Los registradores de dominios '.es' no pagan
La práctica totalidad de los clientes del 2002 son "de dudoso cobro"
La mayoría de las personas que contrataron dominios '.es' a través de la entidad pública Red.es fueron "clientes de dudoso cobro", de los que un 45% no pagó porque el derecho a cobrar de la Administración había prescrito. Así se desprende del informe de fiscalización que el Tribunal de Cuentas realizó sobre la gestión de Red.es durante 2002 y que ha sido presentado por el presidente del tribunal, Ubaldo Nieto, ante la Comisión Mixta del Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
El texto explica que "del saldo de clientes de ese año, su práctica totalidad está constituida por clientes de dudoso cobro", aunque el importe de sus deudas estuvo cubierto por "las oportunas previsiones para insolvencias", que sumaron unos 18 millones de euros.
De esos clientes, aproximadamente el 45% no pagaron en virtud de derechos prescritos, al haber transcurrido el plazo de cinco años que tenía la Administración para exigirlos.
Por ello, el Tribunal considera conveniente que la entidad pública realice "cuantas actuaciones sean precisas para interrumpir la prescripción de derechos" de la administración en el cobro, al tiempo que depure y regularice los saldos que figuran en sus cuentas para obviar los que ya no puede exigir por el transcurso del tiempo.
Por otro lado, el informe llama la atención sobre el hecho de que Red.es cobró en 2002 unas tarifas que correspondían a 1996 por el servicio de registro de dominios y nombres, una actividad que, aunque es su "objeto básico", fue gestionada por una sociedad mercantil ese año.
Además, sobre este aspecto, el órgano fiscalizador puntualiza que la entidad pública de Internet no realizó "controles sobre los datos de relevancia económica facilitados por la sociedad gestora" y que ésta inició sus actividades con anterioridad a la suscripción del
contrato.
Por último, el tribunal también insta a Red.es que adecue sus dotaciones presupuestarias para cubrir las eventuales responsabilidades que deban hacer frente por las reclamaciones de los clientes.
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