El Gobierno presenta el diseño de su ‘app’ antiporno, que obligará a los adultos a tramitar acreditaciones que caducan al mes
El ministro Escrivá da los primeros detalles del complejo plan para asegurar que el contenido “inapropiado” en internet no llega a ojos de menores
El Gobierno ha presentado este lunes su diseño de aplicación para que las plataformas y páginas web se aseguren de que el contenido inapropiado solo lo consumen adultos. Esta aplicación que plantea el Gobierno se llama Cartera Digital Beta y estará disponible al final del verano. Su funcionamiento es complejo. Carmen Cabanillas, directora general de Gobernanza del Ministerio de Transformación Digital, lo ha explicado con un ejemplo: “Si estás usando Telegram y estás intercambiando contenido para adultos, Telegram tiene la opción de llamar a nuestra aplicación y verificar que eres mayor de edad antes de que emitas o consumas ese contenido, es voluntario”. La app sabrá que somos mayores de edad porque compartimos el DNI electrónico o el propio Gobierno consulta fuentes administrativas para cerciorarse. Entonces Telegram o la plataforma que contenga ese vídeo o imagen ofrecerá si quiere un código QR para que, con nuestro dispositivo, ofrezcamos evidencia de mayoría de edad.
Las credenciales que permiten ese acceso tienen, por seguridad, un número limitado y una caducidad: “Emitiremos un pack de credenciales de mayoría de edad para evitar que alguien trace a la persona que está usando esa credencial. Inicialmente, emitiremos un juego de 30 credenciales que tendrán una caducidad de 30 días”, ha dicho Cabanillas.
Si un usuario agota antes sus 30 credenciales, puede volver a la app y pedir más: “Como máximo podría usarse tres veces la misma credencial en cada plataforma para minimizar el riesgo y que el usuario no sea trazable”, ha explicado. Esta operación es solo una parte del proceso que presumiblemente necesitarán los adultos españoles que quieran consumir contenido adulto en el futuro. Por el momento solo estarán obligados a efectuar dicha verificación las plataformas de intercambio de contenidos para adultos establecidas en España.
Esta compleja estructura digital es una propuesta pionera española para cuando llegue el día, en octubre de 2027, en que la UE obligue a las plataformas a cumplir con el requisito de la mayoría de edad para consumir “contenidos inapropiados”, en palabras del ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá. Hasta entonces, el Gobierno espera obtener “la buena voluntad” de las plataformas: “Las plataformas que operen en la UE tendrán que incorporar estas soluciones. Estamos adelantándonos y les pedimos que se adelanten con nosotros porque lo que está en juego lo justifica”, ha dicho Escrivá. Esta propuesta se enmarca en el proyecto eIDAS2, que aspira a lograr una identidad digital europea, y que tiene sus propios retos de seguridad.
🛡️ Hay un consenso general y creciente para que se establezca un sistema de control de la mayoría de edad en el acceso por internet a contenidos inapropiados
— José Luis Escrivá (@joseluisescriva) July 1, 2024
🤝 Estamos trabajando con las familias, las administraciones y con los proveedores de servicios digitales para lograrlo pic.twitter.com/Svip2OrcCY
El “grave problema” que está en juego es la protección del menor y el acceso a contenido porno en internet: “Esta solución está dentro de un contexto más amplio que es la protección del menor. Tenemos un proyecto de ley que pone la protección del menor a un nivel elevadísimo”, ha dicho Escrivá. El ministro ha expresado su preocupación porque, según la Fiscalía, en los últimos cinco años las agresiones sexuales de menores “más que se han duplicado”, ha dicho. El consumo de porno en internet podría ser presuntamente una de las causas.
La solución tecnológica para saber la edad de quien accede a una página determinada es muy compleja. Hace años que varios países buscan remedio sin éxito. Escrivá entiende la dificultad de este reto: “Cómo abordar esto no es fácil, es complejo técnicamente, y no solo por eso. Requiere que trabajen de forma paralela las administraciones públicas con las familias y todos los actores en el mundo digital. Hay la mejor de las expectativas que la solución que traemos tenga el máximo acompañamiento de todos los que tengan que incidir”.
Esta insistencia en los buenos deseos se debe a que las plataformas no tienen ninguna obligación, de momento de incorporar, la solución española. El ministro ha dicho que está en conversaciones con algunas plataformas. El reto es enorme porque fuera de las grandes plataformas, hay miles de páginas web disponibles con contenido adulto. Incluso para las apps de mensajería como WhatsApp no es banal detectar qué contenido intercambian sus usuarios debido al cifrado que usan.
