha sido la seña de identidad del Tribunal. Un panteón de hombres ilustres que sesteó durante el franquismo: “Nadie le iba a fiscalizar las cuentas a Franco”, explica Isabel Urzaiz, jefa del archivo. Y que se mantuvo en el limbo (existencial y jurídico) desde la proclamación de la Constitución, en 1978, hasta la definición legal de la naturaleza del Tribunal, en mayo de 1982. Aún tardaría seis años más en concretarse su Ley de Funcionamiento. Ya estábamos en 1988; y había que partir de cero. Para empezar, era necesario crear una plantilla de auditores. Se tiró de funcionarios de Hacienda y la Seguridad Social para completar la diezmada estructura del Tribunal, donde muchos censores de cuentas no habían hecho una auditoría moderna en su vida.

En aquellos primeros pasos, el Tribunal no tenía entre sus misiones fiscalizar a los 1.500 partidos políticos. Nadie lo hacía. El descontrol era absoluto. Sus cuentas eran rupestres. En 1985 le fue asignado al Tribunal el control de la contabilidad de los mismos durante los procesos electorales (que es cuando más dinero público reciben), y en 1987, el de su contabilidad ordinaria. Era un encargo especial. Los partidos no formaban parte del sector público, pero el 90% de su financiación se nutría de dinero público (solo para gastos de funcionamiento y seguridad, más de 80 millones de euros al año). Alguien tenía que hacerlo. Un técnico del Tribunal lo explica así: “Se nos acabó la paz. No era mucho dinero a fiscalizar (para los miles de millones a que estábamos acostumbrados), como mucho 200 millones, pero era una patata caliente con la que nadie quería cargar. Y nos la endosaron”.

A partir de ese momento, el Tribunal de Cuentas se iba a convertir en un campo de batalla entre los grandes partidos. El primer asalto se libró en junio de 1988, cuando, a propósito de Rumasa, el Pleno se dividió entre los ocho consejeros que consideraban que el Gobierno (socialista) no había cometido irregularidades en su reprivatización y los otros cuatro que votaron en contra de esa decisión y pronunciaron un voto particular. El segundo asalto se libró en junio de 1991, cuando, en torno al asunto Filesa, de financiación ilegal del PSOE, el Pleno se volvió a fracturar entre los que estaban a favor de exculpar al PSOE por aquellos hechos y los que estaban en contra. Ganaron in extremis los socialistas, gracias al voto de calidad del presidente, Adolfo Carretero. Los consejeros populares volvieron a emitir votos particulares. Fue un escándalo. “Ganamos aquella votación, pero fue una derrota”, analiza Milagros García Crespo, consejera del Tribunal entre 1991 y 1994, a propuesta socialista, y presidenta entre 1994 y 1997.

El Tribunal sesteó con el franquismo y estuvo en el limbo existencial hasta cuatro años después de la Constitución

Había estallado la guerra en la calle de Fuencarral. El Tribunal estaba deshecho antes de empezar a funcionar. Nadie se fiaba de nadie. La única solución para firmar la paz fue disolver, en julio de 1993, el Departamento de Fiscalización de Partidos Políticos (que estaba controlado, como el resto de los departamentos del Tribunal, por un solo consejero), y la creación de una extraña unidad, sin adscripción fija, denominada Coponencia para la Fiscalización de los Partidos Políticos, que sería monitorizada directamente por dos consejeros, uno de cada color político. “Uno muy conservador y otro muy progresista”, recuerda el exconsejero Juan Velarde. “Como cada uno tiene el corazón a un lado, se decidió que hubiera dos coponentes, para que vieran conjuntamente la contabilidad de los partidos y no fuera uno solo, porque a lo mejor se dejaba traicionar por su ideología”. Ese estado de excepción continúa hoy. La Coponencia está formada por Javier Medina (nombrado a propuesta del PP) y Felipe García (del PSOE). Y es la fuente principal de los retrasos y el lenguaje tibio y maquillado que abunda en los informes de fiscalización de los partidos. La mejor prueba es la demora que está experimentando el informe de 2008, que el Tribunal tenía previsto concluir en mayo. Según un miembro del Pleno, “están valorando cada coma. Lo lee un director técnico; luego, otro; luego, un consejero; luego, otro. Hasta que se ponen de acuerdo en la redacción y en el mensaje”, señala.

La ‘unidad’ no está situada en el edificio del Tribunal; está muy cerca, en un par de pisos de un discreto inmueble vecinal, en cuyo patio huele a comida y juegan los niños. Aquí, en despachos desnudos, varios equipos de auditores (que agachan la cabeza ante la presencia de las cámaras) intentan fiscalizar las cuentas de los partidos. No es una misión fácil. Para empezar, las formaciones políticas han carecido hasta hoy de un plan contable homogéneo a la hora de presentar sus cuentas. Además, durante todos estos años, la plantilla de la unidad ha sido de solo 15 personas (mientras las de los otros departamentos está entre las 50 y 60); tras los últimos terremotos políticos cuyas réplicas han alcanzado al Tribunal, ha crecido (manu militari) hasta 40 personas. Sin embargo, sigue sin ser un destino muy demandado entre los técnicos. La previsión del presidente es que con ese refuerzo concluirán este año todas las fiscalizaciones de la contabilidad ordinaria de los partidos hasta 2011. No todos aquí están convencidos de la viabilidad de ese calendario.

La unidad de partidos políticos está monitorizada por dos consejeros, cada uno de un color político

El jefe de la unidad desde 1995 es Guillermo Castro, un veterano auditor del Tribunal, que suda ante los periodistas y afirma que no le importaría cambiar de destino. Explica que se está avanzando en la fiscalización gracias al impulso de las leyes de financiación de los partidos de 2007 y 2012, que han acabado con las donaciones anónimas, con la posibilidad de que un mismo donante (físico o jurídico) aporte más de 100.000 euros al año a un grupo político y de que las entidades financieras puedan condonar a las formaciones más de 100.000 euros al año, y que, sobre todo, les ha permitido extender su control a las fundaciones unidas a los partidos. “Pero queda mucho por hacer; el delincuente siempre va por delante”.

Situarse bajo la lupa de la opinión pública parece haber puesto en forma al Tribunal. Para empezar, su Consejo, nombrado en julio del año pasado, es más joven (una media de 58 años frente a los casi 80 del anterior) y técnico que antes. La nueva Ley de Financiación les proporciona más herramientas para poner luz en las difusas cuentas de los partidos; y la plataforma telemática de rendición de cuentas facilitará su control de los díscolos Ayuntamientos. Solo les falta credibilidad. Y llegar hasta el fin. “Pero lo que nunca conseguiremos son los papeles de Bárcenas”, me comenta el jefe de la unidad de partidos políticos cuando nos despedimos: “Esos los tiene EL PAÍS”.