La Guardia Civil descubre un fraude superior a 35 millones en Internet

La Guardia Civil ha descubierto un fraude a través de Internet superior a 35 millones de euros, en una operación en las que han sido detenidas cinco personas en Madrid y Pontevedra. Según ha informado hoy este colectivo, los arrestados realizaban el fraude mediante el desvío automático a líneas 906, 907 y 806, sin consentimiento de los usuarios.

En un comunicado difundido por Interior sobre esta operación, se indica que se ha podido estafar a más de 45.000 usuarios de Internet de toda España, algunos de los cuales han recibido facturas por importe superior a 3.000 euros.

Un año de investigaciones

Las investigaciones se iniciaron el pasado año, cuando la Guardia Civil de Pontevedra recibió la denuncia de una persona a la que se le había facturado 1.300 euros en llamadas a un 906, sin que éstas se hubieran realizado. Más adelante, se pudo comprobar que la empresa que había emitido las facturas tenía su sede social en un polígono industrial de Villaviciosa de Odón (Madrid), aunque el servidor de Internet gestionado por la empresa se encontraba en Vigo.

Seguidamente se procedió a la detención en Madrid de A.J.S.L., de 36 años, y de S.R.S., de 30, administradores de la empresa; R.A.B., de 32, gestor del servidor; J.A.M.B., de 39, gestor de sistemas; y J.M.G.C., de 31, responsable de sistemas. Localizado el servidor, la Guardia Civil pudo averiguar que los detenidos habían creado más de 150 páginas web de música, viajes, coches, ocio y pornografía, que utilizaban para cometer el fraude.

Cómo se produce

En el instante que el usuario accedía a una de las páginas creadas por los detenidos, se instalaba automáticamente en el ordenador un programa informático de los denominados dialer. Finalizada la conexión a Internet, el programa seguía instalado y oculto en el equipo, activándose cada vez que el internauta nuevamente se conectaba a cualquier web de la red.

Según Interior, durante el desarrollo de la operación se han efectuado diversos registros en la sede social de la empresa y en el domicilio de los administradores en Madrid. Como resultado, se han intervenido numerosos sistemas y soportes informáticos, así como documentación fiscal y contable que está siendo analizada por los investigadores, para determinar el volumen total de lo defraudado.

Asimismo, por orden judicial, han sido clausurados las estos webs, servidores y sistemas informáticos utilizados para la comisión de los delitos, y se han intervenido cuentas bancarias, depósitos y valores, para hacer frente a posibles indemnizaciones o responsabilidad civil.