Patentes: España en la encrucijada

La Unión Europea acaba de dotarse de un sistema legal propio para proteger las invenciones, llamado a funcionar a partir del 1 de enero de 2014. El objetivo primario del nuevo sistema es reducir la fragmentación territorial en cuanto a los efectos de las patentes y al control de su validez, cuestiones confiadas tradicionalmente a las legislaciones y tribunales de los respectivos Estados.

La arquitectura jurídica del nuevo sistema se estructura sobre tres pilares: la creación de un título unitario de patente con eficacia supranacional (Reglamento UE 1257/2012); un régimen lingüístico para la patente unitaria (Reglamento UE 1260/2012; y un Tribunal unificado de patentes (acuerdo intergubernamental pendiente de adopción).

Aunque las autoridades comunitarias han presentado la patente unitaria como un indispensable elemento dinamizador de la competitividad y del progreso tecnológico y económico, la iniciativa viene envuelta de polémica, por los enfrentados intereses, tanto políticos como económicos, que resultan afectados directa o indirectamente. Ello incluye desde los sectores reticentes a reforzar los derechos de patentes –por el temor a que, en lugar de motor de progreso, actúen como un freno al mismo, especialmente en los ámbitos del software y TIC-, hasta los diferenciados intereses nacionales. Tan es así que su aprobación sólo se ha conseguido mediante un mecanismo legislativo excepcional, como es la cooperación reforzada, reservado por el Tratado de la UE para los casos de imposible unanimidad entre los Estados Miembros.

De hecho, a instancias de España y de Italia, el Tribunal de Justicia UE deberá pronunciarse sobre la conformidad del sistema aprobado con los Tratados de la UE. La principal reserva que el nuevo sistema suscita al Gobierno español – y en igual medida al italiano- guarda directa relación con el trato discriminatorio que recibe el idioma español, frente a los tres idiomas oficiales de la patente unitaria (inglés, francés, y alemán). Cabe recordar que, en cambio, el español es lengua oficial para las marcas y los diseños comunitarios. Aun siendo relevante la pérdida de peso institucional en la UE, no menos preocupación genera a los gobernantes españoles las repercusiones económicas y políticas asociadas a que el español carezca de protagonismo en un ámbito de tanto relumbrón e influencia como es el tecnológico.

Sin ignorar el calado de estos desvelos, la decisión mantenida por el Gobierno español de autoexcluir a nuestro país del sistema de la patente unitaria también tiene para las empresas españolas unas consecuencias que no pueden ser obviadas.

En general, la patente unitaria tiende a aligerar las cargas y servidumbres exigidas a los usuarios activos del sistema, esto es, a los titulares de las patentes, especialmente en cuanto a costes de traducción y validación de las patentes en los distintos países. De ello se benefician, claro está, no sólo las empresas investigadoras radicadas en el territorio de la patente unitaria, sino también las del resto del mundo que operen en dicho territorio.

 En cuanto a los usuarios pasivos del sistema, que son las empresas que operan en el territorio de la patente unitaria y ven restringida temporalmente su libertad de competencia por la existencia de estas patentes, el sistema les obliga a una mayor prudencia y asesoramiento técnico-jurídico para no incurrir en errores que puedan pasarles una factura muy elevada, pues una reclamación por violación de patente fácilmente se traducirá en indemnizaciones y costes litigiosos que condicionarán cualquier estrategia empresarial.

 A pesar de los esfuerzos de globalización, menudean en el tejido empresarial español PYMES con nula presencia internacional. Para ellas, la exclusión de España de la patente unitaria les evita incurrir en mayores riesgos y servidumbres. Pero en cuanto a las empresas generadoras de tecnología, que son las menos, pero llamadas a ser el motor de internacionalización y desarrollo de las economías modernas, si bien podrán acceder a la patente unitaria para proteger sus invenciones en el resto de la UE, la exclusión de España les privará de opciones de defender su patente desde nuestro país, pues no dispondrá España de una División Local del Tribunal Unificado de Patentes.

David Pellisé Urquiza, abogado, es integrante del grupo de expertos sobre patentes del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE).