Análisis | La prueba electrónica

El correo electrónico, en los tribunales

Varios expertos debaten sobre la prueba electrónica

El correo electrónico se cita cada vez más en los tribunales españoles. Su uso abusivo o ilegal enfrenta a los trabajadores y a las empresas que utilizan herramientas informáticas para probar el comportamiento desleal de sus empleados. Los cónyuges también comienzan a presentar mails impresos en causas de divorcio. En todos los casos el límite entre la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones y la legalidad es muy fino y algunos jueces desestiman esta prueba.

Cybex, empresa que investiga el fraude empresarial y económico en los entornos virtuales, logró probar gracias a la herramienta EnCase , que se instala en los ordenadores y que no lee toda la información sino que realiza "búsquedas ciegas" de determinadas palabras clave, la competencia desleal de un grupo de trabajadores a su empresa.

Éstos utilizaban dos ordenadores de su empresa para intercambiar, a través del correo electrónico, información. Con esa información crearon sociedades paralelas. La sentencia recoge que un alto cargo de dicha sociedad reveló datos confidenciales ayudado por otros empleados y todos aprovecharon el prestigio y los recursos de la sociedad demandante desviando su fondo de comercio hacia nuevas empresas constituidas a la sombra de la primera. Una de las demandadas creó una sociedad 24 horas después de irse de su empresa y obtuvo hasta 1 millón de euros en su primer año de vida.

Aunque los hechos parecen claros la empresa no consiguió en el primer juicio que fuera admitida la prueba electrónica aportada. El juez de primera instancia señaló que se vulneraba el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y a la intimidad de los demandados. Abrir sus correos electrónicos infringía sus derechos.

La empresa recurrió y, en segunda instancia, el fallo señaló que la prueba era constitucional porque "la búsqueda ciega" discrimina los ficheros personales de los empleados y el rastreo sólo recoge los correos comerciales o empresariales.

La dificultad de aceptar o no las pruebas electrónicas es uno de los grandes problemas de los órganos judiciales españoles pues no existe ninguna normativa que regule este tipo de pruebas. En el IV Seminario de Pruebas Electrónicas organizado en Madrid por Cybex, varios expertos y juristas - Antonio Garrigues, presidente del Foro de Evidencias Electrónicas, Javier Ribas de Landwell, Francisco Conde de Cuatrecasas, el profesor del Instituto de Empresa Enrique Dans, el magistrado del gabinete técnico del Tribunal Supremo Eduardo de Urbano y José Manuel Maza, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, - han opinado sobre la prueba electrónica como herramienta procesal.

Fiabilidad

"Este tipo de pruebas puede ser muy útil en muchos campos pero hay que estar alertas en cuanto a su fiabilidad, es especialmente fácil de manipular. La firma electrónica no es la panacea, puede haberla realizado una de las partes mientras estaba apuntada con una pistola en la nuca", afirmó el magistrado Eduardo de Urbano.

Para este especialista del gabinete técnico del Tribunal Supremo, no sólo hay que presentar un correo electrónico en los juicios, también es necesario el ordenador. "Hay que tener noticias del hardware, por ello la policía decomisa el PC. Si no tenemos la pistola, aunque tengamos la bala, no tenemos nada".

Urbano recalca que no hay regulación española ni internacional y que hay que tener cuidado con la "seducción de estas pruebas porque nos pueden meter muchos goles". Según el magistrado hay "una cifra negra de delitos frente a los reales, muchas grandes empresas no denuncian por miedo a que se desconfíe de su seguridad. Hay más delitos informáticos que los denunciados, incluso puede que su número sume más que el de todos los otros campos juntos".

Conde, socio de Cuatrecasas, señaló que: "Hay que pensárselo dos veces antes de presentar un correo electrónico como prueba, los tribunales de lo social restringen la válvula a las pruebas electrónicas si hay un patrón de riesgo y se pueden vulnerar los derechos." Pese a ello, Conde señala que "si la empresa avisa a sus empleados que el espacio informático no es hábil para la intimidad, por ejemplo con un mensaje todas las mañanas cada vez que el trabajador enciende el ordenador, los tribunales toman estas medidas en consideración pues el empleado ya estaba avisado".

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, José Manuel Maza, ironizó sobre la falta de legislación en los delitos tecnológicos. "Si van a estafar, háganlo desde Internet. Si firman un cheque falso les van a acusar de dos delitos: falsedad de documentos y delito de estafa. Si lo hacen en Internet sólo de la estafa pues no hay documento".

El magistrado señala que cada vez son más los correos electrónicos que se presentan como prueba en los casos laborales aunque los fallos suelen recoger más sanciones a trabajadores que despidos.

Maza afirma también que ante "la falsificación y el uso fraudulento de los medios de pago electrónico es necesario que el Estado y no la jurisprudencia adecuen la legislación española a la europea. España lleva un retraso de cuatro años".

Imagen de un correo electrónico
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