"El Gobierno impone una comisión antipiratería que está por encima del Poder Judicial"

Los internautas contrarios al anexo de la Ley de Economía Sostenible que permitirá cerrar webs de descargas tras un trámite administrativo y judicial han abierto un sitio, redSOStenible, a través del cual plantean organizar la protesta contra esta iniciativa del Gobierno. Esta mañana se ha presentado públicamente con el respaldo, entre otras entidades, de la Asociación de Usuarios de Internet y la Asociación de Internautas (AI) así como de conocidos blogueros, periodistas, empresarios y activistas de la Red. Víctor Domingo, de la AI ha afirmado: "No podemos permitir que el Gobierno nos imponga una comisión antipiratería que está por encima del Poder Judicial". El colectivo criticó la creación de la Propiedad Intelectual, un organismo administrativo que iniciará los procesos contra las webs que no funcionen de acuerdo a la ley, aunque será un juez de la Audiencia Nacional quien decida. Hasta ahora, sólo un juez podía cerrar un medio. Una de sus principales quejas es que el papel del magistrado es "maquillaje, ya que el juez no entra a analizar el fondo del asunto".

Los miembros del colectivo criticaron duramente la base jurídica del texto, que "afecta a derechos fundamentales y crea indefensión jurídica", según el abogado Javier Maestre. Empresarios como Javier Sanz o Alberto Barrionuevo recordaron que "En Internet se crea empleo". Daniel Vázquez, de activistas.com, y otros portavoces anunciaron medidas de "desobediencia civil masiva". En la página web www.lalistadesinde.org cualquiera puede conseguir que su web se convierta en un espacio de "de intercambio, de copia", por lo que será susceptible de ser cerrada. Vázquez dio un aviso. "Ya hay unas 800 webs adscritas. Ayer se publicó que se está pensando actuar contra algunas de estas páginas... pero no permitiremos que ataquen sólo a las cinco o seis más débiles. Si van a por una, responderemos todas", informa Ricardo Grande.

"Esta no es una ley contra las violaciones de la propiedad intelectual, es una ley contra los derechos civiles. La forma en que se ha redactado podría permitir que, en el futuro, cualquier página crítica con el Gobierno de turno pudiera ser cerrada por contener un enlace a YouTube", ha dicho el periodista Fernando Berlín, uno de los promotores de esta campaña. "Este no es un problema de autores, la mayor parte de los que estamos en esta mesa somos autores. Nosotros estamos a favor de que un creador pueda vivir de su obra, el problema es que no se puede obtener beneficios coo hasta ahora". La activista Montserrat Boix quiso dejar claro que no el colectivo no se considera "pirata". "No tenemos por qué asumir ningún titular en el que se nos vincule a la piratería".

La web presentada hoy ya adelanta que distintos actos con motivo de la presidencia española de la Unión Europea, como el II Congreso de Economía de la Cultura (29 y 30 de marzo en Barcelona), la Reunión Informal de ministros de Cultura (30 y 31 de marzo en Barcelona) y la reunión de ministros de Telecomunicaciones (18 a 20 de abril en Granada) están en la agenda de la campaña bajo el lema Internet no será otra tele. Los miembros del colectivo no consideran que esto sea boicotear la presidencia europea, que asume España. "Han sido ellos los que han querido vincular este asunto a la presidencia", apuntaron.

Los convocantes exigen la retirada del citado anexo por considerar que viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático. Afirma que es inadmisible generar en Internet un "estado de excepción" en el que la ciudadanía será tratada por una instancia judicial, la Audiencia Nacional, reservada a "terroristas y narcotraficantes". El manifiesto asegura que se establece un procedimiento punitivo a la carta para casos en los que los tribunales ya han manifestado que no eran delito. Preocupa que se introduzca el concepto de "lucro indirecto". Hasta ahora, varias decisiones judiciales han exigido el ánimo de lucro para condenar las páginas que ofrecían enlaces a descargas, no considerando ánimo de lucro el hecho de incorporar publicidad en las mismas sino la obtención directa de beneficios por la comercialización del acceso a los enlaces. El manifiesto recuerda que la propiedad intelectual no es un derecho fundamental.

El texto considera que la legislación actual ya da herramientas suficientes para actuar contra las webs que incumplan la legalidad. La web respalda el El Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, suscrito por más de 200.000 personas y reconoce como referencia para el desarrollo digital la Carta para la innovación, la creatividad y el acceso al conocimientoque defiende el derecho de los artistas a vivir de su trabajo,la existencia de una red libre y se opone al canon digital.