A todos estos retos con las plataformas, el Gobierno se encuentra con el problema añadido de asegurar la privacidad de cada usuario y que terceros actores, como las empresas creadoras de las apps de verificación, no tengan acceso a más datos de los estrictamente necesarios.
Además de la propia aplicación, Cabanillas ha anunciado que el Incibe (Instituto Nacional de Ciberseguridad) trabajará en una “lista negra” de páginas que, en sus palabras, serviría “para revisar que los navegadores controlen el acceso en base a las urls y eviten el acceso para menores”, ha asegurado, sin ofrecer más detalles. Tampoco está claro quién operará estas futuras aplicaciones; la “lista blanca” de apps verificación depende por ahora de la Secretaría de Estado para la Digitalización y la Inteligencia Artificial.
Estas soluciones se están ofreciendo por ahora en los márgenes nacionales. Y, como ha admitido el Gobierno, nada impide a los usuarios conectarse a internet mediante una VPN, que permite acceder a la red desde otro país y saltarse los controles españoles: “Vamos a oír que esto no es suficiente, que puede haber formas de circunvalar esta solución”, ha dicho Escrivá. “Esta es la medida más necesaria y eficaz para abordar este problema”, ha añadido.
El anuncio de enero
El Gobierno anunció en enero su plan para combatir el acceso infantil al porno en internet. “Como Gobierno, no podemos permanecer impasibles ante esta realidad que preocupa tanto a la sociedad española, y especialmente a las familias”, dijo entonces la ministra portavoz Pilar Alegría. Una parte de ese plan era esta herramienta para identificar quién accedía a una página porno, que la Agencia Española de Protección de Datos había anunciado en diciembre, en un proyecto en el que participaba la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Los expertos ya planteaban entonces la dificultad de encontrar un método viable y seguro para identificar quién accede a una página determinada.
En una entrevista con EL PAÍS en abril, el ministro Escrivá ya dijo que el objetivo era este verano: “Nos hemos impuesto el objetivo de tenerla lista para finales de verano. La herramienta, que tendrá como punto central los estándares de la cartera digital europea, eIDAS2, cumplirá con esos estándares, especialmente los que tienen que ver con la protección de la identidad, para que la verificación de la edad sea segura y anónima”.
El control de edad para acceder a contenido adulto es una batalla global desde hace años. Varios estados en EE UU han tratado de que páginas porno controlen quien entra, con poco éxito. PornHub, una de las principales páginas en el mundo, cerró sus contenidos en esos estados para evitar multas: “La legislación que se ha introducido en todo el país no solo genera serias preocupaciones sobre la privacidad del usuario y la libertad de expresión, sino que también hace que internet sea más peligroso para adultos y niños”, dice la compañía. Su queja es que obligar a las grandes plataformas a controlar por edad, sin que sea perfecto, provoca que los usuarios busquen otras páginas menos responsables y que no moderan su contenido.
En Europa, Alemania, Reino Unido y Francia han tratado varios métodos también para limitar el acceso en lo que parece una carrera de gatos y ratones. Francia está probando desde 2023 con una solución de la Comisión Nacional de Informática y de las Libertades (CNIL), el equivalente francés a la AEPD. Su estrategia consiste en poner un intermediario digital (un programa) entre el servicio de verificación de edad y la web a la que se le quiere aplicar ese filtro, según explicaba a EL PAÍS su impulsor, Olivier Blazy. Así, el sistema no tiene acceso a datos que identifiquen al usuario y que el verificador no sepa a qué web está accediendo el usuario.
El propio Blazy admitía que su opción no es completamente anónima y que son poco efectivas por su coste y por el riesgo para la privacidad. Los jóvenes que sepan usar alternativas a ese filtro seguirán accediendo a porno, aunque, en palabras de Blazy, “pueden prevenir que algunos niños pequeños accedan accidentalmente a contenido adulto”.
Reino Unido está desplegando una ley durante este año y los próximos para tratar también de controlar el acceso. El Gobierno aspira a que las plataformas obtengan una prueba de edad con hasta seis métodos: por ejemplo, con un documento de identidad o a través de un banco o una red móvil, o incluso mediante una estimación de edad con reconocimiento facial. Todos estos sistemas conllevan variados riesgos de privacidad y costes insospechados de implementación. Es el segundo gran intento británico para conseguir controlar el acceso a contenido adulto.
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