La Ley de Internet otorga a jueces y Administración la potestad de cerrar 'webs'

El Gobierno ha remitido a las Cortes el texto legal que regulará los servicios prestados a través de Internet, una legislación que, según ha explicado la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, no varía el reglamento jurídico vigente sobre el comercio o los contenidos, ya que su función es cubrir un hueco no regulado.

El proyecto atribuye a la "autoridad competente" en cada caso la adopción de medidas cautelares de cierre o suspensión de los servicios de una página web, lo que permitirá a la Administración, a través de sus distintos organismos, decretar el cierre cautelar de servicios que incumplan la legislación vigente.

Dicha "autoridad competente" será el juez cuando se trate de delitos tipificados en el código penal o se aborden cuestiones relativas a derechos fundamentales.

La normativa sectorial sobre empresas, libertad de expresión o contenidos se mantiene vigente y sólo se regula específicamente la actividad de los sujetos que operan en Internet en calidad de intermediarios en las transacciones electrónicas.

Estos intermediarios o prestadores de los servicios (proveedores de acceso, por ejemplo) no tendrán responsabilidad sobre los contenidos ajenos, pero deberán colaborar con las autoridades para evitar actividades ilícitas en Internet y, en caso contrario, serán sancionados.

Uno de los aspectos que más polémica había suscitado entre los colectivos de internautas es la regulación de la clausura de sitios web y su posible colisión con derechos fundamentales como la libertad de expresión. A este respecto, el texto definitivo atribuye a "las autoridades competentes (...), en ejercicio de las funciones que tengan legalmente atribuidas (...), las medidas necesarias para que se interrumpa" la prestación de los servicios.

Entre otras medidas de protección al usuario, la LSSI establece el consentimiento previo y expreso del destinatario como condición para el envío de publicidad no solicitada por correo electrónico ('spam').

El texto iniciará en breve su tramitación parlamentaria con vistas a que España cuente para el próximo verano con un marco normativo que incluya las nuevas actividades económicas que han surgido gracias a las nuevas tecnologías.

Esta ley incorpora la directiva europea de junio de 2000 sobre la Sociedad de la Información. España se convierte en el cuarto país que la traspone a su ordenamiento jurídico.

Según ha explicado la ministra Birulés tras la reunión del Consejo de Ministros, la nueva norma busca crear "certidumbre, seguridad y confianza, protegiendo a la vez los derechos de los ciudadanos" ya que dará seguridad jurídica a las relaciones por Internet.

La ministra ha señalado que este normativa ha sido elaborada por los ministerios de Ciencia y Tecnología, Justicia, Economía y Sanidad y Consumo y ha contado con la colaboración de todo el sector, que ha realizado aportaciones a los borradores que se han elaborado durante un año.

En el apartado de sanciones, el texto definitivo aprobado por el Consejo de Ministros establece multas de entre 3.000 y 60.000 euros para los prestadores de servicios que cometan faltas leves; de entre 60.0001 y 300.000 euros en el caso de que la falta sea grave y de 300.001 hasta un máximo de 600.000 euros para las estimadas muy graves.

El recelo de los internautas

El proyecto gubernamental, que ha tenido distintas redacciones, ha despertado recelo entre los internautas, que critican que la legislación ampare la clausura de una web cautelarmente si sospecha que se está cometiendo algún tipo de delito.

La Asociación de Internautas (AI) ha decidido constituir una comisión que estudie y valore el texto aprobado por el Gobierno. Posteriormente, someterá la norma a la votación de todos sus miembros y comunicará a los grupos parlamentarios su postura respecto a la Ley.

Desde la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), su presidente Miguel Pérez, ha lamentado que la ley sobre Internet aprobada por el Gobierno sea "muy genérica", si bien ha admitido que es "positiva", puesto que inicia la legislación en un sector hasta ahora sin regulación específica.

Pérez ha señalado que "nos parece que es una ley que genera confianza y, aquellos aspectos que provocaban más rechazo, como el control de contenidos y la posibilidad de intervención administrativa de las páginas, parece que nos salvaguardan".

Según ha explicado el presidente de los usuarios de Internet, en esta ley se ha concretado uno de los aspectos "más polémicos" dentro de Internet, que era quién podía decir si el contenido era legal o ilegal, si el poder jurídico o la Administración.

No obstante, para Miguel Pérez ésta no puede llamarse Ley de Internet, pues trata sólo aspectos relacionados con el comercio electrónico como la contratación a través de la red, la legalidad de contenidos y las comunicaciones comerciales.

El anteproyecto engloba dentro de los servicios de la sociedad de la información no sólo la contratación de bienes y servicios por vía electrónica, sino también el suministro de información por este medio y las actividades de intermediación para la provisión de acceso a la Red.

La LSSI tiene su origen en la Directiva Europea sobre esta materia de junio de 2000, que instaba a los Quince a incorporar su articulado a las legislaciones nacionales antes del 17 de enero de este año.

Por ello, el 29 de septiembre de 2000 el MCYT elaboró su primer dictamen, con la intención de que los trabajos concluyeran dentro de esta fecha.

Sin embargo, la búsqueda de consenso por parte del Gobierno, que colgó de la Red hasta tres borradores de la LSSI para conocer la opinión de empresas, colectivos e internautas, junto con la demora en la recepción de algunos dictámenes, han terminado por convertir este anteproyecto en un nuevo problema para el ministerio.

Una norma "intervencionista"

La nueva ley que regulará Internet ha levantado las críticas de la oposición. Tanto PSOE como IU han dirigido sus reproches a la intención del Ejecutivo de "controlar Internet" por medio de una norma "intervencionista".

El secretario de Innovación y Comunicación Interna del PSOE, Enrique Martínez, ha expresado el rechazo de su partido a la nueva Ley de Internet y ha mostrado su temor a que tras la nueva normativa "se oculte el deseo del Ejecutivo de Aznar de controlar Internet".

Para el PSOE, la tramitación de esta normativa ha carecido de la más mínima transparencia y el ministerio de Ciencia y Tecnología "ha perdido la ocasión para liderar un debate sobre el comercio eléctrónico" en España.

Martínez ha arremetido contra la "incapacidad" y "falta de liderato" del ministerio que dirige Anna Birulés para poder promover el debate entre consumidores y usuarios de Internet y, por el contrario, "ocultar" sus propuestas sobre la nueva norma, hasta que hoy ha sido aprobada por el Consejo de Ministros.

Desde IU, el proyecto ha sido calificado de "intervencionista" e "intimidatorio" para los internautas, quienes, a partir de ahora, tendrán que enfrentarse a la "cibercensura" de la Administración.

En un comunicado, IU asegura que la nueva normativa, además de llegar tarde, es "obsoleta" y "nace de espaldas a los intereses de los usuarios particulares y de las empresas que tienen en Internet su mejor canal de comunicación y de negocio".

Para IU, el Gobierno pretende con la nueva normativa "intimidar a los usuarios y proveedores de servicios, además de forzar una solapada censura en la red", ya que la Administración sigue teniendo la capacidad de clausurar una web, aunque la decisión última corresponda a los tribunales.