El móvil bloqueado es una práctica “abusiva”, según Consumo

La Comisión de Cooperación de Consumo estima que la distribución de terminales bloqueados por parte de las operadoras de telefonía es una práctica "abusiva y sancionable". "Es necesario que el terminal pueda ser desbloqueado libremente transcurrido el tiempo necesario para que el importe subvencionado haya sido recuperado por concepto de consumo telefónico, o en caso contrario, mediante el abono del importe de la subvención pendiente de recuperación", reza el informe.

El Instituto Nacional del Consumo (INC) y las autoridades de protección al consumidor de las comunidades autónomas han emitido un informe en el que concluyen que la venta de móviles no liberados es una práctica ilegal, tras una denuncia de FACUA-Consumidores en Acción.

En enero de 2012, FACUA denunció a Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo por "sabotear" los terminales que comercializan para que solo puedan utilizarse con dichas operadoras. Así, introducen una restricción técnica, un defecto, que limita y restringe las posibilidades de uso del móvil que el consumidor adquiere.

En este sentido, desde Facua insisten en que se trata de un terminal "del que el usuario es titular" y que además abonará "de forma diferida a lo largo del periodo de duración del compromiso de permanencia que le obligan a asumir mediante el pago de un consumo mínimo mensual y unas condiciones tarifarias concretas".

A raíz de estas denuncias, la Comisión de Cooperación de Consumo ha elaborado un informe en el que estima "la valoración como abusiva de la práctica que realizan las operadoras telefónicas de bloquear el terminal en los términos referidos".

Según el informe, "en el caso de que el cliente, dentro del periodo de permanencia, estando al corriente del abono de la factura y manteniendo el contrato durante el periodo de permanencia acordada, quiera hacer uso del terminal con una tarjeta de otro operador porque en un momento dado tenga condiciones económicas más ventajosas, el operador no puede negarse a liberar el terminal, limitando los derechos del consumidor si éste está cumpliendo con las obligaciones que contrajo en el momento de contratar".

Asimismo, "en el supuesto de que un usuario haya adquirido un terminal 'subvencionado' y haya finalizado el período de permanencia o, en caso de querer resolver el contrato, haya abonado la penalización correspondiente, teniendo en cuenta que por parte del consumidor se ha cumplido con las obligaciones contractuales, y la empresa, conforme a los requisitos que ella misma establece en el contrato, ha recuperado el importe del terminal subvencionado, el operador no puede negarse a liberar el terminal, cobrar al usuario por facilitarle el código para el desbloqueo o dilatar en el tiempo la entrega del código cuando el usuario ya ha cumplido con su parte del contrato".

Facua va a remitir el informe a las compañías instándoles a que procedan a facilitar a todos sus clientes los códigos de liberación de sus terminales. Asimismo, planteará a las autoridades de protección al consumidor autonómicas que apliquen sanciones "proporcionales a las dimensiones de las irregularidades cometidas por el sector".

La asociación recomienda a los usuarios que requieran a sus compañías la liberación de sus teléfonos, "hayan o no cumplido sus compromisos de permanencia". "En caso de que no se los faciliten o les pidan dinero a cambio", explica la asociación, pueden presentar las correspondientes denuncias ante las administraciones de consumo o a través de Facua si son socios de pleno derecho.

En todo caso, tal como señala la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), al tratarse de un informe para otro organismo, no tiene carácter vinculante ni obliga a los operadores.