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Competencia respalda la legalidad del acuerdo que fijó el canon digital

El abogado que presentó la denuncia dice que la decisión del TDC permitirá denunciar a la SGAE por renunciar a un derecho de los autores

El acuerdo entre las sociedades que gestionan derechos de autor y la asociación que agrupa a las empresas tecnológicas españolas, ASIMELEC, que fija el pago de un canon sobre los discos compactos es absolutamente legal, según el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), que señala que la obligación de pagar esta tasa existía antes del acuerdo y que no existen en éste elementos que vayan contra el normal funcionamiento del mercado. Con esta decisión se desestiman los recursos interpuestos contra el sobreseimiento de la denuncia formulada por el abogado Javier de la Cueva, Hispalinux y la Asociación de Internautas.

Según el TDC, los fabricantes de productos que permiten la realización de copias estaban obligados por ley a compensar a todas las entidades de gestión, y el acuerdo simplemente cierra los detalles de esa compensación. Coincide así con los argumentos de ASIMELEC, cuyo director general, José Pérez, recuerda que el acuerdo no establecía un canon porque éste ya lo había creado el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

"El Acuerdo al que nos vimos obligados a negociar, además de completamente constitucional, no restringía la competencia, sino que trataba de solucionar de la mejor manera las sentencias que reconocían a las entidades de gestión la deuda reclamada contra las distintas empresas deudoras de la remuneración", explica.

El pago del canon establecido por la ley había provocado enfrentamientos judiciales en los que las empresas del sector de la electrónica fueron condenadas, por lo que ASIMELEC intentó "evitar nuevas sentencias condenatorias y conseguir condiciones económicas más ventajosas que las que los Tribunales estaban imponiendo (...). El resultado del convenio fue la condonación de las cantidades adeudadas hasta la firma del mismo, y ligeras rebajas sobre el importe de remuneraciones futuras respecto a los que marca la legislación".

"La sentencia permitirá denunciar a la SGAE"

Lejos de entender como un varapalo la decisión de Competencia el abogado Javier de la Cueva, impulsor de las acciones legales contra el canon en nuestro país, se muestra "encantado con la resolución", pues gracias a este procedimiento se han conocido informes sobre el uso de dispositivos electrónicos que, según afirma, son imprecisos, y no deberían haberse utilizado para fundamentar la cuantía del cobro del canon".

"La decisión está muy bien argumentada", explica De la Cueva, "y explica que por medio del acuerdo la SGAE renunció al cobro de un derecho que, según la ley, es irrenunciable para los autores, abriéndose la vía para denunciar a las sociedades de autor por una mala gestión de sus representados".

De cara al futuro, teniendo en cuenta la resolución de éste y otros procedimientos, el abogado traza una estrategia de lucha contra el canon y el sistema actual de derechos de autor basada en varias acciones. El objetivo de todas estas actuaciones es, según afirma, "hacer una reconversión industrial. No hay que proteger a las discográficas, hay que proteger a los trabajadores, a los autores, fiscalizar la labor que están haciendo las entidades de gestión y la industria del entretenimiento".

Por una parte, está la denuncia a SGAE antes citada. Además, Javier De la Cueva resalta la negativa de los ministerios de Cultura y Hacienda a explicar el coste que para las arcas del Estado supone la existencia de la tasa compensatoria, lo que en su opinión delata que "la Administración se está autoimponiendo un canon, una ayuda encubierta a las sociedades de autor". Por ello "se denunciará al Estado ante la Comisión Europea por dar ayudas prohibidas".

Una tercera actuación tendrá que ver con el equilibrio financiero entre la administración central, local y autonómicas, pues según De la Cueva "se puede ver alterado por una orden ministerial, la que fijará la reforma del canon por acuerdo entre Industria y Cultura, y no es de recibo que según ambos decidan se modifique el gasto de las comunidades que tengan transferidas las competencias en materia de Justicia, como Cataluña por ejemplo".