Varias ONG piden al Gobierno que reconsidere el acuerdo con Emiratos Árabes Unidos en materia de inteligencia artificial

El convenio de colaboración firmado la semana pasada entre el Gobierno de España y el ADIA Lab, un centro de investigación en inteligencia artificial (IA) de Emiratos Árabes Unidos (EAU), sigue causando malestar. Un grupo de ONG que trabajan por los derechos digitales y fundamentales ha expresado su disconformidad con el acuerdo a través de una carta abierta en la que consideran éticamente cuestionable establecer lazos científicos con un país que viola sistemáticamente los derechos humanos. Especialmente cuando la materia en la que se cooperará, la IA, puede ser una herramienta muy efectiva en esas vulneraciones de derechos.

Las organizaciones AlgoRace, AlgoRights, lafede.cat y DigitalFems, impulsoras del documento, recuerdan que, según el informe anual de Amnistía Internacional, el gobierno de EAU comete “violaciones graves de los derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias, trato cruel e inhumano bajo custodia, supresión de la libertad de expresión y violación del derecho a la privacidad”. Human Rights Watch, por su parte, también ha denunciado el uso en ese país de tecnologías de vigilancia prohibidas en la UE, como el reconocimiento facial en espacios públicos o “herramientas israelíes de espionaje digital”. También se ha documentado que el país sigue vulnerando reiteradamente los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI.

La carta abierta, enviada hoy a la atención de Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Digitalización, y de Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha recabado una decena de adhesiones en las 24 horas previas a su publicación, incluyendo a SOS Racismo o Rights International Spain. Tal y como adelantó EL PAÍS este miércoles, tres miembros del Consejo Asesor de la IA dimitieron la semana pasada como protesta por el convenio firmado con Emiratos. No ven compatible trabajar por una IA ética y al mismo tiempo tener tratos con un centro de investigación financiado por una autocracia y que tiene en sus filas a científicos cuestionados en la academia. Dos de los expertos que abandonaron el órgano consultivo, así como otros dos referentes de la IA española, publicaron en este periódico una tribuna contando por qué nos debería preocupar el acuerdo.

El ADIA Lab es un centro científico financiado por la Autoridad de Inversiones de Abu Dabi (ADIA), el emirato más rico de EAU, y que dispone de activos por un valor aproximado de unos 800.000 millones de dólares. “España ha acordado una agenda de investigación con un centro científico financiado por un gobierno que no reconoce la independencia de la ciencia, que pisotea los derechos humanos, en especial de mujeres, de las comunidades LGTBQI+ e inmigrantes, y cuya riqueza proviene principalmente del petróleo”, señalan los expertos en la carta publicada en EL PAÍS.

Preguntada por este diario sobre las objeciones de los científicos al acuerdo, fuentes de la Secretaría de Estado respondieron que consideran “muy positivo que una institución de prestigio científico que cuenta en su consejo con Premios Nobel elija instalarse en España antes que en otros países europeos como Francia o Alemania”.

El acuerdo contempla la próxima apertura en Granada de la sede europea de ADIA Lab, el centro emiratí, así como la puesta en marcha de cinco líneas de investigación relacionadas con la IA. Estas tienen que ver con el análisis casual y diseño experimental en la salud pública; la modelización económica del cambio climático y sus políticas de mitigación; la economía digital, tecnología de registro descentralizado y toquenización; la computación de alto rendimiento y la IA interpretable y automatización confiable.

“Nos preguntamos cómo se va a asegurar la independencia de las investigaciones científicas centradas en la modelización económica del cambio climático y sus políticas de mitigación dado que el petróleo es la principal fuente de ingresos de los EUA”, señalan las ONG en su escrito.

Estas organizaciones solicitan una reunión con la Secretaría de Estado “para debatir sobre cómo se va a garantizar la protección de los derechos humanos con dicha colaboración dentro del marco europeo”. Los impulsores de la carta lamentan que el departamento no se haya tenido en cuenta las voces de organizaciones pro derechos humanos y digitales, tal y como se comprometió a hacer Artigas, la titular del departamento, en una reunión que mantuvo el año pasado con varias organizaciones de la sociedad civil.

También le piden al Ministerio más transparencia, especialmente en lo tocante a cómo se invertirán los más de cinco millones de euros comprometidos en el proyecto, y la firma de un documento público en el que se declare la “integridad científica y ética, así como la protección de los derechos fundamentales, en los proyectos realizados”.

Puedes seguir a EL PAÍS Tecnología en Facebook y Twitter o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.