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Estados Unidos quiere empujar Europa a imponer el filtrado de Internet

Filtrados nuevos documentos de las negociaciones secretas del tratado ACTA para la protección de la propiedad intelectual

En la última reunión, en México, de los países que negocian secretamente el tratado del ACTA, contra la falsificación y para proteger la propiedad intelectual, Estados Unidos ha propuesto el filtrado de contenidos en Internet. Un documento filtrado, que se discutirá en la próxima reunión en Nueva Zelanda y redactado por Estados Unidos será la base de las discusiones.

En el mismo se afirma que los intermediarios en la conexión -proveedores de acceso, albergue o servicios- no son responsables de la infracción, pero sólo en el caso que hayan implantado una "política" que responda al almacenamiento o transmisión de material protegido. Numerama destaca que en una nota a pie de página se cita como ejemplo de esta política la llamada "respuesta gradual" que se aplica en Francia (cortar la conexión al infractor tras tres avisos). "No se puede decir que jurídicamente ACTA impone la respuesta gradual, "pero es el objetivo político".

El mismo artículo impone cortar las actividades consideradas ilegales una vez el intermediario tiene una notificación "suficientemente legal" de la misma, lo que sugiere la intervención de un juez. Con todo, el texto impone a los Estados la obligación de luchar contra la falsificación y la vulneración de los derechos de autor con medidas rápidas para impedir la citada violación. Los analistas consieran que se está hablando del filtrado y bloqueo de sitios y aplicaciones susceptibles de ser empleadas como herramientas para la piratería. Los intermediarios podrían ser responsables civil y penalmente de permitir un tráfico ilícito.

El texto apoya la existencia de los DRM (sistemas de gestión de derechos) y los gobiernos no podrían legislar en su contra o limitando su alcance.

El Controlador Europeo de la Protección de Datos ha reclamado transparencia en estas negociaciones y alerta sobre medidas " intrusivas" que pueden poner en peligro la privacidad de los ciudadanos. La entidad considera que los derechos de la propiedad intelectual no están por encima de los derechos fundamentales.