La Ley de 'telecos' que motivó un expediente de la UE se aprueba el jueves
Bruselas expedientó ayer a España por incumplimiento de calendario en la transposición de un reglamento sobre telecomunicaciones electrónicas
El Pleno del Congreso del jueves 16 de octubre dará luz verde al proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, que traspone una directiva comunitaria sobre esta materia, después de que el retraso en su aprobación motivara un expediente a España de la Comisión Europea, según ha asegurado hoy el portavoz del PP en la Comisión de Ciencia y Tecnología, Juan Manuel Moreno.
Tras incorporarse varias modificaciones en el texto por su paso en el Senado, y después que estos cambios sean ratificados por el Pleno de la Cámara Baja, la conocida como Ley de telecos entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado.
El diputado del PP justificó, en parte, la demora en la aprobación de la norma sobre Telecomunicaciones en que es un texto "complejo", pues es una norma básica y de su "suma importancia", que había que "madurar" en su tramitación parlamentaria, lo que alargó los trámites.
También achacó el retraso a las negociaciones que desde Ciencia y Tecnología se ha mantenido con formaciones políticas y asociaciones del sector para lograr el máximo "consenso" en torno a esta norma.
Otra de las razones esgrimidas por Moreno fue la idea inicial del Gobierno de reformar algunos aspectos de la vigente Ley Audiovisual, a través del proyecto de Ley de Telecomunicaciones, que finalmente no se llevó a cabo. No obstante, el diputado popular dijo que esta propuesta inicial pudo generar cierta dilatación en la tramitación del texto.
La Comisión Europea comunicó ayer la apertura de un expediente a ocho países, entre ellos España, por el retraso en un plazo que vencía el 25 de julio. El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Carlos López Blanco, se apresuró a decir que el apercibimiento "sólo tiene un alcance formal".
Ahora es el turno de Bélgica, Grecia, Alemania, Francia, Luxemburgo, Holanda y Portugal para responder, en el plazo de dos meses a contar desde ayer, a la carta del Ejecutivo de la UE.
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