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Solo los jueces podrán cortar el acceso a la Red en la ley antipiratería francesa

La Hadopi 2 prevé multas de 3.750 euros si el usuario no se lucra y 300.000 si saca beneficio

El nuevo proyecto de ley francés para combatir la piratería informática, Hadopi 2, elimina el aspecto más controvertido de la norma, el de conferir a un organismo administrativo -la Hadopi- la potestad de cortar el acceso a Internet a los usuarios que persistan en descargarse archivos protegidos por los derechos de autor, según publica hoy el diario económico galo Les Echos. La ley prevé multas de entre 1.500 y 3.750 euros para el usuario que se baje contenidos protegidos por los derechos de autor. En caso que se considere que el pirata se lucra con las descargas, se enfrentaría a una multa de 300.000 euros y dos años de cárcel.

El proyecto es la segunda versión de la ley, después de que el pasado 11 de junio el Consejo Constitucional considerara incompatible la presunción de inocencia con el sistema sancionador de la norma.

Hadopi contemplaba que al tercer aviso por descargas ilegales al usuario se le debía cortar el acceso a Internet. Ahora, el organismo solo podrá advertir con un correo electrónico al infractor y enviarle luego una carta certificada en caso de que reincida. Únicamente un juez podrá cortar la conexión a la Red de los usuarios: un mes en caso de bajarse contenidos para uso personal y un máximo de un año si el infractor está ganando dinero.

En caso que se corte el acceso, el proveedor tendrá 15 días para ejecutar la orden del juez. Para no llegar a esta situación, el abonado podrá instalar filtros para que la entrada a determinadas páginas requiera un código de acceso. Unos días antes del reestablecimiento, la Hadopi deberá avisar a la operadora para que elimine las pruebas del dossier del acusado y evitar que haya una lista negra de piratas.

El texto será debatido de nuevo el 8 de julio en el Senado. Los senadores del Partido Socialista han pedido al ministro de Cultura una moratoria del proyecto Hadopi 2 y la celebración de una consulta sobre la financiación de la cultura.