El dueño de Workcenter acusa a Business Software Alliance de chantaje

Alfonso de Senillosa, presidente y fundador de Workcenter Servicios Globales de Documentación, una cadena de establecimientos de acceso a Internet y servicios ofimáticos en toda España, ha declarado haber recibido presiones por parte de la Business Software Alliance (BSA) en lo que considera como "una especie de chantaje" por parte de esta unión de multinacionales del software dedicada a la persecución de la piratería informática.

Según el presidente de Workcenter, los abogados de la BSA habrían intentado llegar a un acuerdo económico con su compañía, bajo la amenaza de acudir a la prensa. El acuerdo no fructificó y el pasado 28 de julio la BSA emitió una nota de prensa en la que informaba de un registro policial en las sucursales de Workcenter. Este registro se produjo hace más de ocho meses.

Según Senillosa, la BSA envió durante 2002 varias cartas a Workcenter en las que solicitaba la identificación de los programas utilizados en las sucursales de esta compañía. El presidente se negó a contestar estas misivas por considerar que todos sus programas tenían licencia y que la BSA no ostentaba legitimidad alguna para preguntarles por su software. Poco después, y siempre según el presidente de esta empresa, recibió una respuesta de la BSA en la que instaba a Workcenter a adquirir una licencia por cada uno de los ordenadores en los que estuvieran instalados los programas presuntamente ilegales. De lo contrario, la organización amenazó con iniciar las acciones judiciales oportunas.

Un par de meses después de la última carta, la policía entró en once establecimientos de Workcenter de toda España acompañada de peritos que efectuaron un registro en los ordenadores de esta empresa. El registro, consecuencia de una denuncia presentada por la BSA contra Workcenter por un presunto delito contra la Propiedad Intelectual, se produjo el 4 diciembre -extremo confirmado por Workcenter y la propia BSA- y no tuvo repercusión en los medios de comunicación españoles.

Registro fantasma

Pero el pasado 28 de julio, casi nueve meses después de esta intervención policial, la Business Software Alliance emitió un comunicado de prensa en el que indicaba que "la Brigada de Investigación Tecnológica del Cuerpo Nacional de Policía ha efectuado registros en once de los establecimientos que la compañía Workcenter Servicios Globales de Documentación S.A. tiene abiertos en España, por presuntos delitos contra la propiedad intelectual del software". En dicha nota, BSA no especificaba la fecha en que se produjo este registro.

ELPAIS.es se puso en contacto con los ocho establecimientos que Workcenter tiene en la Comunidad de Madrid, en tres de los cuales -según el comunicado- se había efectuado un registro por parte de la policía. Ningún responsable de estos centros sabía nada sobre un registro realizado el 28 de julio, ni en los últimos días, extremo que también fue confirmado por un portavoz de la Dirección General de Policía. No obstante, el comunicado de BSA fue difundido por diversos medios de comunicación, que publicaron la noticia sobre el registro como si se hubiera producido recientemente.

Acuerdo extrajudicial

Responsables de la BSA y Workcenter se reunieron en varias ocasiones, después del 4 de diciembre, para llegar a un acuerdo que evitara el proceso judicial. La oferta de la unión de multinacionales de software consistía en que Workcenter se comprometiera a comprarle tantas licencias como ordenadores hubiese en las sucursales. Esta oferta, elaborada por la propia BSA, contemplaba la adquisición de licencias en una cuantía aproximada de 60.000 euros (10.000.000 de pesetas). Workcenter se negó.

Por su parte, Alfonso de Senillosa emitió un comunicado el pasado 29 de julio en nombre de su compañía en el que aseguraba que sus centros tienen todas "las licencias preceptivas" y denunciando una extorsión encubierta por parte de la BSA. "En el transcurso de los últimos ocho meses", dice el comunicado de Senillosa, "representantes de la BSA han tratado en tres ocasiones de llegar a un acuerdo económico (...) A cambio de esto, nos indicaron que no acudirían a la prensa". El comunicado asegura también que los abogados de la unión de multinacionales se han dirigido a algunos medios de comunicación "prejuzgando unos hechos y tratando de mostrarlos como si fueran actuales".

"Datos auténticos"

Este diario ha intentado sin éxito ponerse en contacto con algún responsable de BSA para que aclaré por qué esta organización emitió la nota de prensa del registro ocho meses después de que sucediera, y confirme o desmienta las acusaciones del presidente de Workcenter. La unión de multinacionales se ha limitado a emitir un escueto comunicado en el que corrobora "la autenticidad de los datos emitidos en la nota de prensa emitida el 28 de julio".

La nota asegura que "En el momento en el que se llevó a cabo el registro se detectaron programas de ordenador, presuntamente reproducidos sin la licencia de uso correspondiente". "En el caso de confirmarse la presunta situación irregular", sigue el texto, "las compañías perjudicadas tendrían derecho a ser indemnizadas por el importe establecido en la sentencia".

Sin orden judicial

Por su parte, Carlos Teixidor, abogado de Workcenter, ha declarado a ELPAIS.es que "el asunto lleva bloqueado desde que la policía entró sin orden judicial en las sucursales de Workcenter". El letrado asegura que cuando la BSA solicitó la intervención policial, "el juez no la autorizó porque el fiscal consideró que era una medida desproporcionada". Sin embargo, la redada se produjo, y Teixidor, quien ha calificado la actitud de BSA como "un modo de coacción", se pregunta por los motivos de esta conducta: "¿Por qué la policía interviene motu proprio? Tienen que explicar qué forma de actuar es ésta".

El abogado de Workcenter precisó que desde el instante en que comenzó la redada se decretó un secreto de sumario que no se levantó hasta 45 días después. "Pasado este tiempo, el juez se inhibió del caso alegando que le correspondía a un magistrado de Alcobendas", dice Teixidor, "Estos motivos [el secreto de sumario y la inhibición del juez] han provocado que el asunto se encuentre paralizado".