El gobierno quiere una administración abierta las 24 horas

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley que establece el derecho de todos los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas, así como la obligación de éstas a garantizarlo.

Para hacer realidad las medidas contempladas en el proyecto de ley, el gobierno prevé una de 1.900 millones de euros para desarrollar nuevos servicios electrónicos a partir de 2008. La ley, que se convierte en un punto de partida de una nueva generación de derechos de los ciudadanos, los derechos digitales, se aprueba con el apoyo de numerosas Comunidades Autónomas y de los representantes de las entidades locales, que han participado en su elaboración con sugerencias y aportaciones.

El Consejo Asesor de Administración Electrónica, órgano en el que hay representantes del sector privado, de los usuarios y del ámbito docente y jurídico, ha hecho pública una declaración de apoyo en la que reconoce que esta norma "responde a las necesidades de los ciudadanos del siglo XXI, a las prioridades de nuestra economía y a la necesaria modernización de los servicios públicos".

Cuando esta norma entre en vigor, los ciudadanos tendrán garantizado poder realizar todas sus gestiones por medios electrónicos, independientemente de la administración a la que competan, a través del canal que quieran, las 24 horas del día los 365 días del año.

La nueva norma garantizará el acceso a los servicios públicos a través de Internet, el teléfono móvil, la televisión o cualquier otro medio electrónico que pueda aparecer en el futuro; además de la consulta del estado de tramitación de los procedimientos que se tengan en marcha.

Uno de los grandes avances que va a beneficiar al ciudadano es que con estas medidas la administración dejará de solicitar papeles y documentos que ella misma posea.

Del mismo modo, la futura ley establecerá que las comunicaciones electrónicas tengan la misma validez jurídica que las que se realizan en papel, lo mismo que realizar un trámite o recibir infrormación a través de Internet o un teléfono.

Esta ley situará a España a la altura de la de los países más avanzados en servicios públicos. Actualmente, sólo cinco países cuentan con una normativa que garantiza estos derechos: Estados Unidos, Finlandia, Francia, Austria e Italia.