Actores y músicos piden en el Senado el apoyo del Gobierno para luchar contra la piratería

Las asociaciones artísticas AISGE (Actores e Interpretes, Sociedad de Gestión de España) y AIE (Sociedad de Gestión de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes) han comparecido hoy ante la Comisión Especial de las Artes Escénicas e Industrias Culturales del Senado con intención de pedir a los poderes públicos que se impliquen en la lucha contra la piratería.

La actriz Asunción Balaguer, como representante de AISGE, se ha hecho eco de los muchos problemas que han creado las nuevas tecnologías como formas de explotación de la obra audiovisual. Las facilidades que la tecnología da al usuario para acceder, reproducir , duplicar y distribuir las obras audiovisuales son de tal alcance que cualquier persona puede crear o participar en la distribución en la red, intercambiando y copiando el patrimonio de otros sin que ni siquiera sospeche que pueda realizar actividades contrarias a las leyes.

Según Balaguer, los artistas, aún disfrutando de un considerable reconocimiento social y protegidos sus derechos por la normativa en propiedad intelectual, ven con incertidumbre el futuro en el entorno digital. Para los actores, el uso de las nuevas tecnologías "por parte de delincuentes" genera un lucrativo y escandaloso negocio: la piratería de bienes culturales. Se quejan porque las empresas y los trabajadores del sector son incapaces de soportar esta competencia desleal, por lo que se ven abocados al cierre y, por tanto, "a cesar en su condición de agentes de difusión cultural".

Para poder combatir con éxito estas actividades ilícitas AISGE suscribe las propuestas de la Mesa Antipiratería como la creación de medidas de carácter integral en la lucha contra los delitos que afectan a la propiedad intelectual, el refuerzo de la cooperación judicial y policial y la sensibilización de la opinión pública para que reconozca estas actividades como ilícitas. Por todo ello, los actores aseguran que es esencial concertar esfuerzos entre autoridades públicas y los sectores afectados a fin de intensificar la formación de los responsables judiciales y policiales encargados de proteger los derechos intelectuales.