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Londres planea cortar la piratería de raíz

Reino Unido estudia suspender el acceso a Internet a los usuarios que descarguen ilegalmente.- El consejo constitucional francés rechazó una medida similar

El Gobierno británico ha anunciado este martes que está valorando diferentes alternativas para combatir la piratería y defender los intereses de los propietarios de derechos de autor. Una de estas alternativas castigaría a los internautas que se bajan contenidos ilegalmente con la suspensión del servicio. La medida, duramente criticada por grupos de protección de las libertadas civiles, se adoptaría únicamente "como último recurso contra los piratas", ha aclarado el ministro de Empresa e Innovación, Peter Mandelson. Cabe recordar que el Gobierno francés redactó una propuesta similar y que esta fue rechazada por el consejo constitucional en junio al considerar que el acceso a Internet es un derecho fundamental.

El Gobierno británico contempla otras alternativas. Una de ellas es requerir a los proveedores que faciliten datos personales de quienes se descargan contenidos de forma ilegal a los propietarios de los derechos de autor, sin necesidad de que haya una decisión judicial de por medio. Otra opción es que las empresas proveedoras permitan la instalación de filtros que bloqueen los contenidos que están protegidos por los derechos de autor.

Las opciones que baraja el ministerio de Empresa e Innovación han encontrado el rechazo de organizaciones como Open Rights Group, un organismo que pretende proteger las libertades civiles y los derechos digitales "amenazados por la regulación" del gobierno. "La suspensión del acceso a Internet", argumenta su director, Jim Killock, "restringiría el derecho fundamental de la gente a la libertad de expresión". El otro lado de la moneda, la industria musical, ha aplaudido los planes del Gobierno.

El Gobierno de Nicolas Sarkozy, presidente francés, redactó una ley similar contra la piratería que finalmente no logró la aprobación del consejo constitucional, el organismo responsable de salvaguardar la constitución en Francia, al considerar que atentaba contra la libertad de expresión y comunicación.

El plazo para recibir propuestas y sugerencias se cerrará el 29 de septiembre, y en noviembre, el Gobierno tomará una decisión final de cómo hacer frente a la piratería.