La UE creará un teléfono de ayuda a víctimas de delitos válido en todo el territorio europeo

Las víctimas de delitos contarán con un teléfono de ayuda válido en toda la Unión Europea y accesible en los 27 Estados miembros a través del mismo número. Este paso forma parte del acuerdo alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo para reforzar y armonizar la protección jurídica y el apoyo asistencial a las víctimas de delitos en la UE, especialmente las de violencia machista, haciendo más fácil y accesible el proceso de denuncia del delito y la información sobre los servicios y derechos que les amparan, incluida la posibilidad de abortar a víctimas de violación en aquellos países donde esté legalizada la interrupción voluntaria del embarazo.

“No es solo una cuestión de justicia, sino de dignidad y de respeto por las víctimas de delitos, especialmente las más vulnerables”, ha saludado el acuerdo, que todavía deberá ser ratificado por las partes, el comisario de Justicia, Michael McGrath. A las víctimas “les debemos reconocimiento, seguridad y acceso a la justicia”, ha agregado este jueves tras conocer el acuerdo que permitirá actualizar una legislación que data de 2012.

Hay sin embargo una excepción sonada a estas promesas de más apoyo a los más vulnerables: en las negociaciones entre los Estados y los eurodiputados, se ha eliminado una provisión original que buscaba blindar a las víctimas sin papeles sin ambages: en su propuesta inicial, la Comisión establecía la “obligación específica de no compartir los datos personales de las víctimas con las autoridades migratorias”. Esta exhortación clara ha desaparecido del texto final, confirman a EL PAÍS varias fuentes parlamentarias. En vez de ello, se ha dejado una provisión más general que señala que las víctimas, “independientemente de su situación de residencia”, no deben ser “disuadidas” de denunciar un delito y tampoco deben ser tratadas de forma “discriminatoria”. También se recuerda, en un considerando, que las autoridades competentes deben cumplir la legislación de la UE en materia de protección de datos, en particular, que los datos personales no deben tratarse para fines distintos de aquellos para los que han sido recogidos". Algo que, para organizaciones defensoras de migrantes, no es salvaguardia suficiente.

“En toda Europa, las personas indocumentadas ya se enfrentan a la imposible elección entre soportar los abusos o arriesgarse a ser detenidas y deportadas si buscan ayuda. Este acuerdo refuerza ese temor al indicar que algunas víctimas son menos dignas de protección, lo que socava la igualdad ante la ley y los derechos fundamentales que la UE dice defender”, denuncia la ONG Picum.

El número 116006

La nueva directiva prevé que todos los Estados miembros cuenten con líneas de ayuda a las víctimas en las que estas puedan obtener “apoyo emocional e información sobre sus derechos, así como asesoramiento sobre los servicios de apoyo”. Más allá de que puedan seguir existiendo los números nacionales en aquellos países que ya tengan este servicio que ahora pasará a ser obligatorio, en toda la UE podrá accederse a la línea de ayuda a través del mismo número de teléfono, el 116006.

Esta línea, según lo acordado, estará disponible en las lenguas oficiales de cada país, aunque la nueva directiva “anima” a los gobiernos a que también ofrezcan este servicio en otras lenguas. Además, algunos de los servicios de la línea de ayuda también se prestarán a través de aplicaciones informáticas, que deberán ofrecerse también en una lengua que la víctima pueda comprender, por ejemplo, mediante el uso de tecnologías de traducción e interpretación.

De igual manera, la denuncia online será más fácil, ya que la normativa establece que se deberá garantizar que las víctimas “puedan denunciar, si redunda en su interés superior, infracciones penales por medio de unas tecnologías de la información y la comunicación fácilmente accesibles y de fácil utilización”. Esta posibilidad, agrega, debe incluir la presentación de pruebas. De igual manera, los Estados deberán facilitar la “denuncia por terceros”, estableciéndose una cooperación entre las autoridades competentes y “las organizaciones de la sociedad civil que puedan recibir información de las víctimas sobre infracciones penales”.

También se ha acordado el garantizar la asistencia jurídica gratuita a las víctimas que no dispongan de medios suficientes para costearse un abogado, una provisión que debería facilitar además que puedan reclamar una indemnización.

La nueva directiva busca blindar los datos de las víctimas para evitar que el infractor tenga acceso a los mismos, como su domicilio, algo especialmente grave en casos de violencia sexual. En este tipo de delitos, desde la comisión para derechos de las mujeres e igualdad de género de la Eurocámara (FEMM), que ha participado en las negociaciones, se ha destacado el “hito” de haber logrado por primera vez una referencia al aborto en una legislación europea.

“Las mujeres y las niñas ya soportan el peso de la violencia sexual; negarles la atención que necesitan habría supuesto una escalada inaceptable e ilegal de ese daño”, ha celebrado al respecto la presidenta de FEMM, la socialista española Lina Gálvez.

La nueva directiva también busca proteger mejor a los menores víctimas de delitos, a los que se les debe garantizar servicios de asistencia y protección “adaptados”. Entre otros, los menores víctimas deberán obtener exámenes médicos, apoyo emocional y psicológico, la posibilidad de denunciar delitos, una evaluación individual de sus necesidades de protección y apoyo y la posibilidad de grabar sus testimonios en vídeo.

“La nueva directiva es un logro importante que elevará los niveles de protección en toda la Unión Europea”, asevera el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, uno de los conegociadores de la Eurocámara del texto final. Este “facilita la denuncia de delitos para evitar la impunidad, refuerza la protección de las víctimas más vulnerables, moviliza recursos adicionales y refuerza los derechos y las garantías de las víctimas”, por lo que “demuestra claramente la importancia de la Unión Europea para sus ciudadanos”, ha agregado en un comunicado.